Si no pueden cuidarse ellos, menos a nosotros… dicen en Mexicali.
Resulta que el XXII Ayuntamiento de la Capital ha sido víctima de la delincuencia como probablemente ninguna institución. En los casi tres años de gobierno de Gustavo Sánchez Vázquez, ha interpuesto 55 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de robo.
A cuánto asciende la pérdida económica es algo que no puede determinarse, pero se han presentado casos preocupantes. Según registros del área jurídica del gobierno municipal, una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2000, placas BGE2251, perteneciente al Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, “desapareció” de las instalaciones.
En los mismos registros se establece que han querellado otros hurtos, como el de dos cámaras de vigilancia instaladas en la Casa de la Cultura, dos camiones recolectores de basura -uno fue recuperado-, la refrigeración de una biblioteca pública, una planta de luz, un rotomartillo, una carpa, un generador de corriente, plantas, puertas, la tapa trasera de un pick-up y una enorme cantidad de acumuladores de vehículos, entre otros objetos.
En fin, parece que el Ayuntamiento de Mexicali no la han pasado bien, y al igual que a los ciudadanos a quienes debe brindar seguridad, ha terminado siendo víctima de la delincuencia. El problema es que las reposiciones terminan costándole a la ciudadanía.
Vueltas da la vida
Con frecuencia la política modifica la perspectiva de los actores que ostentan cargos públicos. En esta ocasión, el ejemplo lo puso la consejera electoral Graciela Amezola Canseco, quien el sábado 20 de julio respaldó el dictamen que definía las candidaturas plurinominales en Baja California, donde destacaba la presencia de cinco hombres y tres mujeres.
Pero en 2014, probablemente habría votado diferente, cuando pertenecía a “Avanza, grupo político por el avance de las mujeres en Baja California”, donde se desempeñó como coordinadora de Revisión de Política Pública y que en esa fecha firmó un documento que pretendía impulsar la agenda de género en la XXI Legislatura.
El documento en poder de CACHANILLAZ, el cual fue entregado al Congreso del Estado el 19 de febrero de aquel año, precisa una serie de puntos en la política pública para mejorar la participación de la mujer, como reconocer la violencia política y las acciones asertivas, entre estas los temas de cuota de género.
En un fragmento del documento de varias hojas, se lee:
“Las cuotas de género son un ejemplo de una medida afirmativa para promover la participación equitativa que se encuentran señaladas en la legislación correspondiente, se requieren establece su relación con la Ley de Acceso para coadyuvar en el combate a la discriminación y violencia de género en la política hacia las mujeres”.
El documento está firmado por la hoy consejera, quien se olvidó de ese tema al momento de aprobar el dictamen que favorece al secretario particular del gobernador, Miguel Ángel Bujanda, dejando fuera del Congreso a la ex regidora Claudia Ramírez Quintero, quien ya anunció que impugnará el resolutivo del Consejo ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.
Lo peor es que dos de las tres mujeres presentes en el Consejo se declararon a favor de la lista -la otra consejera fue Lorenza Gabriela Soberanes, quien fungió como presidenta y que con su voto de calidad aprobó el dictamen-, y con su decisión, quitaron a Baja California la posibilidad de que las mujeres tuvieran una representación mayoritaria en el parlamento local. Otro tema importante tendrá que definirse en tribunales.
