El plazo de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez que fue ampliado por el Congreso de Baja California para que dure cinco años y no dos, como se tenía previsto, de no quedar resuelto antes de que rinda protesta como gobernador del Estado, y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide darle revés, se tendría que quedar en dos años, informó el profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UABC, Mario Herrera Zárate.
“Normalmente los tribunales lo resuelven antes de que se lleven a la práctica, en este caso, antes del 1 de noviembre, pero, aunque pasara de periodo, la declaratoria inconstitucional tiene efectos hacia atrás. En este país, la aplicación hacia atrás de las leyes del principio de retroactividad sí procede entre casos: cuando beneficia a las personas, cuando se trata de derechos procesales y cuando se trata de reformas constitucionales federales, ahí no hay prohibición de que se aplique las leyes hacia atrás”, explicó el doctor en derecho.
Con respecto a la reforma que sigue pendiente de publicarse, Herrera Zárate, opinó que es una transformación violatoria de la Constitución de la República, porque transgrede el principio democrático establecido en la Constitución, ya que a partir de los resultados de la elección del 2 de junio en donde la gente votó por un gobierno de dos años, el Congreso de Baja California decidió alterar este principio, sin tener facultades para hacerlo, dándole tres años a un gobernador, contrario al motivo por el que la ciudadanía votó.
Asimismo, compartió su preocupación en el riesgo de que los tribunales pudieran quedar sometidos al Poder Ejecutivo, ya que muchos balances podrían caerse, puesto que no habría una hegemonía de carácter político.
