A Carlos Ortiz, la empresa Autotransportes de la Costa le entregó un auto 2018 con problemas en la carrocería, y aunque en múltiples ocasiones solicitó el apoyo, nunca le arreglaron el problema.
Cuando fue a recoger a la agencia el Dodge Attitud 2018, en octubre del año pasado, Carlos le notó ciertos detalles en la carrocería y se lo hizo saber al vendedor, quien le aseguró que eso se podía solucionar por la garantía y el mantenimiento.
Sin embargo, cada vez que lo llevó al taller se lo regresaban igual. Posteriormente, comenzó a tener problemas con los frenos del auto, al grado de sufrir dos accidentes automovilísticos.
“Yo sabía que eso no estaba bien, se supone que ya le habían revisado los frenos, eso no debía pasar, el carro estaba nuevo”, dijo Carlos a Semanario ZETA.
Un peregrinar
El afectado fue a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en donde tampoco le dieron solución, confesó, a pesar de que vio que la agencia tenía múltiples denuncias por el mismo modelo.
“Nadie te dice nada sobre qué tienes que hacer para poner tu queja, ni lo que necesitas. Me dijeron que mi denuncia no procedía porque, primero, debí ingresar mi carro al taller, y pedirles una carta compromiso a la empresa, y después poner la denuncia, entonces que no podían hacer nada”, señaló.
Cuando el carro volvió a fallar, acudió por asesoría de Óscar Zárate, el encargado de despacho de Profeco en Baja California, y realizó el trámite correctamente esperando una conciliación, bajo el expediente PFC.VCN.V.3/000760-2019, pero la agencia respondió que el vehículo había recibido el mantenimiento y se encontraba en perfectas condiciones.
El pasado 16 de julio fue la última audiencia entre Profeco, la agencia de autos y Carlos, en donde la representante de la dependencia federal verificó el estatus del auto, que efectivamente presentaba daño en la cajuela.
Alejandro Madrigal, quien se identificó como el representante de la agencia de autos, mencionó que el auto estaba en buenas condiciones y especificaciones, por lo que no miraba cuál era el problema, y se negó dar más declaraciones.
Al respecto, Carlos Ortiz pidió rescindir el contrato de compra-venta a su favor, pues de acuerdo con el mismo, la empresa no cumplió con su parte y esto lo faculta para romper con lo pactado, por lo que de no llegar a un acuerdo, la querella pasará a los juzgados civiles.
A pesar de que este Semanario se contactó en múltiples ocasiones con Óscar Zárate, encargado de despacho de Profeco, éste sólo respondió en dos ocasiones y se limitó a decir que él estaba asesorando a la parte afectada personalmente, y que su personal se encargaría de proporcionar la información requerida, pero no sucedió.
