Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, rechazó este lunes las pruebas testimoniales que ofreció a su cargo Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), para tratar demostrar su inocencia y rechazó autorizar los interrogatorios del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, por la compra que la paraestatal mexicana realizó de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), en 273 millones de dólares.
“[…] Al respecto, se tiene por rendido su respectivo INFORME JUSTIFICADO en relación con la ampliación de demanda de uno de julio de dos mil diecinueve […] dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga […] glósese el escrito de cuenta […] signado por […] apoderado legal del quejoso”, informó la juez Ortega Tlapa a través de la listas de acuerdos.
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“[…] por medio del cual pretende ofrecer las pruebas testimoniales a cargo de […] indíquesele al promovente que no ha lugar a acordar favorablemente su petición…”, indicó la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México
El pasado 3 de julio, el ex director de Pemex pidió nueve testimonios, incluidos los de Peña Nieto, Videgaray Caso, además del de Pedro Joaquín Coldwell, ex titular de la Secretaría de Energía (Sener); de Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Ingresos de la SHCP, y el de Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lozoya Austin solicitó, también, los testimonios de de José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional, subsidiaria de la petrolera mexicana, y de Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de la paraestatal y de Pemex Fertilizantes.
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La solicitud para diligenciar dichas pruebas testimoniales fue suscrita por Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya Austin y entregada al Juzgado Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, que preside Luz María Ortega Tlapa.
El propósito de la defensa del ex director de Pemex era que dichos testimonios fueran integrados al juicio de amparo que Lozoya Austin tramitó contra la orden de aprehensión por lavado de dinero, que el pasado 25 de mayo libró el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza.
El pasado 5 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal ordenó ayer la aprehensión del ex funcionario federal, su hermana Gilda Lozoya Austin, madre, Gilda Susana Austin, y esposa, Marielle Helene Eckes, por un posible soborno de la empresa AHMSA para el entonces director general de Pemex.
En específico, indicó la FGR en una tarjeta informativa, por el caso de la casa que la cónyuge del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, en 1.9 millones de dólares mediante la representación de un abogado de AHMSA.
El Juez de Control del sistema penal acusatorio también instruyó la captura de Nelly Maritza Aguilera Concha, quien vendió la casa en una operación que la FGR presume que se trató de un soborno de la empresa de Alonso Ancira para el ex director general de la paraestatal.
Según informó la FGR, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) giró una ficha roja para buscar Aguilera Concha, al igual que a Lozoya Austin, su esposa, su hermana y madre, en más de 190 países.
“Estas mismas personas cuentan con Ficha Roja de Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Pemex”, abundó la Fiscalía en su tarjeta informativa.
“Este asunto, que se inició en enero de 2017 y que durante años no obtuvo judicialización, hoy se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados”, indicó la FGR.
Además, la Fiscalía agregó que presentó ante el Juez de Control todos los elementos de prueba necesarios para obtener el mandato de captura “en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable”.
“La Fiscalía General de la República cumplió con lo ofrecido en el sentido de que en menos de 60 días se realizaría la judicialización correspondiente”, añadió la FGR.
En julio de 2013 la esposa de Lozoya Austin compró una casa del condominio Quinta Mar, en Ixtapa, la cual tiene 3 mil 578 metros cuadrados, de los cuales la residencia abarca 934 metros cuadrados.
El valor del inmueble fue de 1.9 millones de dólares y la operación de compra la llevó a cabo, en representación de Marielle Helene Eckes, el abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien en ese momento estaba contratado, en un cargo externo, como secretario de los comités de auditoría y de prácticas societarias de AHMSA.
Para la FGR, esta adquisición podría ser un soborno, ya que el 31 de julio del mismo año, una filial de Pemex aprobó la adquisición de la planta chatarra de Agro Nitrogenados en el complejo de Pajaritos, Veracruz, por un monto de 273 millones de dólares.
Según recordó el diario Reforma, que informó del hecho, para Lozoya Austin y su hermana Gilda Susana este es el segundo mandato de captura que acumulan en apenas 40 días, ya que el pasado 25 de mayo un juez federal ordenó sus aprehensiones por lavado de dinero, derivado de la compra de la casa del ex funcionario en Lomas de Bezares, por un monto de 38 millones de pesos.
Ayer se dió a conocer que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó ayer la suspensión provisional que permitía a Lozoya Austin, acceder a sus cuentas bancarias, otorgada el 20 de junio por el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el amparo 901/2019, promovido el 5 de junio por los abogados del ex director general de Pemex.
Ello en base al oficio que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió el pasado 30 de abril, de parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), misma que investiga posibles operaciones de lavado de dinero de Lozoya Austin.
“El acto reclamado es el resultado del trabajo conjunto, así como del intercambio de información realizados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la United States Drug Enforcement Administration (DEA), para prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señaló el Tribunal en su resolución.
“Por tanto, la solicitud consistente en el oficio de fecha 30 de abril de 2019, firmado por el Gerente de Inteligencia de dicha Agencia internacional, es una solicitud realizada por una autoridad extranjera con competencia en la materia, que informa sobre una investigación por la posible comisión de actividades relacionadas con lavado de dinero”, agregaron los magistrados.
El 1 de junio pasado, al menos dos medios dieron a conocer, citando fuentes oficiales, que Lozoya Austin escapó de las autoridades mexicanas, y habría dejado el país rumbo a Alemania desde el pasado 30 de abril, sin embargo, su abogado afirma que el ex funcionario federal está en México.
El 2 de julio se informó que el Gobierno federal investiga a la esposa de Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, y a Tania Beatriz López Abbud, apoderada legal de la empresa Yacani, propiedad de la pareja sentimental del ex funcionario federal, a través de la cual AHMSA, habría pagado sobornos por la compra de la planta chatarra en Veracruz.
López Abbud formó parte del Consejo de Vigilancia, Consultivo y Comisarios de AHMSA, de 2012 a 2014, y a la par era socia y representante de Yacani. En ese último año, Pemex, al mando de Lozoya Austin, realizó la compra de fertilizantes Agro Nitrogenados a AHMSA.
El pasado 17 de junio, la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, retiró la suspensión definitiva Lozoya Austin, misma que impedía fuera capturado con base en la orden de aprehensión que le fue girada por lavado de dinero, por lo que la FGR podría detenerlo.
Ello debido a que el ex director de Pemex incumplió con las obligaciones procesales que se le impusieron, como presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso. Además, incumplió con el pago de una garantía de 500 mil pesos para que estuviera vigente la suspensión definitiva contra el mandato de captura.
El pasado 25 de mayo, el juez de Control, Artemio Zúñiga Mendoza, ordenó la aprehensión de Lozoya Austin, junto con su hermana Gilda Susana y el empresario Alonso Ancira Elizondo, accionista mayoritario y presidente de AHMSA, por lavado de dinero, derivado de la compra que hizo Pemex de la planta Agro Nitrogenados.
Sin embargo, Lozoya Austin todavía puede presentar un recurso de revisión contra el fallo dictado por la juez Ortega Tlapa, por lo que la suspensión podría continuar vigente hasta que un Tribunal colegiado no se pronuncie al respecto.
El pasado 11 de junio, Lozoya Austin anunció, a través de una carta, que no comparecería ante la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, hasta que no se aclaren diversas irregularidades en su actual proceso judicial.
Aunque se dijo dispuesto a decir “toda la verdad” en torno a las acusaciones en su contra, aclaró que también tiene el derecho de “cuidar su libertad”, además de que acusó a la FGR de incurrir en diversas irregularidades durante el proceso y se dijo víctima de una “persecución mediática y política”.
En la misiva difundida a través de su cuenta de la red social Twitter, Lozoya Austin recordó que la FGR solicitó a un juez federal una orden de aprehensión en su contra, pese a que el delito que le imputa no es considerado “grave” ni amerita la prisión preventiva oficiosa.
Además, el ex funcionario federal señaló que las órdenes de cateo ejecutadas en la casa de sus padres no tenían razón de ser, ya que su hermana, Gilda Susana, a quien también involucran en un presunto caso de corrupción, se casó hace unos meses y tiene su propio domicilio, por lo que la inspección debió realizarse en dicho recinto.
Lozoya Austin afirmó que el pasado 30 de mayo compareció por escrito ante el juez de control y agente del Ministerio Público instructor de la carpeta de investigación, ante quienes solicitó copia de los registros que obran en la indagatoria, mismos que le fueron negados, lo que consideró un hecho “inaudito” en el proceso.
El ex director de Pemex previó que sí responde a los requerimientos de la autoridad, lo más probable es que sea ingresado de forma inmediata a una prisión, a pesar de que el protocolo en este tipo de casos no establece dicha sanción, según afirmó en su carta.
“Es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia tengo todo el derecho en cuidar mi libertadora que todas estas acciones son en definitiva una persecución política orquestada en mi contra”, escribió Lozoya Austin.
En cuanto al congelamiento de sus cuentas, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el exdirector de Pemex lamentó que la medida haya sido aplicada también a las cuentas de su esposa y de su madre, ya que además de las afectaciones personales, esa acción también impacta en la vida de sus empleados y familias.
Lozoya Austin negó, también, haber adquirido de forma ilegal una propiedad en Ixtapa, Zihuatanejo, y usar una aeronave oficial para trasladarse hasta ese domicilio en Guerrero. Por otra parte advirtió que en cuanto la FGR cumpla con las garantías establecidas en la ley, estará dispuesto a colaborar con la indagatoria y revelar los nombres de todas las personas involucradas en los hechos que se investigan.
“Quiero manifestar que en el momento que la Fiscalía General de la Nación (sic) me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”, escribió el ex funcionario federal.
“Reitero que siempre he estado dispuesto a decir la verdad, con las consecuencias que haya para cualquier persona, pero recojo las expresiones del señor presidente de la República, en que nada por encima de la ley y todo dentro del estado de Derecho”, finalizó el ex director general de la paraestatal petrolera mexicana.
