La consejera general del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, consideró que la decisión que se tomó anoche en el Congreso de Baja California en aras de ampliar el próximo periodo gubernamental de 2 a 5 años viola principios básicos constitucionales.
En declaraciones a medios nacionales, la funcionaria del INE estimó que la iniciativa avalada con 21 votos de la XXII Legislatura quebrantó las reglas a partir de las cuales el electorado bajacaliforniano acudió a las urnas el 2 de junio, relativas a que el mandato en la administración estatal se extenderá por dos años, de acuerdo con el artículo 8vo transitorio aprobado en 2014 y para efectos de empatar en 2021 los comicios locales con los intermedios federales.
Según declaró al diario Reforma, resulta lamentable que la ciudadanía haya sufragado con la idea que elegir a un gobernador para un periodo bianual y que una entidad ajena al ámbito electoral, es decir el Congreso de BC, “cambie el sentido de la decisión que tomaron los ciudadanos”.
Recordó que luego de que lo dispuesto en 2014 se impugnó dos veces durante el actual proceso electoral, el 29 de mayo finalmente los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecieron que la convocatoria referente a la elección de mandatario estatal contempló dos años como duración del cargo y que ello no podía modificarse a mitad del proceso.
Consideró como “grave” y el escandaloso el proceder de los diputados bajacalifornianos. En una entrevista que concedió para W Radio igualmente calificó como “absolutamente absurdo pensar” que una vez que se eligió al militante de Morena Jaime Bonilla Valdez como próximo gobernador de BC, se pretenda modificar las reglas con las que fue electo.
Señaló que el decreto aprobado por todas las facciones parlamentarias excepto por el PBC y por los diputados panistas Miguel Osuna, Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa, aún no se encuentra “firme”, pues requiere del aval de la mitad de los municipios bajacalifornianos. Indicó que “pensando en que vivimos en un estado de derecho”, las autoridades municipales “primeramente” deben “analizar” la iniciativa.
Mencionó que de cualquier manera, la reforma pudiera impugnarse en los tribunales federales “en una acción de inconstitucionalidad” en el ánimo de “frenar una decisión que va en contra de las propias normas que nos hemos dado de principios constitucionales básicos como la no retroactividad de las normas”.
