Resoluciones judiciales otorgan protección constitucional de forma parcial a organizaciones de la sociedad civil para que autoridades aporten estudios, dictámenes y/o autorizaciones para realizar el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Los avances en el Aeropuerto de Texcoco no pueden ser modificados o destruidos. Gerardo Carrasco, abogado de #NoMásDerroches, se dice consciente de que las resoluciones son modificables, pero por lo pronto les dan la razón de que se debe cumplir con los requisitos mínimos que señala la Constitución
La suspensión provisional y suspensión definitiva otorgadas en por lo menos seis juicios de amparo de un total de 147 promovidos por miembros del colectivo #NoMásDerroches, frenaron -por el momento- el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía y consiguieron que no se destruyan ni alteren los avances que presentaba el Aeropuerto Internacional en Texcoco.
La noticia no ha caído bien durante las últimas semanas en el Poder Ejecutivo, que ha denostado la lucha jurídica de organizaciones de la sociedad civil, sus miembros y las resoluciones de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, calificándoles de adversarios políticos y de corruptos.
Gerardo Carrasco Chávez, director de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, además de abogado de #NoMásDerroches, asegura que los amparo son parte de una iniciativa de despachos de abogados que colaboran gratuitamente en los asuntos, pilotos aviadores, pasajeros y personas que utilizan servicios aéreos desde y hacia Ciudad de México, así como un grupo de vecinos de las zonas aledañas a Texcoco y Santa Lucía.
Entrevistado por ZETA, Carrasco Chávez aseguró que su único interés en común es” velar por el ejercicio debido de los recursos públicos en México”. Piensa que la cancelación del Aeropuerto de Texcoco no se encuentra justificada legal y constitucionalmente, y que en el proyecto alternativo de Santa Lucía, no se ha demostrado por parte de las autoridades que cuenten, al momento, con un solo estudio técnico, aeronáutico, financiero, económico, ambiental, jurídico, etcétera.
Los integrantes del colectivo están convencidos -expertos les han comentado incluido el Colegio de Ingenieros Civiles- que Santa Lucía no es el lugar adecuado para construir un aeropuerto, como sí lo es Texcoco.
Carrasco refirió que al final, los órganos jurisdiccionales resolverán el fondo de los actos reclamados, “lo que nosotros hacemos es cuestionar -no solamente es un derecho, sino una obligación ciudadana- y vigilar el ejercicio de los recursos públicos. La última palabra no la tenemos nosotros, ni el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial de la Federación, de manera imparcial, autónoma e independiente, con un sentido de justicia, resolverá si tenemos o no razón; nosotros, bajo los conceptos que se están planteando”, reiteró.
SUSPENSIÓN DE ACTOS
Aunque se trata de diversos tipos de suspensiones obtenidas en algunos de los juicios de amparo que se tramitan en por lo menos 60 Juzgados de Distrito de por lo menos ocho entidades federativas, Gerardo Carrasco Chávez detalló que las suspensiones definitivas concedidas en la semana del 17 al 21 de junio son las más relevantes, pues abarcan todos los temas presentados en los agravios.
“Despertamos el lunes 10 de junio con la noticia de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende inundar los avances del Aeropuerto de Texcoco para construir una especie de parque ecológico o parque acuático. Es una coincidencia interesante porque se da precisamente una semana después que se empiezan a otorgar suspensiones en esta serie de litigios”, dijo el jurista.
Sin embargo, esa declaración robusteció los argumentos de los juicios de amparo, “puesto que ahora sí, una vez más, se encuentra comprobado que es urgente -a fin de preservar la materia del litigio-, ordene que se suspenda cualquier labor de destrucción, desmantelamiento, desmonte o inundación de las obras del Aeropuerto de Texcoco. ¿Hasta cuándo? Hasta que se terminen los juicios de amparo”, planteó, para agregar:
“Las suspensiones tampoco permiten al gobierno continuar con el proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía porque no cuentan con los permisos correspondientes, entre ellos el dictamen de impacto ambiental que no solo debe ser autorizado por parte de la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), sino por parte de las autoridades ambientales del Estado de México, porque las dos Áreas naturales Protegidas que se encuentran en las zonas aledañas al Aeropuerto de Santa Lucía son de índole estatal”.
Efectivamente, se trata de un Área Natural Protegida con la categoría de Parque Estatal: la zona conocida como Laguna de Zumpango, entre los municipios de Zumpango, Teoloyucan, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Nextlalpan, Tepotzotlán, Coyotepec, Huehuetoca y Tequixquiac, para ser destinada a la preservación, protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del entorno. Comprende zonas de vocación forestal con cobertura vegetal y en diferentes estados de degradación ambiental, sujetas a uso distinto a su naturaleza, cuya recuperación sea necesaria para mantener su importante función ambiental, como la captación y almacenamiento de agua pluvial.
La función del área en mención es propiciar la recarga de mantos freáticos; protección de la biodiversidad nativa o migratoria, especialmente de especies, flora y fauna, terrestre y acuática, en peligro o en riesgo de extinción; estabilización de suelos que pudieran generar deslaves y azolves que afecten el patrimonio y la vida de la población; y asegurar la sustentabilidad ambiental y social de los entonces más de 930 mil habitantes de los municipios mencionados y a una población indirecta mayor.
El abogado de #NoMásDerroches dijo que el Gobierno Federal también deberá entregar autorizaciones en materia arqueológica por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); permiso o dictámenes en materia de seguridad; estudios en temas aeronáuticos; autorizaciones en viabilidad social, política e institucional.
“Vemos que es una suspensión bastante amplia, que limita de cierta manera el actuar de las autoridades para construir este aeropuerto. Creo que al final todos nosotros, incluso las propias autoridades, están conscientes que para construir una aeropuerto, prometido para iniciarse este mes de junio, tiene que tener los estudios y requisitos mínimos que establecen las leyes, la Constitución y sobre todo los Tratados Internacionales”.
A la fecha, lo único que se sabe por una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) elaborada por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México divulgada el 19 de mayo último, es que se plantea tirar más de 5 mil árboles de 26 diferentes especies, por lo cual no existe evaluación de la MIA oficial, la cual deberá realizar la autoridad de conformidad con el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
NO ES CANCELACIÓN
Se aclara que la suspensión del acto reclamado no hace más que proteger el medio ambiente, conforme a los principios de precaución, in dubio pro natura, no regresividad, razonabilidad y flexibilidad; de forma que no se prohíbe la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que “única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que su construcción se paralice hasta en tanto se verifique que cuente con los dictámenes y permisos ambientales conforme a las leyes y reglamentos correspondientes”
Sobre cuánto tiempo podría quedar inmovilizado el proyecto alternativo y protegido el original de Texcoco, Gerardo Carrasco Chávez manifestó que se puede especular en materia de temporalidad: “Esta suspensión que se otorgó, se conoce como suspensión definitiva; sin embargo, puede ser impugnada a través de un recurso de revisión por parte de las autoridades y será un Tribunal Colegiado el que resuelva sí estuvo bien dictada o no la resolución del Juez de Distrito, pero creo que especular en temas de tiempos no sería lo más adecuado, pero de lo que podemos hablar, es de lo que tenemos al día de hoy”.
Del tema de las descalificaciones del Gobierno Federal hacia los promoventes de los juicios de amparo y las resoluciones emitidas por jueces federales, el entrevistado expresó: “Creemos que existe libertad de expresión, por supuesto, sin embargo, simplemente negar estas afirmaciones que se han venido realizando en una estrategia de comunicación por parte de las autoridades, no creemos que sea lo más correcto ni lo más conveniente en una democracia”.
