En poco más de siete meses, diputados de la XXII Legislatura cargaron al erario 37 millones de pesos en asesorías, comidas costosas e incluso hospedajes en moteles de Tijuana. El recurso, que debería destinarse al funcionamiento de su respectiva Comisión y en gasto social, es utilizado de manera discrecional, lo que ya ha sido visto por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, donde buscan definir mecanismos para que diputados lleven un proceso de entrega-recepción
Parece que la austeridad no afecta al Poder Legislativo.
En poco más de siete meses, los 25 diputados habrían gastado 37 millones de pesos provenientes de partidas de gasto social y funcionamiento de Comisión, por los que reciben mensualmente 350 mil pesos. Sin embargo, pocos de estos recursos fueron destinados a su objetivo.
Dado que no existe parámetro ni reglamentación sobre este recurso que perciben los diputados, se gastan de manera discrecional, generando excesos e incluso transas en el Congreso del Estado.
La segunda parte de este trabajo focaliza otro tipo de erogaciones efectuadas por algunos representantes populares, los cuales invirtieron gran parte del recurso en paseos, discos, asesorías, combustible, comidas que superan los 8 mil pesos y hasta estancias en moteles de Tijuana. El periodo descrito comprende del 1 de enero al 2 de agosto de 2018.
La información ha sido recabada desde hace más de ocho meses, debido a los intentos de funcionarios del Poder Legislativo por impedir su entrega, pese a que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) le dio la razón a este reportero sobre la obligación que se tiene para brindar máxima publicidad en lo concerniente al recurso público.
Marco Antonio Bolaños Cacho.
Al respecto, Luis Irineo Romero, secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), afirmó que para este cambio de Legislatura se pretende obligar a los diputados a llevar a cabo un proceso de entrega-recepción, tal y como lo hacen presidentes municipales y el gobernador, con el objetivo de brindar mayor certeza sobre los gastos durante su gestión, además de evitar que se apoderen de cualquier objeto que haya sido comprado con recurso público, como frecuentemente ocurre.
Este acuerdo fue emitido a través del Comité de Participación Ciudadana del SEA el lunes 24 de junio y tiene carácter de obligatorio para los organismos gubernamentales.
MÁS ASESORES
A través del recurso de revisión 297/2018, el Congreso del Estado se vio obligado a entregar -además de lo ya facilitado- 187 páginas donde definen sus gastos por fecha, empresa y Comisión encargada de realizar el gasto correspondiente.
Destaca la insistente contratación de los cinco diputados priistas de la empresa Servicio Administrativos Math, S de RL de CV, creada el 9 de diciembre de 2016, según indica el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC), y cuya pertenencia comparten tres personas de nombres David Valenzuela Salas, Pablo Martínez Martínez y Raúl Valencia López.
La empresa fundada en Tijuana proporciona todo tipo de asesoría fiscal, legal, contable, entre otras, y gozó del favoritismo priista, pues le fueron desembolsados varios millones de pesos por parte de todos los legisladores de la bancada.
Extrañamente, el 22 de marzo de 2018, los cinco diputados se pusieron de acuerdo y cada uno desembolsó 300 mil pesos para su contratación, por lo que en un solo día, a la empresa consultora se le pagó un millón 500 mil pesos.
El 18 de mayo también fue beneficiada con otro gran contrato presentado por el diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, quien dirigió dos cheques de 175 mil pesos para el beneficio de la misma.
Los priistas no fueron los únicos en hacer negocios con dicha empresa, pues la diputada del Partido Acción Nacional, Mónica Hernández, habría otorgado tres cheques por 58 mil pesos los días 24 de mayo, 9 de abril y 21 de marzo.
De la empresa no se sabe mucho, pues no cuenta con página de internet y como domicilio solo especifica la colonia Infonavit Latinos en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Tijuana. Referente a los propietarios, trascendió que David Valenzuela Salas enfrentaba un juicio hipotecario con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y en el RPPC de esta entidad, precisa que en 2013 aparece como “demandado” en un acta de embargo. Tres años después fundaría una empresa con percepciones millonarias.
Otro de los socios, Pablo Martínez Martínez, también es dueño de Juper Comercializadora, SA de CV, fundada en febrero de 2017 y que también alcanzó contratos con el Poder Legislativo.
De igual manera, Baxa Proveeduría y Servicios, SA de CV, establecida en 2014 por Roberto Hugo Arrieta Acero, Erik Salcido Pacheco y María Patricia Rosas Angulo, fue contratada para brindar diversos servicios para la realización de eventos públicos. Su oferta va desde comidas, carpas, sillas y planeación en general.
En solo siete meses, la empresa recibió varios contratos que en suma alcanzan los 195 mil 490 pesos, siendo los diputados Sergio Tolento Hernández y Andrés de la Rosa, quienes pactaron esos pagos.
Lo que llama la atención es que una de las fundadoras, de nombre María Patricia Rosas Angulo, ha sido empleada del Gobierno del Estado desde hace años -en 2011 aparece el primer registro-, al grado que todavía en 2017 era titular del Departamento de Licencias y Atención de Auditorías de la Secretaría de Educación y Bienestar Social.
No conforme con ello, el representante legal de la empresa -según el RPPC- se llama Cristian Mateos Carrizoza, militante activo del PAN desde 2011 conforme al padrón disponible en su página de internet.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Motel Jabaloyas.
Baxa Proveeduría y Servicios, SA de CV cuenta con página de internet, con el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo como sus principales clientes.
Otro asesor que llamó la atención fue el que contrató Carlos Torres Torres, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Poder Legislativo, quien en dos ocasiones pagó 30 mil pesos a Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, actual presidente ejecutivo del Consejo Estatal de Atención del Migrante. Ambos cheques fueron entregados los días 23 de marzo y 25 de abril, según consta en la documentación en poder de ZETA.
Se desconoce qué tipo de asesorías habría brindado el funcionario estatal y ex diputado por parte del Partido Encuentro Social, pues el documento no brinda detalles.
Es de recordar que por una cantidad similar, Torres Torres contrató a Óscar Vega Marín, ex candidato del PAN a la gubernatura, para brindarle asesorías en general, cuando la especialidad de Vega Marín no es precisamente el rubro de la Comisión que preside el actual legislador.
RESTAURANTES, MOTELES Y MÁS
Algunos legisladores también aprovecharon para darse ciertos lujos, como paseos, comidas y hospedajes en hoteles y moteles.
Entre estos se encuentra la realizada por el entonces presidente de la Comisión de Energía del Poder Legislativo, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, quien en dos ocasiones solicitó el reembolso de habitaciones en el motel Jabaloyas, ubicado en Avenida Arias Bernal de la Zona Centro de Tijuana.
La información indica que Corona Bolaños Cacho solicitó los servicios en este inmueble los días 25 de enero y 2 de marzo, por los que desembolsó mil 620 y 2 mil 700 pesos, respectivamente; se desconoce si había agenda legislativa en esos días en Tijuana, donde reside, pero en sus redes sociales compartió imágenes en las que se le ve en el pleno del Congreso, en Mexicali.
Del 25 de febrero al 2 de marzo no publicó absolutamente nada, hasta el día 3, cuando compartió un mensaje para conmemorar el 89 Aniversario del Partido Revolucionario Institucional, es decir, un día después de una de las fechas referidas.
Otro que lleva a cabo hospedajes atípicos es el diputado Benjamín Gómez Macías, quien en un solo día, 25 de enero de 2018, gastó lo correspondiente a cinco habitaciones del hotel Colonial de Mexicali, por un monto de mil 618 pesos cada una.
El mismo legislador goza de la buena comida, pues en una sola asistencia al restaurante con razón social San Marino, SA de CV, una parrilla argentina ubicada en Ciudad de México, desembolsó 9 mil pesos, según información que obra en la documentación proporcionada por el Congreso.
También Catalino Zavala, ex presidente de la Comisión de Educación, disfruta la buena comida y solo en una visita al restaurante Pampas Do Brasil, gastó 7 mil 870 pesos; varios legisladores compartieron su apetito y acudieron a este comercio, pero no cargaron al erario esas cantidades.
Otra de las compras que llama la atención, fue la del diputado Bernardo Padilla y la ex candidata Iraís Vázquez. Ambos acudieron a la empresa Promotora Musical, SA de CV o MixUp, cuyo giro es la venta de discos, equipo musical, videojuegos, entre otros productos relacionados.
El primero presentó gastos el 6 de marzo por montos de 16 mil 499 y 23 mil 378 pesos, mientras que la segunda erogó 20 mil 598 pesos.
Diputados del PRI.
Además de estos productos y servicios, legisladores cargaron con suma facilidad gastos por conceptos de gasolina, refacciones, comidas en restaurantes y hasta cafés por los que pagaban 50 pesos, mismos que prefirieron cargar al erario que pagar con su sueldo.
También se estableció que cada diputado paga entre 25 y 40 pesos al mes para mantener el servicio de telefonía e internet para el Congreso del Estado.
