Derivado de la reforma laboral, publicada el pasado 1 de mayo, organizaciones gremiales con más trabajadores afiliados enfrentarán una “guerra cruenta” por liderar la contratación colectiva en México, previó Arturo Méndez Preciado, ex titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tijuana.
Al participar en la sesión 43 del Grupo 21, el abogado postulante anticipó que agrupaciones afines al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATAM) de Pedro Haces y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) de Napoleón Gómez Urrutia buscarán hacerse de más contratos colectivos, quitándoselos a la agrupaciones con otros vínculos partidistas, como la CTM, CROC y CROM, que pretenderán conservarlos.
Ya que, dijo, el valor de las centrales obreras radica en sus contratos colectivos y sus agremiados representan cuotas sindicales y un capital político que puede ser usado por sus líderes para obtención de posiciones políticas, explicó Méndez Preciado, quien opinó que “habrá mismos métodos sólo que van a cambiar los actores”.
En ese sentido, anticipó que el país viviría un nuevo corporativismo, ya que Morena y “este nuevo sistema de gobierno necesita el apoyo de las centrales obreras, de los trabajadores”.
En cuanto a los cambios que habrá por esta reforma laboral, el abogado precisó que desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje para establecer tribunales laborales, que deberán funcionar en un plazo máximo de 4 años.
Desde su perspectiva, esto es un error, y por el contrario, debieron fortalecer a las Juntas de Conciliación y Arbitraje dotándolas de presupuesto, personal, capacitación y autonomía financiera.
Además, se creará el Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral que estaría operando también en un plazo máximo de 4 años, y que le quitará la facultad a los Estados de registrar a los sindicatos y los contratos colectivos.
Otro cambio es que se deberán elegir, mediante voto libre y secreto, a los líderes sindicales y la representatividad de los contratos colectivos. Para ello, los sindicatos tienen que modificar sus estatutos, lo que deberán hacer en 8 meses, así como establecer el procedimiento para el consentimiento de los trabajadores para la firma del contrato colectivo y de un año para seleccionar a líderes sindicales.
Lo anterior, dijo, podría traer beneficios para los trabajadores, toda vez que en la actualidad 90% de los contratos colectivos son contratos de protección por sindicatos blancos.
