Con los convenios caídos, sin alternativas para resarcir el daño, sin garantías hacia los afectados y a cuatro meses de terminar la gestión, el tema del derrumbe en la colonia Lomas del Rubí pasará a ser el “granito negro” de la gestión del alcalde Juan Manuel Gastélum, por ser un tema de índole social que se quedará en “gran promesa”. Mientras tanto, vecinos deambulan en un vacío económico y legal, a expensas de que un proceso legal brinde justicia o las nuevas autoridades municipales, el apoyo social que tanto han esperado
A cuatro meses de que concluya la actual administración municipal de Tijuana encabezada por Juan Manuel Gastélum Buenrostro, el tema de la reparación del daño para los vecinos afectados por el derrumbe provocado por la empresa Grupo Melo en la colonia Lomas del Rubí, sigue inconcluso, con la mayoría de los convenios caídos.
Lo que en su momento se pretendía ofrecer al público -en palabras de propio alcalde- como “un acto humanitario sin precedentes” con el proyecto de la donación de predios, parece ser que terminará siendo uno de los tantos “granitos negros” de su administración; quizá el más significativo por tratarse de un asunto social.
El convenio adquirido con la empresa Mytek Internacional para la construcción de vivienda progresiva en los 68 predios que se dieron bajo contrato de “promesa de donación” a igual número de vecinos en las colonias Villas de Baja California y Residencial Los Pinos, se vino abajo una vez que la empresa no quiso dar paso adelante.
A la petición de un recurso federal para continuar con ese mismo proyecto que realizaron posteriormente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por medio del fideicomiso Promotora Municipal (Promun), no les dieron respuesta.
El anunciado convenio con Grupo Melo, empresa responsable del derrumbe que a la fecha ha afectado a 260 familias y dotaría de 8 millones de pesos para que estas iniciaran sus procesos de construcción de casas, también se veía tambaleante, pero apenas el miércoles 10 de julio, lo reactivaron.
Los terrenos continúan sin servicios, sin pavimentación, y todo apunta a que no será en esta administración en la que los vecinos “beneficiados” con terreno puedan recibir sus títulos de propiedad, sino que le tocará al próximo Ayuntamiento dar continuidad para que pueda concluirse.
Mientras tanto, vecinos siguen en un limbo social, económico y legal, esperando integrar una carpeta de investigación con las pruebas suficientes para que sus demandas en contra de Grupo Melo se judicialicen y puedan llevar a cabo un proceso legal, del que esperan obtener justicia.
Vecinos afectados de Lomas del Rubí
LA GRAN PROMESA
El 29 de agosto de 2018, seis meses después que se presentara el derrumbe en la colonia Lomas del Rubí (2 de febrero del mismo año), el presidente municipal realizó un acto protocolario en el que anunció la firma y entrega de contratos de “promesa de donación” de predios a 68 de los 89 afectados que se dieron en una primera instancia.
El argumento fue que se entregaba esa cantidad solamente a aquellos que habían acreditado ser los legítimos dueños y haber estado residiendo.
Se dijo que los terrenos tenían una superficie de aproximadamente 120 metros cuadrados y estaban ubicados en las colonias Villas de Baja California y Residencial Los Pinos, además de que ya contaban con los servicios básicos.
Algunos de los vecinos aceptaron y quisieron comenzar a construir en los predios, sin embargo, fueron víctimas de vandalismo, lo que puso en duda las garantías para comenzar a establecerse en esos predios, dado que tampoco contaban con los servicios como se había mencionado en un principio.
CREACIÓN DE VIVIENDA PROGRESIVA
Una alternativa que instrumentó Promun para continuar con la acreditación de predios y “el beneficio” de los afectados, fue el convenio que signó posteriormente con Mytek Internacional para emprender un proyecto de vivienda progresiva, es decir, en la medida que los vecinos fueran construyendo un modelo único de casa, similar al de Residencial Los Pinos, los servicios se irían instalando progresivamente.
El costo que se pensó para las viviendas fue de 217 mil pesos que los vecinos pagarían en un plazo de 10 años, sin embargo, esta propuesta no satisfizo del todo a los afectados por la escasez de recursos y a que todavía no se les garantizaba la titularidad de los predios.
CONVENIO CON GRUPO MELO SE REACTIVA DE ÚLTIMA HORA
Ante estas circunstancias y luego de que un peritaje realizado por el Municipio en el que se señalaba a Grupo Melo como uno de los causantes del derrumbe que a la fecha ha afectado a 260 familias, esta empresa decidió signar un convenio con el Ayuntamiento para contribuir con 8 millones de pesos para que las familias comenzaran a fincar sus viviendas.
El convenio se dio a conocer el día 15 de enero y con este se estipulaba que las familias obtendrían un beneficio casi del 50 por ciento del costo de sus viviendas; es decir, de los 217 mil pesos que pagarían los afectados, Melo cubriría 100 mil de cada uno y los vecinos terminarían pagando 117 mil pesos en un periodo de 10 años.
Sin embargo, este convenio no tuvo frutos y terminó congelado por cuestiones de incumplimiento de ambas partes y por asuntos jurídicos que no fueron revelados ante la petición de ZETA.
No fue sino hasta el miércoles 10 de julio que ambas partes reactivaron esta propuesta, bajo los mismos términos de cubrir una parte durante los últimos cuatro meses que le restan a la administración, los cuales serán utilizados para la cimentación de las viviendas.
La otra mitad sería cubierta por la propia empresa en montos específicos durante un periodo de cinco años; la próxima administración decidirá de qué manera entregar ese recurso a los 67 vecinos a beneficiar.
De los servicios no se ha hablado ni especificado nada, pues consideran, se trata de un proyecto de vivienda progresiva y continúan sin aplanamiento, pavimentación o construcción alguna.
“UN ENGAÑO LO DEL ‘PATAS’ Y ‘KIKO’”: ABOGADA
Erika Santana, representante legal de los 110 vecinos de Lomas del Rubí que mantienen sus denuncias ante el Ministerio Público por daños en patrimonio, compartió en entrevista que lo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid y “El Patas” Gastélum hacia los vecinos fue “un engaño” porque solamente donaron 68 lotes, pero son más las familias afectadas.
Además, prometieron ante los medios que esos predios tendrían agua, luz, drenaje, servicios, pero “no cuentan con nada y en su momento dijeron que el gobierno los iban a poner, pero resulta que en los mentados convenios, a los afectados se los iban a cobrar”.
Juan Carlos Barragán, director del fideicomiso Promotora Municipal (Promun).
Situación que ha generado incertidumbre no solamente en los 68 vecinos que se dicen “beneficiados” con estos lotes, por lo que va a pasar una vez que termine la administración del “Patas”, sino por el resto, a los que nunca se les apoyó ni se les ha considerado en estos llamados “beneficios” del actual alcalde.
ASEGURAN QUE PREDIOS YA SON DE VECINOS
En entrevista con ZETA, Juan Carlos Barragán Márquez, director del fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, compartió que por “orden ejecutiva” los 68 terrenos que se firmaron por contrato de promesa de donación ya son de los vecinos a quienes fueron entregados.
Detalló que lo que falta es dar certeza jurídica para entregar la titularidad a los beneficiados, proceso en el que actualmente se encuentran.
El 30 de octubre de 2018 se aprobó en Cabildo la donación de terrenos municipales y se comenzó el trabajo técnico para poderlos inscribir en el Registro Público de Propiedad y para protocolizarlos; Municipio los donó a Promun y, ante notario público, se llevará el proceso de certificación para dar las escrituras.
Con los terrenos donados por el Gobierno del Estado sucedió que estos se mandaron al Congreso, donde fue aceptada la propuesta, sin embargo, la firma para la protocolización con la oficial mayor Loreto Quintero, se dio apenas el 6 de junio, lo que provocó el retraso, pero ya están también ante notario para que se formalice la donación.
El director de Promun reconoció que aunque todavía se está esperando a que el recurso solicitado a la Sedatu -no especificado- será complicado y podría llegar en tres o cuatro meses, es probable que tampoco les toque a ellos continuar con el proyecto ni entregar las escrituras.
“¿Qué va a pasar cuando ya no estemos? Se hará un acta entrega con ciertas especificaciones para la nueva administración, para que se les dé un seguimiento y puedan tomar posesión de los terrenos. Dejaríamos todo encaminado para que la siguiente administración lo concluya”, planteó.
Aunado a ello, estipuló que con el recurso que otorgará Grupo Melo se comenzarán a fincar las viviendas prometidas a partir del lunes 15 de julio.
A EXPENSAS DE UN JUICIO Y LA ENTRADA DE NUEVAS AUTORIDADES
Mariana Morales, integrante del comité de vecinos de Lomas del Rubí y afectada, compartió a ZETA que solamente les queda estar a expensas de lo que las nuevas autoridades municipales y estatales puedan ofrecerles del seguimiento que le den a este tema de los terrenos y del proceso de judicialización de sus denuncias.
El lunes 24 de junio, parte del comité se reunió con un grupo de integrantes de Movimiento Regeneración Nacional, entre ellos el alcalde electo Arturo González Cruz, en lo que significó la primera audiencia para buscar opciones de resolución, luego de las insistentes peticiones que le hicieron al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Una de las propuestas que se hizo a los vecinos fue la reubicación y entrega de vivienda de 260 casas adjudicadas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en la colonia Villas del Campo y 30 más disponibles en la Zona Este de la ciudad.
Sin embargo, no vieron muy convincente esa idea porque la gran mayoría de los vecinos tienen su vida, trabajo y escuelas en el entorno de Lomas del Rubí, y para ellos les representaría todo un cambio de vida muy drástico.
Aunque tampoco se trata de una propuesta formal porque se estaría investigando primero la manera de desincorporar esas propiedades que están en obra negra y se tienen que acondicionar, además de brindar servicios, accesos y la documentación necesaria para la titulación de las mismas.
Mientras tanto, los vecinos junto con su representante legal, Erika Santana, siguen integrando la carpeta de investigación en la que se incorporaron las 110 denuncias individuales que realizaron los afectados y están llevando a cabo las valuaciones de las pérdidas para demostrar el menoscabo patrimonial de cada familia, dado que se trata de denuncias por daños en propiedad ajena.
Con ello esperan judicializar los casos para ampararse con la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitida el 4 de junio del presente año, en la que se da calidad de víctimas a los vecinos afectados.
Con esto, apelarán también a la Ley de Víctimas Federal e integrarán una carpeta “sólida para que el juez tenga argumentos y elementos para juzgar y vea la realidad de lo que les sucedió a estas personas”, indicó la abogada.
Mariana Morales complementó que por el momento lo que más les interesa y su prioridad es que se responsabilice a Grupo Melo por el daño que les hizo y les sigue provocando, porque son más de 260 familias las que continúan en la calle sin su patrimonio.
“Ellos son los responsables, no hay compromiso de su parte ni tienen seriedad para resolver un problema; han generado un desgaste físico, económico y emocional, ocho personas afectadas han fallecido durante este proceso, también se esperaba mucho más de la presente administración, pero fue lo que se dio, no hubo más y aquí seguimos en lucha”, concluyó.
