El Departamento Jurídico y Sindicatura detectaron un acto de irresponsabilidad en la firma del contrato celebrado entre el XXII Ayuntamiento y la empresa que colocará los estacionómetros, por lo que promovieron un juicio de lesividad que busca anular la firma. Por el momento el tribunal resolvió a favor del demandante, cuando la concesión fue decisión del alcalde y la titular de Oficialía Mayor
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La compañía Iberparking, SA de CV fue notificada sobre la suspensión provisional del proceso de instalación de estacionómetros en la Zona Centro de Ensenada el 24 de mayo.
Los promoventes del juicio de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fueron el Departamento Jurídico del Ayuntamiento y Sindicatura Municipal.
De hecho el alcalde Marco Antonio Novelo se comunicó a ZETA para decir que van por la anulación de la concesión, para no perder ni un peso.
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Afirmó que originalmente estuvo con el proyecto, pero cuando vio el rechazo social, lo desechó.
No obstante, en el expediente 138/2019, ambas dependencias ventilaron una serie de irregularidades cometidas por sus funcionarios y acusan a la compañía de complicidad.
Según el expediente, en el contrato de Concesión para la Prestación del Servicio de Cobro de Derechos por Concepto de Estacionamiento de Vehículo en Vía Pública Regulado por Parquímetros, existe un margen de error, dolo e incompetencia.
Foto: Enrique Botello.- Rolando Daniels Pinto representante de la empresa de parquímetros
Además, en la elaboración del convenio no participó el Departamento jurídico del Ayuntamiento, sino que fue una decisión del alcalde Marco Antonio Novelo Osuna junto con la oficial mayor Mónica Vargas Núñez, a quien se señala como responsable.
IRREGULARIDADES DEL MISMO GOBIERNO
El juicio de lesividad fue promovido tras detectar un acto administrativo que no se realizó conforme a Derecho. En este caso, el contrato entre Iberparking y el XXII Ayuntamiento de Ensenada.
En el expediente en poder de ZETA, se puede constatar que el Jurídico del Ayuntamiento y la Sindicatura pretenden anular el acuerdo de Cabildo del 22 de noviembre de 2018, cuando se aprobó el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Ensenada que dio paso al proceso de licitación.
Con base en el Artículo 45 de Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la intención, es demandar directamente a Iberparking, la improcedencia de que el Cabildo ordenó aplicar el Reglamento de Adquisiciones en la concesión de parquímetros.
Artículo 45 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
La autoridad que deduce la acción de lesividad, podrá invocar para tal efecto, la incompetencia de quien emitió los actos o resoluciones, la indebida fundamentación y motivación de los mismos, derivada del error de quien emitió el acto o resolución, el dolo del particular beneficiado, el pago de los indebido, el reconocimiento u otorgamiento de los derechos que no correspondan, así como el indebido ejercicio de facultades discrecionales.
A pesar que la Ley de Régimen Municipal establece que previo a concesionar, los municipios deben tener un Reglamento de Concesiones por separado, se menciona que existe un error de la oficial mayor Mónica Vargas, quien firmó concesionar algo distinto a lo especificado en el acuerdo.
Si bien en la convocatoria se estableció que el bien a concesionar era “el servicio de estacionamiento de vehículos regulados por parquímetros”, en la mencionada sesión de Cabildo se determinó que el bien a concesionar era “el uso de la vía pública para la prestación del servicio de estacionamiento público mediante la instalación, operación, administración y mantenimiento de parquímetros”.
Lo anterior, afirmaron, es incompetencia de las personas que firmaron el convenio.
“En el contrato se dice que se concesionó la prestación del servicio de cobros de derechos, lo que es imposible”, resaltaron, además de acusar que existe dolo por parte de la empresa, al ocultar que le había sido revocada una concesión y que el cobro de parquímetros es ilegal, ya que el pago de derechos no figura en la Ley de Ingresos.
IBERPARKING RESPONDERÁ A SUSPENSIÓN
El posicionamiento de la compañía respecto al logro del Ayuntamiento es que si bien ellos lograron una suspensión provisional, el área jurídica está revisando para responder en tiempo y forma como lo señala la notificación, esto es, un proceso de análisis de la demanda y su respuesta.
“El asunto se tiene que tratar con cuidado, obviamente quienes integran la compañía están en desacuerdo, pero merece toda la atención”, fue el posicionamiento.
Respecto a la información divulgada por el Ayuntamiento hay una inexactitud: “No es cierto que nos hayan negado la suspensión definitiva ni mucho menos el amparo, sino que negaron una suspensión provisional y se recurrió esa resolución”, por lo tanto, el proceso de amparo persiste
El Ayuntamiento afirmó que la empresa tiene quince días para dar respuesta al Juzgado, ya que recibió la demanda y el emplazamiento en lo relacionado al juicio de lesividad. Solo en caso que no prosperar, el gobierno municipal dispone de cinco años para volver a demandar.
EN JUNIO SE PROYECTA LA INSTALACIÓN
La compañía está convencida que el problema de movilidad de Ensenada se resolverá con la instalación de estacionómetros que agilizan el flujo vehicular.
De acuerdo con el polígono, los instrumentos se colocarán desde la calle Ryerson pasando por Virgilio Uribe, Bulevar Costero, Castillo y Séptima.
Aunque no hay una opción para las unidades de los empleados, sí consideran un mayor uso del servicio de transporte público.
Ante el Grupo Madrugadores de Ensenada, el representante de Relaciones Públicas de la empresa, Rolando Daniels Pinto, detalló en qué consiste el proyecto: en junio se instalará el primer equipo, aunque no tienen fecha exacta para su arranque y, conforme a los números, mencionó que son 3 mil 500 espacios de estacionamiento, controlados por 186 parquímetros cuyo costo por cada 15 minutos será de 2.50 pesos, en horario de 8:00 am a 8:00 pm.
Se calcula que los ingresos totales sean por hasta 19 millones de pesos anuales.
Los equipos que se instalarán son anti-vandalismo y con un sistema de comercialización de negocios a través de pantallas.
Como parte de la contraprestación, el capital que corresponde al Ayuntamiento es de un 70 por ciento para la empresa y el resto para el gobierno.
Carles Arroyo es el propietario de la patente de origen español, quien cobrará las regalías correspondientes. La inversión es de 46 millones 933 mil pesos.
Foto: Enrique Botello.- Síndico procurador Karina Castrejón.
INVESTIGAN ERRORES, DOLO E INCOMPETENCIAS
Una vez firmado el convenio, con irregularidades, la empresa se convierte en cómplice del Municipio, siendo este uno de los argumentos legales para no condenar al Ayuntamiento a pagar el daño patrimonial.
Sobre este supuesto, la síndico procuradora Karina Castrejón Bañuelos respondió que es un planteamiento del Jurídico y la instrucción es procurar que no se genere un gasto.
Reconoció que hubo “vicios” en el procedimiento de licitación, ya que Cabildo determinó concesionar los estacionamientos, y en el contrato lo que se concesionó fueron los derechos.
Aclaró que Oficialía Mayor no tiene facultad para ceder derechos y, de acuerdo la Ley de Régimen Municipal, este trámite debe pasar por Cabildo, pero lo pasaron por alto.
“Con esto se entendería que ese contrato no tiene validez, porque no tiene autorización de Cabildo”, y reiteró, no existe el compromiso de iniciar una investigación en perjuicio de los funcionarios.
Por último, la funcionaria aceptó que como síndico es parte del Comité de Adquisiciones, pero no votó.
IRREMEDIABLE DAÑO PATRIMONIAL
El coordinador de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Orlando Toscano Agapito, quien participó en el proceso, defendió la concesión y se pronuncia a favor de la instalación de parquímetros.
Desde un inicio, él aseguró que en el procedimiento jurídico que se llevó a cabo, el Ayuntamiento no tiene obligación de mostrar el convenio al Jurídico del Ayuntamiento, como tampoco a la ciudadanía.
Este tipo de convenio permite al gobierno municipal tener más ingresos, sobre todo mejorar la movilidad en la Zona Centro, advirtiendo que cualquier modificación o cancelación al acuerdo firmado con la empresa, generará un daño patrimonial a la comunidad de Ensenada.
CONVENIOS TRIANUALES “MISTERIOSOS”
El empresario Benito Altamira manifestó que existe preocupación porque los ayuntamientos “comienzan a parecer contratos misteriosos” que se firman con una velocidad que impresiona a cualquiera.
Tales acuerdos, dijo, “dejan la víbora chillando al Ayuntamiento que sigue”.
Como antecedentes mencionó a PASA, empresa española a la que se entregó un acuerdo para operar el tratamiento de la basura, lo mismo sucedió en el XXI Ayuntamiento con la concesión de las luminarias, que no funcionó.
Ahora se tiene la intención de dejar instalados parquímetros a la compañía Iberparking, pero no se sabe nada de la pureza o limpieza de la operación de las empresas que maneja y, aunque no es una compañía extranjera, la familia que licitó por este proyecto compra los equipos en España.
Bajo este criterio, Altamira puso en duda que el proceso de convenio se haya llevado a cabo con estricto apego a la legalidad.
