De los 21 diputados que votaron a favor de cambiar la Constitución de Baja California para satisfacer los deseos del gobernador electo de estar en el cargo no dos años para los cuales fue electo por los bajacalifornianos, sino cinco como es su interés, únicamente tres fueron reelectos en la elección del 2 de junio de 2019: Víctor Morán, Catalino Zavala y Claudia Agatón. Los reeligieron para un mandato también de dos años. El resto, panistas, priistas, perredistas y partidos chiquitos, algunos acudieron a la reelección y fueron descartados por el electorado. Otros se resignaron a terminar su periodo y ya.
Desprestigiados ya por haber pertenecido a una legislatura que apoyó de manera incondicional al gobernador Francisco Vega de Lamadrid cuando de entregar los recursos del Estado se trataba, aprobar endeudamientos o darle luz verde para establecer convenios con Asociaciones Público Privadas, los diputados, salvadas excepciones como Miguel Osuna Millán, del Partido Acción Nacional, o Luis Moreno, de Transformemos, terminarán un periodo marcado por el entreguismo al Poder Ejecutivo, el exceso en el gasto, el abuso del recurso y la sospecha de la corrupción.
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A esa condición, el 8 de julio de 2019, al cambiar la Constitución para favorecer al gobernador electo, sumaron a su ignominiosa carrera un acto anticonstitucional, antidemocrático -por decir lo menos- que los llevará a enfrentar un probable juicio político.
Desprestigiados, negociaron para quedarse con cargos, puestos y pedazos de nómina, pues de acuerdo a declaraciones de los líderes nacionales de los partidos a los que pertenecen, por lo menos los del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, serán expulsados de sus institutos políticos por la indebida conducta del 8 de julio.
Sin convocar a gobierno y ayuntamientos como marca la Ley cuando se trata de una reforma constitucional, los diputados respondieron al llamado de Movimiento Regeneración Nacional en la figura del diputado Víctor Morán para violentar la democracia bajacaliforniana, ignorar el voto ciudadano y ampliar un mandato ya votado.
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De esta acción se desprenderán varias. Controversias constitucionales, recursos de inconstitucionalidad y por supuesto, juicios políticos. Pero, dijeran algunos lectores, qué les importa a los diputados si se van satisfechos en lo personal, con necesidades solucionadas.
La conducta del Legislativo bajacaliforniano trascendió el Estado y posicionó a Baja California como la entidad donde el voto popular no cuenta, donde prevalece, literalmente, la Ley de Herodes. De hecho circuló un videoclip donde tomando escenas de la obra cinematográfica del maestro Luis Estrada, “La Ley de Herodes”, se observa al protagonista, el presidente municipal de un pueblo abandonado, cambiar la Constitución a su antojo para perpetrarse en el poder, y de ahí al poder federal.
Los diputados convirtieron a Baja California en una caricatura de la democracia. En un laboratorio político la convirtieron los representantes de Morena que desde el Legislativo quieren tomar decisiones que corresponden única y exclusivamente a los electores.
Los diputados de Baja California le quedan debiendo no solo a los electores de esta entidad, también al Estado de Derecho, a la democracia, a la justicia. Se retirarán, si es que no reculan en su intento de construir un mandato anticonstitucional, en la vergüenza de la política mexicana moderna, que actuó como en los tiempos aquellos de la hegemonía priista donde el poder absoluto prevalecía sobre la voluntad del pueblo.
Para que no se olviden los nombres de los legisladores que actuaron contra la consigna de hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanan, aquí sus nombres:
Del PRI: Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Edgar Benjamín Gómez Macías. Bernardo Padilla Muñoz, Blanca Patricia Ríos López.
De Morena: Víctor Manuel Morán Hernández, Catalino Zavala Márquez y la recién adoptada Victoria Bentley Duarte.
Del PAN: José Félix Arango Pérez, Iraís María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón y Alfa Peñaloza Valdez.
Independientemente de los recursos legales que se avecinan para dar marcha atrás al acto anticonstitucional de los actuales diputados de Baja California, no habrá que perderles la huella. Si efectivamente son expulsados de sus partidos, ellos o sus parientes aparecerán en la nómina de la Legislatura, los ayuntamientos o el gobierno morenista que se avecinan. Será interesante ver dónde acaban, a qué se dedicarán cuando han vivido enteramente de la política y el gobierno, auspiciados por los partidos que se supone, hoy los desconocen.
Lo que sí, pasarán a la historia de México como aquellos que después de ser cómplices del endeudamiento de una entidad, pretendieron acabar con la representación del voto popular en un acto antidemocrático que será difícil de olvidar.
La Legislatura que viene, de mayoría morenista, instituto que con sus aliados ganó las 17 diputaciones de mayoría que estaban en juego, no tendrá una vara alta para iniciar labores, pero sí una responsabilidad para resarcir la imagen soberana del Congreso del Estado.
Se antoja difícil prever que serán un poder autónomo como el que integran, dadas las características del liderazgo que tendrán en el Gobierno del Estado, un personaje que aun sin tomar posesión, ya cuenta con una mayoría de 21 diputados y con tres de cinco ayuntamientos para ampliar el mandato para el que fue electo.
La tarea será no iniciar en el desprestigio como la Legislatura que termina.
Por lo pronto, los actuales diputados aún tienen tiempo de recular, de dar marcha atrás al cambio a la Constitución, como lo hicieron cuando anduvieron tras sus pasos después de aprobar, a propuesta del gobernador Francisco Vega, una Ley de Aguas que quitaba servicios a la comunidad y otorgaba ventajas a la iniciativa privada.
No sería, pues, la primera ocasión que se echaran para atrás. Por la democracia y el Estado de Derecho, deberían hacerlo, pero se ve difícil. Los intereses personales quedan por encima de las instituciones que integran y el servicio público parece ser un concepto en desuso en Baja California, donde para los diputados, el desprestigio es un calificativo que ignoran en aras de sus ambiciones desmedidas e inescrupulosas.
