Tiene hasta un slogan como toda campaña publicitaria: “¡Ya basta! No más extorsiones”. Y se está plasmando en espectaculares, carteleras y redes sociales. Se acompaña de fotografías de personas hablando por teléfono. Poco atractiva visualmente.
Se trata de una acción encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Baja California, patrocinada con dinero oficial con el objetivo de “prevenir, abatir y sancionar los delitos de extorsión y fraude telefónico”, de acuerdo a las palabras escritas en su propio plan de trabajo.
El lema que ya circula insuficientemente en el Estado es hasta confuso. Como si el delito en sí mismo entendiera la orden del ¡ya basta! Como si la cosa abstracta del acto antijurídico pudiera oír, recapacitar y ceder. O, más descabellado aún, que aquellos delincuentes (en su mayoría recluidos en prisiones fuera de Baja California) que han encontrado la manera de obtener impactantes ganancias ilícitas por medio de la estafa y la amenaza telefónica, se tornaran sensibles al clamor de un despacho gubernamental y pactaran el cese a su vida criminalmente lucrativa.
O concediendo, si la campaña implementada desde hace un par de semanas está dirigida a las víctimas, está de más la intención exclamativa, la ordenanza de detenerse que implícitamente incluye el mal planteado lema “¡Ya basta! No más extorsiones”.
Es una campaña de mentiritas para un delito que es real.
En los anuncios espectaculares que nacieron de esta campaña no se alerta de la forma de actuar del delincuente, no se explica mucho. Y qué decir de los fallidos intentos de trasladar el tema a las redes sociales de la SSPE. Las últimas publicaciones con infografías, videos y diseños contra la extorsión apenas superan las 36 reacciones en Facebook, ningún post en sus cuentas oficiales de esta red social del 24, 23, 21 y 19 de junio tiene más de dos comentarios. En la publicación del 19 de junio, solamente nueve personas dieron un Me Gusta o reaccionaron. Algo se está haciendo mal.
Por alguna razón, Fernando Sánchez González, secretario de Seguridad Pública estatal, lanzó la iniciativa contra el fraude telefónico hace dos semanas, lo ponderó frente al resto de los delitos y los problemas de inseguridad que sin precedentes sufre el Estado. Por ejemplo, la violencia y los homicidios, las adicciones y el narcomenudeo, el maltrato familiar, por mencionar algunos.
Pero no todo está perdido. En su plan de trabajo para prevenir el delito de fraude telefónico o el secuestro virtual, fortalecer la investigación y judicialización de los expedientes, pláticas a diferentes sectores “que lo soliciten” y capacitaciones multiplicadores, la SSPE debería incluir a los menores de edad para que desde sus escuelas, sin la necesidad de solicitarlo, reciban orientación, pues los niños han sido víctimas frecuentes de esta amenaza.
Otra acciones que podrían funcionar: la exigencia de capacitación y colaboración de las instituciones bancarias y establecimientos Oxxo, lograr que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal condicione a las entidades de la República Mexicana la instalación de inhibidores telefónicos en sus centros de readaptación social -como desde hace años lo hizo el sistema penitenciario de Baja California-, pues la mayoría de las llamadas de extorsión y fraude son realizadas desde prisiones, donde el uso de dispositivos móviles con redes sociales y líneas telefónicas no es restringido.
Desde luego, tal como lo intenta la secretaría, es necesario diseñar una campaña de información real, impactar los medios de comunicación y las redes sociales, difundir los riesgos, explicar qué hacer ante una llamada que busque amenazar, cómo reaccionar ante una llamada que avise un supuesto secuestro, la necesidad de un depósito para un familiar o conocido por encontrarse en problemas con alguna autoridad o la estafa de algún premio, empleo o beneficio a cambio de dinero, que son las formas más comunes de convertirse en víctimas de este ilícito.
Los estafadores han perfeccionado y afinado su actividad principalmente por medio del temor. Hacen creer a su víctima que está siendo vigilada y seguida, por medio de amenazas la obligan a aislarse en moteles durante horas, a no contestar llamadas de sus familiares. Exigen el código de la aplicación móvil WhatsApp para tener control de los mensajes a distancia, ordenan fotografiarse desnudas, maniatadas o en baños que simulen la privación de la libertad. Mientras tanto, se contacta a los familiares ya con la información proporcionada previamente por el teléfono, se les envían fotos, audios de voz o triangulan las llamadas para hacer creer que el secuestro está consumado. Así, los depósitos que nacen de la intimidación y el miedo, dejan grandes ganancias a los extorsionadores.
La SSPE apuesta a la prevención más que a la sanción. En sus planes no está un solo punto que sugiera dar seguimiento y orientación a quienes ya fueron víctimas del delito para, entonces sí, poder investigar y sancionar a los responsables.
De acuerdo al Centro Estatal de Denuncia Anónima, en los últimos cinco meses, en Baja California los estafadores lograron obtener depósitos por 2 millones 926 mil 897 pesos y 2 mil 942 dólares en diferentes bancos, principalmente Citibanamex, y aunque no lo explica, seguramente es porque en cualquier Oxxo, cualquier persona puede obtener una cuenta con esa institución bancaria al instante.
Según la SSPE, “un alto porcentaje” de las llamadas de extorsión en Baja California provienen de tres penales: Puente Grande en Jalisco, Santa Martha Acatitla en Ciudad de México y El Centro de Altamira en Tamaulipas.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado tomó la iniciativa para inhibir un delito -ante otros más urgentes– que atrapa a incautos y genera ganancias especialmente en delincuentes presos. El reto está en informar bien para prevenir, contar con buenos estrategas y expertos en comunicación. Lo cierto es que no se puede llegar a toda una sociedad para no caer ante una situación que simula ser real. La solución más justa debería ser perseguir y sancionar a delincuentes y sus cómplices.
