Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), votaron el pasado 26 de junio la invalidez constitucional del Dictamen 137 y el Decreto 64 que emitieron el Poder Legislativo y el Gobierno estatal de Baja California, respectivamente, en septiembre del 2016. Con dicha resolución, el Ayuntamiento de Ensenada ganó el conflicto territorial que por casi una década sostuvo con el municipio de Rosarito.
Marco Antonio Novelo Osuna, celebró la estrategia seguida por su Gobierno con el apoyo del director de asuntos jurídicos, Tomás Burns, la cual fue “legal, no de protagonismos”, misma que también contó con el apoyo del senador Gerardo Novelo Osuna, así como del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio, y de líderes sociales, dijo el alcalde ensenadense, según un comunicado emitido por el Ayuntamiento.
En la sesión del pasado 26 de junio, la Primera Sala de la SCJN abordó la controversia constitucional 158/2016, conocida como el conflicto territorial de los límites entre Ensenada y Rosarito, la cual se resolvió a favor del primero, ordenando que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el Periódico Oficial del Gobierno de Baja California, así como, también, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
El resolutivo del Dictamen 137 del Congreso local, mismo que quedó sin efecto -al igual que el Decreto 684 que lo publicó-, establecía que “en términos del último párrafo del artículo 76, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, respecto de la superficie en disputa se resuelve en forma definitiva e inatacable la presente controversia territorial a favor del municipio de Playas de Rosarito”.
