En la investigación contra Carlos Lomelí Bolaños, ex delegado de la Secretaría de Bienestar en Jalisco, existen indicios de conductas irregulares. De las siete investigaciones que le sigue la Secretaría de la Función Pública, en cuatro se presume conflicto de intereses y en tres podría encuadrarse tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento oculto. Indagan omisiones de bienes en su declaración patrimonial. En 2013 le fueron decretados créditos fiscales por la importación de un yate y una aeronave por más de un millón 437 mil pesos, pero Lomelí le ganó a la Secretaría de Hacienda en 2014 y 2015 con juicios de nulidad
Publicidad
Fueron varias las ocasiones que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió en defensa del político y empresario farmacéutico Carlos Lomelí Bolaños. Hoy el ex súper delegado en Jalisco, enfrenta siete investigaciones de la Secretaría de la Función Pública por existir indicios de probable conflicto de interés; de ser encontrado responsable de algunas de las irregularidades que le señalan, podría ser inhabilitado hasta por 20 años en el servicio público.
En mayo, López Obrador dio la cara dos veces para decirle a los medios de comunicación que los señalamientos contra Lomelí eran parte de un golpeteo político y de una campaña periodística, aunque dejó en claro que si el funcionario estuviese implicado en alguna situación turbia, no habría contemplaciones. Este último supuesto llegó y, el viernes 12 de julio, Lomelí Bolaños presentó su renuncia al cargo que ocupaba.
La dimisión del jalisciense se dio horas después que lo notificaron de las investigaciones que se seguían en su contra, tras ser cuestionado durante los últimos meses por presuntos conflictos de interés debido a que sus empresas de insumos médicos fueron elegidas como proveedoras del Gobierno Federal en millonarios contratos, situación que el propio empresario negó en todo momento.
Publicidad
Dos días antes de que cayera el llamado súper delegado del Gobierno Federal en la entidad del Occidente del país, la agrupación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) afirmó que Carlos Lomelí sí tiene vínculos con la empresa farmacéutica Abisalud, investigada por ventas de medicamentos a sobreprecio durante la anterior administración de Jalisco.
El lunes 15 de julio, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, fue lanzada al ruedo por el gobierno lopezobradorista para anunciar que existen indicios y datos que arrojan posibles conductas irregulares del hombre separado del cargo, pero no es una, sino siete investigaciones iniciadas desde el 22 de mayo último.
Foto: Tomada de Internet
MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Las intervenciones en favor de Lomelí Bolaños por parte del primer mandatario de la nación ocurrieron cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, difundió una investigación sobre la red farmacéutica del industrial, integrada por al menos nueve empresas. La pesquisa periodística llevó a corroborar que esas compañías han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes y un domicilio en particular. Lomelí solo reconoce como propios cuatro de esos consorcios.
El empresario ha negado sistemáticamente estar vinculado a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), investigada en Jalisco por vender medicamentos a sobreprecio al sistema de Pensiones del Estado durante la administración de Aristóteles Sandoval, caso por el que seis personas se encuentran vinculadas a proceso por el delito de fraude.
En lo que va de 2019, Abisalud ha ganado más de 164 millones de pesos adjudicados por el actual gobierno de López Obrador, y en el Estado de Veracruz, la administración encabezada por Cuitláhuac García Jiménez, emanado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), asignó en diciembre de 2018 un contrato directo a la misma compañía por 36 millones de pesos.
En su investigación, MCCI refiere que Abisalud ha sido dirigida o representada por José Hiram Torres Salcedo y Mario Vargas Lomelí, ex secretario y sobrino de Carlos Lomelí Bolaños, respectivamente. Además, en las otras ocho empresas del consorcio, han participado once familiares y colaboradores cercanos al ex delegado de la Secretaría de Bienestar en
Morena a favor, empresariado en contra
Al conocerse la renuncia del delegado del Gobierno Federal en Jalisco, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la calificó como una buena noticia para el país. En redes sociales, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, expresó que Lomelí Bolaños era un ejemplo de los riesgos del conflicto de interés en la administración, y reprochó que la Fiscalía General de la República siga sin actuar.
Mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, adversario político de Lomelí al que venció en las urnas en 2016, aseguró que solo espera que el caso no quede congelado, “que una simple denuncia no genere perdón y olvido en los temas que haya, que se puedan acreditar si hay un acto indebido, pues sea quien sea la persona involucrada, pague las consecuencias de sus actos”.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tomó con humor la renuncia de Lomelí Bolaños, el sábado 13 de julio estaba de gira en Michoacán cuando un reportero le preguntó sobre lo que se esperaba tras la salida del “súper delegado”. La respuesta de AMLO fue: “A lo mejor el fin del mundo”. Para el lunes siguiente, en la “mañanera”, el mandatario, con más datos, dijo de su ex colaborador: “Fue una decisión de él, y el caso lo está atendiendo la Secretaría de la Función Pública”.
En Jalisco, la contralora del Estado, Teresa Brito Serrano, expresó que el ex delegado no tiene investigaciones abiertas de manera directa en la Contraloría local, asimismo, que los procesos que se siguen corresponden a la compra de medicamentos a sobreprecio que hizo Pensiones del Estado a la empresa Abisalud.
Por su parte, el presidente de Movimiento Regeneración Nacional en Jalisco, Hugo Rodríguez, manifestó que su partido -en la entidad- no sancionará ni expulsará a Carlos Lomelí, pese a los señalamientos que pesan en su contra, pues sería adelantarse a las investigaciones. “Es nuestro amigo y tiene nuestra solidaridad como compañeros militantes, obviamente sabemos que al doctor Lomelí le está afectando la lucha que se da en el Comité Nacional de Morena por la dirigencia y también la posición firme que él ha mantenido contra la corrupción del gobierno de Enrique Alfaro”, remató.
Jalisco, quienes han intercambiado cargos en dichas compañías durante los últimos años.
El reportaje destacó que las cuatro empresas reconocidas por Lomelí Bolaños en su “3de3”, en el apartado de Conflicto de Interés -presentada en febrero de 2019-, son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra. “Sin embargo, en todas ellas colaboran las mismas personas que aparecen en las cinco empresas restantes, donde el súper delegado no reconoce tener participación”.
Las otras compañías no reconocidas por Lomelí son Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri, Grupo Quiropráctico del Bajío y Abisalud. Ahí es donde se han intercambiado puestos Lourdes del Socorro Abundis Valdepeña (ex esposa de Lomelí) y sus hijos Carlos, Karla Millaray y Lourdes Saraí Lomelí Abundis; además de su actual esposa Karina Lucía Navarro Pérez y los tíos de esta, Jorge y Francisco Ramón Pérez Estrada.
MCCI reportó que “en la misma condición están operadores cercanos de Lomelí como José Hiram Torres Salcedo, quien fuera su secretario particular y candidato a la alcaldía de Zapopan por Morena en las elecciones de 2018, y Juan José Soltero Meza, ex coordinador de la campaña a la gubernatura en Jalisco de Carlos Lomelí”. A la red también se añadieron nombres como Juan Carlos Tadeo Ramírez, esposo de la diputada local por Morena, Erika Pérez García, y a Journey García, amigo de Lomelí Bolaños, quien en 2018 fue candidato a gobernador.
La investigación también encontró que varias de las casas farmacéuticas comparten domicilio en una finca de la calle Chicle de la colonia Paraísos del Colli, dirección que aparece en trámites diversos ante los institutos mexicanos del Seguro Social y el de la Propiedad Industrial. Ahí también se encuentra domiciliada Abisalud.
El 10 de julio, MCCI dio la puntilla a Carlos Lomelí al publicar que encontraron documentos que señalan que el empresario tiene acceso al manejo de una cuenta en Banorte de la farmacéutica Abisalud, la que tanto negó. También se dijo que su esposa Karina Lucía Navarro Pérez, una de sus empleadas y dos de sus colaboradores más cercanos, tuvieron autorización para acceder a fondos bancarios de la empresa.
ENRIQUECIMIENTO OCULTO
Las tres investigaciones restantes, independientes a las cuatro que se realizan sobre las empresas del jalisciense, se encuadran en conductas que pudiesen estar vinculadas al tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento oculto, pues ahora se sabe, Carlos Lomelí Bolaños habría incurrido en omisiones al presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública.
Información publicada por Grupo Reforma, advierte que el ex súper delegado del Gobierno Federal en Jalisco, dejó de informar datos sobre dos bienes inmuebles, por lo menos 13 vehículos y 35 cuentas bancarias, para no evidenciar conflictos de interés y un presunto enriquecimiento oculto que podría acarrearle consecuencias hacendarias y posibles denuncias en el ámbito penal.
Para las autoridades federales no debía ser desconocida la riqueza de Lomelí Bolaños, pues a la fecha lidia jurídicamente en tribunales colegiados, a través de amparos directos o revisiones fiscales, en contra de resoluciones derivadas de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya sea por la presunción de ingresos en representaciones de empresas o por asuntos del pasado, cuando batalló legalmente para recuperar una aeronave y un yate embargados en 2013, o desbloquear una cuenta bancaria en 2011.
El 15 de noviembre de 2013, la Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior Número 6 determinó un crédito fiscal por un millón 143 mil 581 pesos y 84 centavos por concepto de Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado (IVA), actualizaciones, multas y recargos, y la adjudicación de una aeronave a favor del fisco federal. Presuntamente Lomelí no pagó la importación del aparato, del que no se detallan características.
En octubre de 2014, el empresario presentó un escrito por su propio derecho en las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para promover un juicio contencioso administrativo en contra de la resolución que le perjudicaba. La Segunda Sala dictó sentencia el 19 de mayo de 2015 y decretó que sí se acreditó la legal estancia en territorio nacional de la aeronave afectada, además de determinar la caducidad de las facultades de la autoridad para sancionar al promovente.
Inconforme con la anterior determinación, la Administradora Local Jurídica de Guadalajara, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y del jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), promovió el recurso de revisión fiscal el 8 de septiembre de 2015 ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, pero el 2 de diciembre de ese año confirmó la sentencia del juicio de nulidad en favor de Lomelí Bolaños.
Similar situación aconteció con un yate embargado precautoriamente a Carlos Lomelí entre el 25 y 26 de noviembre de 2013, luego que la Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Occidente ordenó la práctica de una visita domiciliaria con el objeto de efectuar la verificación de la legal propiedad, estancia, tenencia o importación de las mercancías que se encontraban en un domicilio ubicado en 5 de Febrero Condominio el Muelle s/n, departamento 25, Nuevo Vallarta, en Bahía de Banderas, Nayarit.
La embarcación embargada era marca Carbel, de nombre “Pegazo”, tipo yate, número de serie CDRR6021J394, matrícula PEGAZO 574, propiedad del empresario farmacéutico. El 10 de octubre de 2014 compareció a las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa y demandó la nulidad de la resolución, por la cual, el 25 de febrero de 2014, la Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Occidente le determinó un crédito fiscal por 293 mil 411 pesos y 73 centavos por concepto de Impuesto General de Importación e IVA y sus accesorios.
La Sala Fiscal que conoció del caso le dio la razón a Lomelí Bolaños en ese año al declararse la nulidad lisa y llana de la resolución. Existía una duda sobre la legal estancia del navío en el país, pues la factura que amparaba la compra venta del yate fue expedida por la compañía Comercializadores y Asesores en Equipo Médico, Sociedad Anónima de Capital Variable, no especializada en la fabricación o importación de embarcaciones. Presuntamente se aclaró que la importación la hizo MexBoat, SA de CV el 14 de diciembre de 1993, pero la nueva factura se habría realizado porque Lomelí adquirió el yate de segunda mano.
También hubo inconformidad de la Administradora Local Jurídica de Guadalajara, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del SAT y de la autoridad demandada, que interpusieron el recurso de revisión fiscal, pero fue resuelta en favor de Carlos Lomelí Bolaños.
