El Consejo de la Judicatura ratificó el amparo promovido por un grupo de ciudadanos tijuanenses que deja sin efectos el dictamen de factibilidad de uso de suelo y la licencia de construcción de una estación de carburación de gas LP, ya que fueron otorgados de forma irregular.
En una de las contestaciones que hizo la Consejería Jurídica del Ayuntamiento como parte del juicio de amparo, la dependencia municipal admitió que estos permisos se entregaron pese a la existencia de una moratoria municipal, lo que resulta en un acto irregular.
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El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, ratificó la sentencia a favor de los ciudadanos Rubén Diosdado Luna y Wendy Iracema Rocha Flores, quienes habían solicitado se revocaran los permisos otorgados a la empresa Distribuidora de Energéticos de Baja California, representada por Jaime Enrique Leal.
La compañía, asociada con la empresa Blue Propane, pretendía la construcción de una gasera en el fraccionamiento La Joya, pero se enfrentaron a residentes que han encabezado un movimiento de oposición por considerar las instalaciones un riesgo para la comunidad.
En el caso de este amparo, promovido en 2017, los vecinos de la colonia ubicada en la delegación San Antonio de los Buenos, argumentaron ante el juez de amparo que la instalación no solo afectaba su seguridad, sino que los permisos fueron emitidos por el gobierno de Juan Manuel Gastélum de forma irregular.
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El terreno donde se pretendía construir la estación de gas LP tenía una superficie de 11 mil 527 metros cuadrados y obtuvo el 11 de abril de 2016 el dictamen de factibilidad de uso de suelo, mientras que la licencia de construcción fue aprobada el 9 de febrero de 2017, cuando la moratoria ya había sido publicada.
Por lo que, el tribunal ordenó al jefe de Departamento de Uso de Suelo, Rafael Valdivia Reyes; al jefe de Departamento de Edificación, Roberto Jesús Lara Rangel y al subdirector de Control Urbano, Manuel García Ramírez, dejar sin efectos estos documentos.
Para la asociación civil “Retos y Logros Cumplidos”, esta determinación sienta un precedente en cuanto a las otras 23 estaciones de almacenamiento y distribución de gas LP que recibieron permisos de uso de suelo por parte de la administración municipal encabezada por Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
La organización sin fines de lucro sostiene que estas instalaciones se encuentran dentro de colonias populares y a escasos metros de escuelas, iglesias, centros de salud y otros inmuebles que no resultan aptos como una estación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De igual forma, el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN) confirmó en documentos oficiales, que algunas de estas estaciones se encuentran en suelos inestables, lo que conlleva un riesgo para su operación.
