El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, evidencia que no le importa pasar por encima del voto de los bajacalifornianos emitido el 2 de junio, quienes salieron a las urnas para elegir un gobernador por dos años, coincidieron especialistas en derecho constitucional. Esto a propósito de que, en conjunto con su equipo de abogados, el 14 de junio interpuso un nuevo recurso legal para ampliar la gubernatura por cinco años a través de un “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, el cual versa en contra del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el Congreso del Estado.
El recurso enviado directamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –la misma que en dos ocasiones ha sentenciado que la gubernatura en Baja California tendrá duración de dos años-, fue presentado con carácter de “urgente resolución”, pero, se desestimó por el tribunal federal el 19 de junio, y se envió al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC), para que sea este quien se encargue de dar sentencia al tema.
Amador Rodríguez Lozano, responsable del equipo de transición del gobierno de Jaime Bonilla, compartió que, la impugnación interpuesta fue en contra del dictamen relativo al cómputo de la elección a la gubernatura del estado, declaración de validez de la elección y de Gobernador electo, recibido por el IEEBC, en donde se estableció que la gubernatura será desde el 2019 hasta el 2021, y no por cinco años, como indicaba la convocatoria al momento que el hoy gobernador electo se registró.
A pesar de la confianza mostrada por parte del equipo del gobernador electo para que la Sala Superior les resolviera su petición de juicio, ésta decidió reencauzar el expediente SUP-JDC-115/2019, hacia el TJEBC, declarándolo como improcedente ante ellos, por considerar que “no ha agotado la instancia previa -TJEBC-, y, no cumplir el requisito de definitividad”, según lo establecido en el artículo 10, apartado 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Asimismo, se informó que el Tribunal Estatal tendrá un lapso de 30 días después de recibir el expediente para generar otra resolución.
Analistas consideran inviable el juicio
Con este juicio, el gobernador electo, busca principalmente: modificar el dictamen entregado por parte del IEEBC donde se indica que su gobierno será por dos años, alegando que su registro como candidato fue bajo una convocatoria por cinco años, además de solicitar la invalidez del Decreto 112 que incluye el artículo 8vo transitorio, el cual atribuye que la gubernatura de 2019 será por dos años, señalando que fue una reforma viciada por parte del Congreso del Estado en donde tres de los cinco ayuntamientos no fueron notificados; y modificar la reducción arbitraria para el cargo de gobernador que establece el artículo 44 de la Constitución Política de Baja California. El resultado final podría no favorecerle a Bonilla Valdez, opinaron dos especialistas en Derecho Constitucional, entrevistados por Zoom Político.
El ex magistrado del TJEBC, Martín Ríos Garay, puso de manifiesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha enfatizado que no se puede vulnerar la voluntad popular, por lo que no se le pueden ampliar periodos a funcionarios electos, ya que, de lo contrario se estaría violentando la voluntad popular. Explicó que el 2 de junio estaba vigente el Decreto 112 en Baja California, por lo que el electorado salió a votar por una gubernatura por dos años, para hacer coincidir con los comicios federales. De igual manera, acotó que el artículo transitorio 8vo incluido en el decreto antes mencionado, ya surtió efecto, por lo que no se podría derogar un artículo que fue cumplimentado.
Con respecto a los amparos interpuestos por los municipios de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, indicando que en 2014 no se les notificó, Ríos Garay, agregó que, el tribunal deberá confirmar si no son posturas de origen electoral, ya que cada uno de estos municipios tuvieron la oportunidad de impugnar a través de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revisara el proceso legislativo, pero que, ninguno de estos ayuntamientos lo hizo aun cuando estuvieron enterados del decreto 112 desde la entrega de sus constancias de mayoría en 2016, cuando se les indicó a los integrantes de los ayuntamientos, que sus administraciones tendrían una duración de tan sólo 2 años con 10 meses, como parte de la reforma del 2014.
Por su parte, el ex senador y doctor en derecho, Roberto Gil Zuarth, manifestó, “Me parece que esto es un fraude a la ley, es un fraude a la constitución, y así ya lo ha determinado de manera reiterada el tribunal electoral. No se pueden hacer valer derechos humanos, el derecho al cargo, cuando el proceso electoral ya inició, cuando ya se definió por regla vigente, que el cargo sería por dos años y no por un periodo completo, cuando los candidatos se registraron y fueron a campaña, y cuando los ciudadanos fueron a las urnas sobre la base de que sería una gubernatura de dos años”.
En el caso de Daniel Solorio Ramírez, quien es catedrático en derecho y fundador de Morena en Baja California, describió la conducta de Bonilla Valdez y su equipo, como tramposa y moralmente condenable. Que después de que las personas votaron por él, por una gubernatura de dos años, pretenda “huachicolear” a la gente, y decidir que no va a gobernar por dos años.
“Si pudiera conminaría a ambos -Jaime Bonilla y Amador Rodríguez-, a respetar la voluntad del electorado, por cierto, del pequeño electorado que les dio su voto… Pretender que dos años se pueden convertir en seis, es de entrada una inmoralidad política, que yo, en mi carácter de miembro de Morena, la condeno abiertamente”, señaló.
De no ganar juicio ante tribunal, Bonilla buscará reformar constitución de Baja California
En caso de no sea favorecido en la más reciente solicitud de juicio, Amador Rodríguez explicó, que el gobernador electo Jaime Bonilla, solicitará al Congreso local que reforme la Constitución Política del Estado de Baja California para lograr ampliar la gubernatura a cinco años.
Sobre esta declaración se consultó al doctor en derecho constitucional y catedrático de UABC, Isaac de Paz González, quien refirió que este tipo de reformas serían posibles, ya que la constitución del estado en su artículo 112, indica que para reformase la constitución es necesaria la aprobación de dos terceras partes del total de diputados, así como la mayoría de los cinco municipios, los cuales, en la próxima administración, serán parte de la coalición “Juntos Haremos Historia por Baja California”.
En cuestiones técnicas, el nuevo congreso tendría que desechar el decreto 112, quedando sin efecto lo atribuido por el artículo 8vo transitorio, volviendo a ser la gubernatura por seis años, y de querer cambiarla a cinco para que empaten con las elecciones del 2024, el congreso deberá realizar un nuevo dictamen con el artículo transitorio correspondiente.
Este procedimiento fue confirmado por el ex magistrado Ríos Garay, quien agregó, que, este tipo de reformas deben estar sujetas a un control de constitucionalidad, y de observarse que es inconstitucional, serían los tribunales, quienes deberán intervenir. Además, indicó, que quienes resulten inconformes tendrían un lapso de hasta 30 días después de que se anuncie la reforma constitucional, para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
