De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2018, durante el 2017 se cometieron 33.6 millones de delitos que impactaron a 25.4 millones de víctimas, esto representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima, y en el 35.6% de los hogares del país se reportó, que al menos uno de sus integrantes, fue víctima del delito. Es importante señalar que 3,357 mujeres perdieron la vida por ser presumiblemente víctimas de homicidio.
En 93.2% de delitos no hubo denuncia o no se inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación. Identificando que los principales motivos por los que las víctimas no denuncian son atribuibles a la autoridad y que entre ellos destacan, en un 34.2% la consideración de la denuncia como una pérdida de tiempo y en un 16.5% la desconfianza en la autoridad.
Como lo ha venido repitiendo el propio Ejecutivo federal, hay una deuda pendiente con más de un millón de víctimas, misma deuda que el Estado debe atender con prioridad a fin de resarcir los menoscabos provocados, así como sus efectos sociales y con ello evitar la victimización secundaria.
La noción de “víctima” bajo el derecho, distingue cuatro tipos siendo estos víctima directa, víctima indirecta, víctima potencial y víctimas colectivas, la primera es aquella persona física que haya sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos, las víctimas indirectas son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella, las víctimas potenciales son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito, y de igual forma son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes colectivos.
A partir de los hechos victimizantes, donde se haya sufrido el daño por la violación a derechos humanos o la comisión de un delito, surge el deber estatal de reparar el daño. Por ello se deberán eliminar las consecuencias que se produjeron y restablecer la situación que se tenía, para lograrlo la reparación tendrá que contemplar las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
La reparación le corresponderá al Estado a través de sus instituciones, dentro de estas encontramos a la CEAV quien dentro de sus facultades puede brindar compensación y ayuda provisional para atender y garantizar la satisfacción de necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras.
Actualmente la CEAV se encuentra sin titular, por lo que de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley General de Víctimas, la persona titular será elegida por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública, por ello recientemente se publicaron las bases para que por medio de una consulta pública los Colectivos de Víctimas, las Personas Expertas, las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Universidades, efectuaran postulaciones para elegir a las personas que formarán parte de la terna que debe enviar el Ejecutivo a la Cámara de Senadores.
De esta consulta pública resulté postulada por múltiples Colectivos, Personas y Organizaciones, tanto de Baja California como de otros Estados de la república, por lo que con el objetivo de defender el respeto a la dignidad y de empujar la balanza hacia la justicia para las víctimas, acepté la postulación consciente de la alta responsabilidad que representa trabajar por las víctimas y fortalecer una institución que ha de ser pilar de la justicia en México.
Por lo que, de resultar seleccionada como titular, mantendré diálogo permanente con las víctimas y construiré mecanismos efectivos de rendición de cuentas, trabajaré para consolidar la red de enlaces interinstitucionales, optimizaré los procesos a través de una reingeniería institucional, diseñaré un nuevo modelo de atención integral con procedimientos claros, públicos, y criterios fijos. La columna vertebral será una programación diseñada por el personal de acompañamiento integral en conjunto con las víctimas.
Una vez defensora de los derechos humanos, siempre defensora.
Melba Adriana Olvera fue Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
