Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenida este miércoles por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Alemania, mientras estaba de vacaciones.
La madre del ex funcionario federal, de 70 años de edad, es requerida por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, según informaron este miércoles los diarios Reforma y El Universal.
Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya Austin, le dijo en entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva, en su programa transmitido por la cadena Radio Fórmula, que la madre de su cliente aún se encuentra en el lugar de la detención y tendrá que comparecer ante un juez para determinar su situación jurídica.
Coello Trejo afirmó que él estaba en Acapulco, Guerrero, pero ya buscaba un vuelo para venir a la Ciudad de México y definir cuál será la estrategia jurídica a seguir. El litigante abundó que Gilda Margarita Austin y Solís tenía un mes vacacionando en el país europeo, junto a sus nietos.
“Ella estaba de vacaciones con los nietos, creo que en Múnich, cuando fue detenida con base en la ficha roja de Interpol. Todavía no sabemos si va a allanarse o no a la extradición, porque los delitos que le atribuyen no son graves”, dijo Javier Coello Trejo, su abogado.
El diario Reforma recordó que dos delitos que le imputan a Gilda Margarita Austin y Solís no contemplan la prisión preventiva oficiosa, sin embargo, en casos en los que el imputado es detenido en el extranjero, por lo regular la FGR solicita y consigue que les dicten la prisión preventiva justificada, dada su facilidad de recursos, traslado y riesgo de fuga.
Con base en la causa penal 261/2019, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, a Austin y Solís se le imputa en particular haber recibido, entre los años 2010 y 2012, dos depósitos de su hijo por un monto total de 7.4 millones de pesos, desde una cuenta que la FGR relaciona con la recepción de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Ambas operaciones se realizaron antes de que Lozoya Austin fuera servidor público e incluso antes de sumarse a la campaña de Enrique Peña Nieto. El expediente judicial refiere que el 16 de noviembre de 2010, por órdenes del después director de Pemex, se transfirieron 5 millones de pesos a su madre desde una cuenta en Suiza a nombre de Tochos Holding, administrada por la empresa TMF Services S.A.
El dinero fue depositado a la cuenta 0164317815, con clave 012180001643178154 del banco BBVA, a nombre de Lozoya Austin y su madre, especificando que la empresa Lobnek, con sede en Ginebra, sería la encargada de realizar dicho pago.
La otra transferencia en beneficio de Gilda Margarita Austin y Solís, ocurrió el 22 de noviembre de 2012, por 185 mil dólares, que al tipo de cambio de la época eran 2 millones 401 mil 281.50 pesos, según un dictamen de la FGR.
Patrick Herman, director Ejecutivo del Banco UBS SA, confirmó a las autoridades mexicanas que el pago salió de la cuenta de Tochos Holding Limited, bajo el concepto de “pago de impuestos y abogados”, a favor la cuenta 012180001643178154 de BBVA, cuya beneficiaria es Austin y Solís.
El 26 de noviembre del 2012, los 185 mil dólares se invirtieron en la cuenta 0164317815 del banco BBVA, a nombre de Lozoya AUstin y su madre, aunque la única beneficiaria era esta última, según la el dictamen de la FGR.
Una de las empresas involucradas en esta transacción de recursos económicos, Tochos, recibió en algún momento dinero de una compañía donde los ex directivos de la constructora brasileña afirman que pagaban sobornos a Lozoya Austin.
Según los ejecutivos de Odebrecht, el ex director de Pemex les pidió transferir los supuestos sobornos a las off shores Latin America Asia Capital Holdings LTD y Zecapan, cuya identidad bancaria en ambos casos fueron proporcionadas por Lozoya Austin, por ser empresas vinculadas a él y su familia.
Cuando el banco BBVA emitió una alerta de lavado, Latin America Asia Capital Holdings LTD transfirió su saldo de un millón 516 mil 835.43 dólares a una cuenta de Tochos abierta desde el 1 de junio de 2010.
Por su parte, la FGR informó a través de un comunicado emitido la mañana de este mismo día, que las autoridades de Alemania no le han reportado formalmente la captura de Gilda Margarita Austin y Solís.
La institución dijo que la imputada cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y asociación delictuosa en el caso Odebrecht.
“Esta detención, que todavía no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades alemanas y por Interpol Alemania, está vinculada con las acciones emprendidas por la Fiscalía General de México, a través del Ministerio Público Federal (MPF), quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión en contra de la persona mencionada y cuatro más, de las cuales se obtuvo también ‘Ficha Roja’ de Interpol”, detalló la FGR.
“En cuanto las autoridades alemanas ratifiquen esta información de manera oficial, la Fiscalía General de la República ampliará la misma hasta el límite que la ley lo permita”, abundó la FGR en su comunicado.
El pasado 5 de julio, un juez federal ordenó la aprehensión de Lozoya Austin, su hermana Gilda Lozoya Austin; madre; y esposa, Marielle Helene Eckes; por un posible soborno de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) para el entonces director general de Pemex.
En específico, indicó la FGR en una tarjeta informativa, por el caso de la casa que la cónyuge del ex director general de Pemex adquirió en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, en 1.9 millones de dólares mediante la representación de un abogado de AHMSA.
El Juez de Control del sistema penal acusatorio también instruyó la captura de Nelly Maritza Aguilera Concha, quien vendió la casa en una operación que la FGR presume que se trató de un soborno de la empresa de Alonso Ancira para el ex director general de la paraestatal.
Según informó la FGR, la Interpol giró una ficha roja para buscar Aguilera Concha, al igual que a Lozoya Austin, su esposa, su hermana y madre, en más de 190 países.
“Estas mismas personas cuentan con Ficha Roja de Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Pemex”, abundó la Fiscalía en su tarjeta informativa.
“Este asunto, que se inició en enero de 2017 y que durante años no obtuvo judicialización, hoy se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados”, indicó la FGR.
Además, la Fiscalía agregó que presentó ante el Juez de Control todos los elementos de prueba necesarios para obtener el mandato de captura “en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable”.
“La Fiscalía General de la República cumplió con lo ofrecido en el sentido de que en menos de 60 días se realizaría la judicialización correspondiente”, añadió la FGR.
En julio de 2013 la esposa de Lozoya Austin compró una casa del condominio Quinta Mar, en Ixtapa, la cual tiene 3 mil 578 metros cuadrados, de los cuales la residencia abarca 934 metros cuadrados.
El valor del inmueble fue de 1.9 millones de dólares y la operación de compra la llevó a cabo, en representación de Marielle Helene Eckes, el abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien en ese momento estaba contratado, en un cargo externo, como secretario de los comités de auditoría y de prácticas societarias de AHMSA.
Para la FGR, esta adquisición podría ser un soborno, ya que el 31 de julio del mismo año, una filial de Pemex aprobó la adquisición de la planta chatarra de Agro Nitrogenados en el complejo de Pajaritos, Veracruz, por un monto de 273 millones de dólares.
Según recordó el diario Reforma, que informó del hecho, para Lozoya Austin y su hermana Gilda Susana este es el segundo mandato de captura que acumulan en apenas 40 días, ya que el pasado 25 de mayo un juez federal ordenó sus aprehensiones por lavado de dinero, derivado de la compra de la casa del ex funcionario en Lomas de Bezares, por un monto de 38 millones de pesos.
Ayer se dió a conocer que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó ayer la suspensión provisional que permitía a Lozoya Austin, acceder a sus cuentas bancarias, otorgada el 20 de junio por el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el amparo 901/2019, promovido el 5 de junio por los abogados del ex director general de Pemex.
Ello en base al oficio que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió el pasado 30 de abril, de parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), misma que investiga posibles operaciones de lavado de dinero de Lozoya Austin.
“El acto reclamado es el resultado del trabajo conjunto, así como del intercambio de información realizados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la United States Drug Enforcement Administration (DEA), para prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señaló el Tribunal en su resolución.
“Por tanto, la solicitud consistente en el oficio de fecha 30 de abril de 2019, firmado por el Gerente de Inteligencia de dicha Agencia internacional, es una solicitud realizada por una autoridad extranjera con competencia en la materia, que informa sobre una investigación por la posible comisión de actividades relacionadas con lavado de dinero”, agregaron los magistrados.
Un día antes, Lozoya Austin solicitó por escrito a Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, autorizar los interrogatorios del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, por la compra que la paraestatal mexicana realizó de la planta Agronitrogenados a AHMSA, en 273 millones de dólares.
El ex director de Pemex pidió nueve testimonios, incluidos los de Pedro Joaquín Coldwell, ex titular de la Secretaría de Energía (Sener); Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Ingresos de la SHCP, y Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lozoya Austin solicitó, también, los testimonios de de José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional, subsidiaria de la petrolera mexicana, y de Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de la paraestatal y de Pemex Fertilizantes.
La solicitud para diligenciar dichas pruebas testimoniales fue suscrita por Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya Austin y entregada al Juzgado Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, que preside Ortega Tlapa.
La juez federal determinará en su momento si autoriza o no el llamado a los ex funcionarios y al ex mandatario nacional. En caso de considerarlo procedente, los testigos deberán acudir a la sede del recinto judicial ubicado en la avenida Insurgentes Sur de la capital de la República, para ser interrogados.
El propósito de la defensa del ex director de Pemex es que dichos testimonios sean integrados al juicio de amparo que Lozoya Austin tramitó contra la orden de aprehensión por lavado de dinero, que el pasado 25 de mayo libró el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza.
El 1 de junio pasado, al menos dos medios dieron a conocer, citando fuentes oficiales, que Lozoya Austin escapó de las autoridades mexicanas, y habría dejado el país rumbo a Alemania desde el pasado 30 de abril, sin embargo, su abogado afirma que el ex funcionario federal está en México.
El 2 de julio se informó que el Gobierno federal investiga a la esposa de Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, y a Tania Beatriz López Abbud, apoderada legal de la empresa Yacani, propiedad de la pareja sentimental del ex funcionario federal, a través de la cual AHMSA, habría pagado sobornos por la compra de la planta chatarra en Veracruz.
López Abbud formó parte del Consejo de Vigilancia, Consultivo y Comisarios de AHMSA, de 2012 a 2014, y a la par era socia y representante de Yacani. En ese último año, Pemex, al mando de Lozoya Austin, realizó la compra de fertilizantes Agro Nitrogenados a AHMSA.
El pasado 17 de junio, la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, retiró la suspensión definitiva Lozoya Austin, misma que impedía fuera capturado con base en la orden de aprehensión que le fue girada por lavado de dinero, por lo que la FGR podría detenerlo.
Ello debido a que el ex director de Pemex incumplió con las obligaciones procesales que se le impusieron, como presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso. Además, incumplió con el pago de una garantía de 500 mil pesos para que estuviera vigente la suspensión definitiva contra el mandato de captura.
El pasado 25 de mayo, el juez de Control, Artemio Zúñiga Mendoza, ordenó la aprehensión de Lozoya Austin, junto con su hermana Gilda Susana y el empresario Alonso Ancira Elizondo, accionista mayoritario y presidente de AHMSA, por lavado de dinero, derivado de la compra que hizo Pemex de la planta Agro Nitrogenados.
Sin embargo, Lozoya Austin todavía puede presentar un recurso de revisión contra el fallo dictado por la juez Ortega Tlapa, por lo que la suspensión podría continuar vigente hasta que un Tribunal colegiado no se pronuncie al respecto.
El pasado 11 de junio, Lozoya Austin anunció, a través de una carta, que no comparecería ante la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, hasta que no se aclaren diversas irregularidades en su actual proceso judicial.
Aunque se dijo dispuesto a decir “toda la verdad” en torno a las acusaciones en su contra, aclaró que también tiene el derecho de “cuidar su libertad”, además de que acusó a la FGR de incurrir en diversas irregularidades durante el proceso y se dijo víctima de una “persecución mediática y política”.
En la misiva difundida a través de su cuenta de la red social Twitter, Lozoya Austin recordó que la FGR solicitó a un juez federal una orden de aprehensión en su contra, pese a que el delito que le imputa no es considerado “grave” ni amerita la prisión preventiva oficiosa.
Además, el ex funcionario federal señaló que las órdenes de cateo ejecutadas en la casa de sus padres no tenían razón de ser, ya que su hermana, Gilda Susana, a quien también involucran en un presunto caso de corrupción, se casó hace unos meses y tiene su propio domicilio, por lo que la inspección debió realizarse en dicho recinto.
Lozoya Austin afirmó que el pasado 30 de mayo compareció por escrito ante el juez de control y agente del Ministerio Público instructor de la carpeta de investigación, ante quienes solicitó copia de los registros que obran en la indagatoria, mismos que le fueron negados, lo que consideró un hecho “inaudito” en el proceso.
El ex director de Pemex previó que sí responde a los requerimientos de la autoridad, lo más probable es que sea ingresado de forma inmediata a una prisión, a pesar de que el protocolo en este tipo de casos no establece dicha sanción, según afirmó en su carta.
“Es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia tengo todo el derecho en cuidar mi libertadora que todas estas acciones son en definitiva una persecución política orquestada en mi contra”, escribió Lozoya Austin.
En cuanto al congelamiento de sus cuentas, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el exdirector de Pemex lamentó que la medida haya sido aplicada también a las cuentas de su esposa y de su madre, ya que además de las afectaciones personales, esa acción también impacta en la vida de sus empleados y familias.
Lozoya Austin negó, también, haber adquirido de forma ilegal una propiedad en Ixtapa, Zihuatanejo, y usar una aeronave oficial para trasladarse hasta ese domicilio en Guerrero. Por otra parte advirtió que en cuanto la FGR cumpla con las garantías establecidas en la ley, estará dispuesto a colaborar con la indagatoria y revelar los nombres de todas las personas involucradas en los hechos que se investigan.
“Quiero manifestar que en el momento que la Fiscalía General de la Nación (sic) me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”, escribió el ex funcionario federal.
“Reitero que siempre he estado dispuesto a decir la verdad, con las consecuencias que haya para cualquier persona, pero recojo las expresiones del señor presidente de la República, en que nada por encima de la ley y todo dentro del estado de Derecho”, finalizó el ex director general de la paraestatal petrolera mexicana.
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