En noviembre de 2018, la empresa Seguritech, contratada por el Gobierno del Estado de Baja California para la construcción, instalación y mantenimiento del C5i, un sistema de seguridad por casi 800 millones de pesos durante diez años, presentó una demanda por daño moral contra un grupo de empresarios locales que señalaron irregularidades en el contrato, y contra cuatro periodistas que dieron seguimiento al tema. Entre ellos, Isaí Lara Bermúdez y Eduardo Villa Lugo, quienes forman parte de esta casa editorial. Tras la difusión de la demanda en comunicación, incluido un reportaje en la edición anterior de ZETA, una representante de la compañía instalada en Ciudad de México llamó a los periodistas a sus teléfonos personales -quienes no habían sido notificados de la demanda por personal del Poder Judicial- para informarles que el recurso sería retirado. El miércoles 12 de junio, el apoderado legal de Seguritech presentó ante el Juez 57 de lo Civil en Ciudad de México, un escrito para desistir de la demanda no solo hacia los periodistas, sino al grupo de titulares de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tijuana, Mexicali y Ensenada; así como a los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública. En el caso de Juan Manuel Hernández Niebla, quien ya había denunciado campañas negras en su contra por oponerse al proyecto del C5i, el proceso legal para retirar la demanda será otro, ya que fue el único en recibir notificación. A decir del personal de Seguritech, el retiro de la demanda no fue consecuencia de los reportajes que dieron a conocer esta acción legal, pero de haber sido interpuesta desde noviembre, no fue sino hasta después de que se difundió en medios de comunicación que la empresa desistió del recurso legal.
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