La intención del Gobierno de Estados Unidos de inspeccionar al 100 por ciento los 120 mil camiones de tomate rojo mexicano que lleguen a su frontera cada año, bajo el pretexto de asegurar la calidad y con el Acuerdo de Suspensión, es “imposible”, según lo aseguró Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), del Gobierno Federal mexicano.
“Yo he estado en contacto con el Secretario de Agricultura de Estados Unidos [Sonny Perdue] y hemos expresado que inspeccionar todos los tráilers, como se ha propuesto, es absolutamente imposible. Ningún país tiene la capacidad […] La inspección al final de cuentas tendría que ser a través de la Secretaría de Agricultura, pero hemos señalado que no existe en nuestras negociaciones internacionales inspecciones por calidad”, indicó el funcionario federal mexicano.
La revisión se puede realizar sólo cuando hay posibilidad de detectar algún problema de índole sanitario, pero en tanto esto no ocurra, no hay ninguna razón ni argumento técnico que apoye la inspección de todos los tráilers, indicó Villalobos Arámbula en entrevista con el diario Reforma.
Por su parte, los productores mexicanos de tomate advirtieron que aceptar la revisión del total de los camiones mexicanos crearía un “nudo” logístico en la frontera entre México y EE.UU., ya que inspeccionar tan sólo un vehículo pesado dura más de una hora y media.
Además de que se saturarían los espacios físicos para la inspección aduanal y afectaría significativamente a otros sectores, como el de maquiladoras, automotriz, partes electrónicas y otras manufacturas, señalaron los productores organizados y representados por la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Consejo Agrícola de Baja California (CABC), el Sistema Producto Tomate Nacional (SPTN) y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo (APHYM).
Los tomateros mexicanos propusieron al Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que, en caso de que esto suceda, México también responda con la inspección obligatoria de todos los productos que se importan de Estados Unidos en grandes cantidades, como el maíz, soya, trigo, manzanas, uvas, carne de cerdo y pollo, entre otros.
El pasado 10 de julio, Graciela Marquez Colín, titular de la Secretaría de Economía (SE), indicó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) ha tenido posiciones “intransigentes” y rígidas hacia los productores mexicanos de tomate para poder exportar sin aranceles a dicho país.
“Se les está pidiendo a los tomateros [mexicanos], entre otras cosas, una revisión del 100 por ciento de los embarques de tomate en frontera y un plazo de hasta 72 horas. Esta rigidez demuestra que hay otras motivaciones”, aseguró la funcionaria durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Márquez Colín afirmó ese mismo día que solicitó establecer una conversación vía telefónica con el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, para cuestionar dicha rigidez y continuar la exportación de tomate libre de cualquier arancel.
“El 20 de mayo pasado la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida y el Consejo Nacional Agropecuario [CNA] presentaron un amparo en la Corte de comercio internacional de Estados Unidos para protegerse de la medida de la imposición de los aranceles provisionales. Sin embargo, el 6 de junio de este año fue rechazado el amparo”, comentó la funcionaria federal, quien recordó, también, que la fecha para presentar la resolución del DOC es el próximo 19 de septiembre.
La funcionaria federal indicó que el del tomate rojo es un conflicto antiguo, que data de 1995, y comenzó con una denuncia contra presunto “dumping” de productores mexicanos, y que fue interpuesta por agricultores estadounidenses de Florida.
Márquez Colín explicó que dicha investigación por “dumping” fue suspendida en 2002, 2008 y 2013, pero que en el contexto electoral actual, y con el viraje a políticas mas proteccionistas que se registran en Estados Unidos, ésta se ha reavivado.
El “dumping” es una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.
En ambos casos, aseveró la secretaria de Economía, se trata de casos puntuales que son recurrentes en las relaciones comerciales entre los países, como ha ocurrido con México hacia otros países cuando se detectan prácticas desleales, que se considera afectan los intereses de productores mexicanos.
Días antes, Manuel Cázares Castro, vicepresidente del Comité del Sistema Producto Tomate Nacional, aseguró que según un cálculo hecho por la propia industria tomatera, que los productores mexicanos podrían llegar a pagar hasta 350 millones de dólares (mdd) anuales de impuestos, por la cuota compensatoria de 17.5 por ciento impuesta a las exportaciones de esta hortaliza hacia EE.UU., que aplica desde el pasado 7 de mayo.
“Verdaderamente estamos pasando por una situación muy crítica en el sector del tomate. Después del 7 de mayo ya no se dieron las exportaciones normales, bajaron alrededor del 32 por ciento”, dijo Cázares Castro, entrevistado por el diario Reforma a dos meses de que el DOC no renovó el Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de Tomate.
Los 350 mdd anuales por el pago de la cuota compensatoria se sumarían a las pérdidas de alrededor de 93 millones de dólares para los productores mexicanos, ya que las exportaciones de tomate disminuyeron en un 30 por ciento, según datos del Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI), de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal.
Según la AMHPAC, la imposición de la cuota compensatoria provoca un retroceso en la producción y en la exportación de la hortaliza, producto del cual sólo el 40 por ciento es para consumo nacional y el resto se envía al extranjero.
De ello más del 99 por ciento del total de las exportaciones mexicanas de dicha hortaliza tienen como destino Estados Unidos. Los datos del SIAVI indican que durante mayo y junio de 2018 se registraron exportaciones de tomate rojo a territorio estadounidense por 311 millones de dólares.
Óscar Woltman de Vries, presidente del Consejo Nacional de la AMHPAC, dijo que las negociaciones continúan para lograr retirar la cuota compensatoria, pero que el Gobierno de Estados Unidos pretende ahora inspeccionar 100 por ciento de la carga de la hortaliza roja.
Esa petición, explicó el líder agrícola, estaba dentro de una “lista antigua de demandas” y ahora la retoman como medida de presión, sin embargo, de imponerla habría una larga fila de transporte de carga en la frontera durante horas e incluso días.
“Si me dicen vamos a revisar cada camión en un lapso de seis horas desde que llega a la frontera y aparece el inspector, pues no tendría problemas porque es un tiempo razonable para ambos lados, pero el problema sería si me dicen 72 horas”, señaló el presidente de la AMHPAC.
La medida restaría tiempo de vida a la hortaliza fresca antes de llegar a los anaqueles de los establecimientos de venta en Estados Unidos. “Es un perecedero y, aunque esté dentro de un camión refrigerado, no lo puedes tener tres días parado”, expuso Woltman de Vries.
Por su parte, el vicepresidente de Frutas y Hortalizas del Consejo Nacional Agropecuario, Sergio Esquer Peiro, abundó que en temporada alta 80 mil toneladas diarias de tomate pasan por la frontera norte para llegar a los consumidores finales en EE.UU.
“Es prácticamente imposible y, aunque es un tipo de barrera no arancelaria, sigue siendo una barrera que va entorpecer [el flujo de la mercancía] y nos va quitar competitividad que es lo que menos quisiéramos”, enfatizó el vicepresidente de la CNA, entrevistado por el mismo rotativo.
Esa nueva propuesta “opaca” la negociación que llevan con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para echar atrás la cuota compensatoria impuesta después de haber tomado la decisión de ponerle fin al acuerdo y reiniciado la investigación antidumping suspendida desde 1996, acentuó.
En México la industria tomatera da empleo directo de más de 400 mil trabajadores agrícolas, quienes en su mayoría son migrantes y van acompañados de sus familias, con al menos un millón de labores adicionales en las actividades relacionadas con la cadena de soporte, logística y servicios, entre otras.
El pasado 7 de junio, Jennifer Choe Groves, jueza de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos (USCIT, por sus siglas en ingles), rechazó un amparo de los productores de México, de suspender el pago de aranceles del 17.56 por ciento de las exportaciones mexicanas de tomate a dicho país.
El amparo fue presentado el pasado 20 de mayo por productores y exportadores de Sinaloa, Baja California y Sonora -agrupados en la MHPAC y el CNA- ante las Cortes estadounidenses. El próximo 3 noviembre se espera una resolución final de parte de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos.
“Si bien la Corte reconoce disrupciones potenciales al mercado del tomate fresco y las cadenas de suministro, alegadas por los demandantes, se concluye que su evidencia no satisface el elevado estándar necesario para demostrar un daño irreparable”, afirmó Choe Groves.
La jueza detalló que la suspensión solicitada por los productores mexicanos tenía por objetivo detener nuevamente la investigación antidumping retomada por el DOC, y frenar el cobro de depósitos en efectivo o fianzas en las aduanas por las que pasa el tomate.
Sin embargo, dichas acciones están previstas en la legislación estadounidense, por lo que sólo en casos excepcionales podrían ser suspendidas por orden judicial. Además, la jueza tampoco encontró que conceder la suspensión solicitada pudiera ser favorable al interés del público.
La USCIT, con sede en Nueva York, es un tribunal cuyas resoluciones son revisables por una Corte Federal de Apelaciones con sede en Washington, que tiene jurisdicción sobre este tipo de casos.
-Con información de Reforma.
