Violando la Ley de Inspección Escolar, la Dirección de Protección Civil de Tijuana realizó un promedio de 600 inspecciones en planteles educativos privados entre abril de 2018 y junio de 2019. No impuso sanción alguna ni se conoce que haya detectado irregularidades, pero a cada plantel le cobraron entre mil y 3 mil pesos; de negarse a hacer el pago, serían multas de 80 mil pesos. Empleados de la Dirección piden investigar a fondo la operatividad de la dependencia, particularmente la recaudación
Al margen de la Ley, la Dirección de Protección Civil de Tijuana expidió licencias a planteles educativos privados, atribución que desde abril de 2018 compete al Estado.
Desde preescolar hasta universidad, Protección Civil Municipal aprobó de manera ilegal programas internos de los cuales ZETA pudo corroborar cinco autorizaciones entregadas con los siguientes número de oficio: 1394-18, de fecha 29 de junio de 2018; 1645-18, 31 de julio de 2018; 2189-18, 10 de octubre de 2018; 536-19, 21 de marzo de 2019; y 0705-19, expedido el 9 de abril de 2019.
Jose Rito Portugal
No hay una cifra concreta respecto a la cantidad de planteles educativos en los que el Municipio aplicó de manera irregular la Ley de Inspección Escolar, “pero se estima sean alrededor de 600”, compartió Antonio Rosquillas Navarro, director de Protección Civil del Estado, quien el 17 de junio denunció el hecho ante Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California.
Meses antes de que solicitara licencia en su intento de reelegirse en los comicios de 2019, de manera anónima, empleados de la Dirección Municipal de Protección Civil -entonces a cargo de José Rito Portugal- denunciaron la irregular operación al alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro. No hubo consecuencias.
Fue hasta tres días después de que Rosquillas denunció la situación ante Contraloría del Estado que en el Ayuntamiento solicitaron, el 20 de junio, la renuncia a José Rito Portugal, quien fue reemplazado por Uriel Manzanares Tirado.
Junto al titular fueron removidos el jefe de Verificación, Maurilio Vejar, y el jefe jurídico David Barajas.
A pesar que la denuncia del titular de Protección Civil del Estado se emitió con copia para la síndico procuradora de Tijuana, Ana Marcela Guzmán Valverde, en su dependencia no existe investigación al respecto, tampoco atribuye que la salida de Portugal derivara de alguna denuncia por irregularidades.
EL MODUS OPERANDI
Antonio Rosquillas fue enterado por directivos de planteles que “de manera irresponsable el Municipio ha estado llevando a cabo la revisión, procedimiento que hacía fuera de la Ley”.
De acuerdo a la narrativa de los afectados, inspectores de Protección Civil Municipal levantaban actas circunstanciadas cada vez que detectaban que los planteles carecían del programa interno de Protección Civil, sin informar en ningún momento que dicho programa debía ser entregado al Estado. En algunos casos intentaron la aplicación de multas por 85 mil pesos cuando “no debían intentar multarlos, porque no es de su competencia, en todo caso el Estado el que tendría que multar”, anotó el funcionario.
Rosquillas expuso que “de manera honesta, el Municipio sí podría coadyuvar con revisiones para corroborar que los planteles cuenten con el programa interno, canalizando a los incumplidos a Protección Civil del Estado, en un intento de garantizar que las escuelas sean seguras, pero no ha sido así”.
Una vez que el plantel realizaba el programa, pagaba un recibo cuyo cobro fluctuaba entre mil y 3 mil pesos, para que inspectores de Protección Civil Municipal acudieran a corroborar la aplicación del programa. De no cumplir, se les advertía de multas de 40 mil hasta 84 mil pesos.
Ya efectuada la inspección, la dependencia expedía el documento que avalaba que el plantel escolar cumplía con el reglamento, citando la Ley Federal de Protección Civil y el Reglamento Municipal.
Fotos: Cortesía
Rosquillas indicó que los encargados de los planteles educativos privados “tenían la costumbre de entregar los programas internos como cada municipio lo quería pedir y como lo revisara, quien lo revisaba y muchas veces lo autorizaba el director como quisiera; incluso sabíamos que había algunas escuelas a las que ni siquiera se les revisaba, mientras que a otras las hacían pasar un tormento para revisárselos”.
No descarta la posibilidad que en los planteles privados de los municipios de Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, suceda la misma irregularidad: “Estamos empezando a investigar, ya se envió un oficio a ISEP -del Sistema Educativo Estatal- pidiéndole un informe de cuántas escuelas, de las 2 mil que operan en los cinco municipios de Baja California –más del 50% se ubican en Tijuana-, han tenido que renovar su registro desde abril de 2018 a la fecha”.
La licencia de Protección Civil es un documento requerido por la Secretaría de Educación del Estado para la renovación del registro de la escuela, o en su caso, para un nuevo registro.
ELUDIR LEY ESTATAL, LA CONSIGNA
Después de la reforma a la Ley de Protección Escolar que dejó fuera de la revisión de los programas internos de seguridad a la Dirección de Protección Civil Municipal, el Municipio encontró una forma irregular para continuar aplicándolos en los poco más de mil planteles escolares privados que operan en Tijuana: no referir en su requerimiento a los directivos de estos negocios la Ley estatal, haciendo alusión solamente al marco legal federal y, por supuesto, municipal.
“Es evidente que no lo citan para poder desviar los recursos al Municipio, en un fin recaudatorio”, señaló Antonio Rosquillas, y abundó que el reglamento cuenta con un Artículo Transitorio que establece que los programas internos –tanto de escuelas como de empresas- se harán acorde a las guías de Protección Civil publicadas en el Periódico Oficial.
El Transitorio otorga 90 días para realizarlo si es sujeto obligado y 180 días si no es sujeto obligado. Los sujetos obligados deben contratar a un consultor.
Como no se ha publicado oficialmente, “cualquier propietario puede decir que no se le puede infraccionar porque el Transitorio los protege”, expuso el funcionario estatal.
Para evitar la recomendación de consultores que certifiquen el programa antes de que Protección Civil libere la anuencia, otra práctica señalada por directivos de escuelas y empresarios, en la página web de Protección Civil del Estado de Baja California se publicó un listado con casi 160 consultores. “Estamos tratando de poner orden, porque sí había mucho desorden”, advirtió Rosquillas.
Sobre esta anomalía, envió un oficio a Contraloría y Sindicatura Municipal de Tijuana preguntando si era legal lo que hacía Protección Civil Municipal al no citar el Reglamento y Ley estatal. A la fecha lo único que le han informado es que la respuesta “está en proceso”.
PATROCINIOS PARA NO APLICAR MULTAS
De acuerdo a personal de Protección Civil Municipal, las malas prácticas en esa dependencia se implementaron durante la actual administración municipal.
Se inició con la amenaza de multas desde 40 mil hasta 80 mil pesos tanto a escuelas como a empresas que no cumplían con el programa interno.
“Si no cumplen o quieren alguna tolerancia, se detiene la infracción a cambio de patrocinios como arreglar una patrulla, pintar oficina; poco a poco se ejerció un tipo de extorsión”, acusan.
Es muy distinto que una empresa ofrezca ayuda voluntariamente, a que se le obligue a donar a cambio de que se le apruebe un reglamento que debe cumplir por la seguridad de su personal, “ahí cambia el concepto y es extorsión, actuar que ha cultivado un desprestigio y desacreditación para la Dirección a lo largo de este trienio”, agregaron.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora .- Uriel Manzanares, actual Director de Protección Civil Municipal, en las instalaciones de la dependencia.
El programa interno es una carpeta en la que se detallan los procedimientos a seguir antes, durante y después de una contingencia, “la prevención, auxilio y recuperación en industrias, guarderías y empresas, para que realmente sepan cómo actuar”, expuso el encargado de despacho de Protección Civil Municipal, Uriel Manzanares Tirado, quien asegura no tener conocimiento de las malas prácticas señaladas por los empleados, además de que “está muy blindada esta parte”, argumentando que cualquier empresa puede anotar una observación en su solicitud de inspección.
Pero admitió que lo que dependencia sí recibe, son “donaciones voluntarias”. Si no tienen el programa interno no son sancionadas, ya que se les da un plazo para que puedan cumplir con esta normatividad, “cuando aplicamos una sanción es porque se registró una contingencia como incendio o explosión, y detectamos que no se cuenta con los documentos correspondiente”, abundó.
De acuerdo al tabulador, estas sanciones van desde una hasta mil Unidades de Medida de Actualización (UMA), “aunque se aplica el rango más alto, lo que equivale a 84 mil pesos, es alta, pero es preferible a que tengamos un problema”, anotó.
Durante 2018, Protección Civil aplicó 81 multas, mientras que en el transcurso del presente año ha levantado 60 infracciones.
Al respecto, Salvador Díaz, presidente de la Asociación de Industriales de Otay, dijo que si una empresa no cumple con esa normatividad y se inspecciona, “se pide la extensión de plazo para poder cumplir”.
Respecto a las donaciones a Protección Civil Municipal, estas se realizan porque “vemos la carencia que enfrentan, no porque sean solicitadas”.
Por su parte, José María Armendáriz Palomares, presidente de la Asociación de Escuelas Privadas, aseguró no tener conocimiento de casos de extorsión de Protección Civil, pero confirmó que la Dirección municipal sí ha realizado verificaciones a los planteles educativos.
HECHO DENUNCIADO
La autorización de los programas internos de Protección Civil escolar al margen de la Ley, refiriendo en su fundamento legal solamente la Ley General de Protección Civil y su reglamento, así como el Reglamento de Protección Civil del Municipio de Tijuana, dejando a un lado la legislación estatal, fue denunciada a Contraloría del Estado el 17 de junio de 2019.
La queja se presentó con copia a Ana Marcela Guzmán Valverde, síndico procuradora de Tijuana; Leopoldo Guerrero Díaz, secretario de Gobierno de Tijuana; Francisco Rueda Gómez, secretario general de Gobierno del Estado; Víctor Lujano Sarabia, subsecretario jurídico del Gobierno del Estado; y al propio José Rito Portugal, ex director de Protección Civil.
Por ser de competencia municipal, Contraloría remitió el caso al Municipio, del que Antonio Rosquillas no ha obtenido respuesta, por lo que el jueves 4 de julio presentó de manera directa una denuncia ante Sindicatura Municipal.
No obstante, al requerir ZETA información sobre si se ha abierto una investigación al respecto, la respuesta de María Elena Sánchez, directora de investigación de la Sindicatura Procuradora de Tijuana, fue que en Protección Civil Municipal no hay alguna investigación abierta.
En cuanto a la salida de José Rito Portugal de la dirección de esa dependencia, indicó que no tuvo que ver con el seguimiento de ninguna investigación, al menos “no que conste en alguna investigación de Sindicatura. Si hay algo en su contra, en su momento la dependencia deberá dar vista a Sindicatura para que se le inicie procedimiento”.
En cambio, el actual encargado de despacho de Protección civil Municipal, Uriel Manzanares Tirado, afirmó que respecto a las observaciones de Protección Civil del Estado, “Sindicatura está viendo esa parte, nosotros nos tenemos que mantener al margen y hacer el trabajo que le corresponde al Municipio, la verificación”.
