Ignacio Benavente Torres, presidente de la organización Pro Libertad y Derechos Humanos en América -a quien el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) señaló por tener antecedentes de supuesto secuestro y estar detrás de las protestas de miles de elementos de la Policía Federal-, aseguró que la condena que cumplió en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 3, en Matamoros, Tamaulipas, fue parte de una trampa en su contra al no pagar 250 mil dólares.
“En 1990, en la ciudad de Tijuana [Baja California] se desapareció una persona que había ido a buscar un día antes […] me trataron de extorsionar para que yo pagara 250 mil dólares para no involucrarme”, dijo el ahora supuesto activista, quien aclaró, además, que no forma parte de la PF.
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Este mismo jueves, el funcionario federal acusó Benavente Torres, quien ha salido en reiteradas ocasiones a dar declaraciones como vocero de los manifestantes por ser miembro de la Policía Federal, estuvo preso por secuestro varios años y es ahora unos de los activistas del movimiento.
Además, Durazo Montaño afirmó que otro representantes del movimiento son parte de grupos de interés ligados a la compra de tecnología y la compra de gasolina. “Algunos líderes visibles del movimiento no son de la institución, son personas ligadas a grupos de interés usufructuados a la compra de gasolina no utilizada, compra de tecnología entre otros, abundó.
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El funcionario federal informó que realizan una auditoría y preparan denuncias por la adquisición de un sistema de inteligencia, sumamente potente, conocido como “Rafael”, que se contrató en diciembre de 2015 a un sobreprecio “QUE dividiría entre cuatro el valor real de este producto en el mercado”, además de que aún hay adeudo por mil 300 millones de pesos aproximadamente.
“Se adquirió por 2 mil 458 millones de pesos. Un solo producto de inteligencia, a través de la partida 33701 de gasto de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones del Estado, violando procedimientos establecidos de la norma”, explicó Durazo Montaño.
Detalló que el 7 de febrero se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por supuestas irregularidades en la contratación y adquisición. “Queremos informar que además de las denuncias […], se presentarán denuncia penal por estos hechos contra quien resulte responsable”, dijo.
