Un grupo de abogados, integrado por litigantes y docentes como el Mtro. Cuauhtémoc Castilla, el Lic. Ramón Valdés, el Lic. Elías Flores y la Lic. Mayte Olivas, entre otros eruditos en la materia, elaboraron un documento en el cual plantean un conjunto de propuestas para la revisión y en su caso cambios al sistema penal en Baja California; documento que entregaron al candidato que representa en la actual contienda electoral, la mayor posibilidad de sustituir a Francisco Vega en la gubernatura del Estado.
Entre el cúmulo de propuestas destacan algunas ideas cuya concretización es indispensable para atacar uno de los problemas fundamentales que enfrenta nuestra sociedad y que es el incremento exponencial y exacerbado de la inseguridad pública en Baja California.
Consideran como indispensable la creación de un instituto que tendrá como objetivo primordial el combate a las adicciones, grave mal que además de dañar física, mental y psicológicamente a la juventud, lleva a los usuarios de las drogas y estupefacientes a la comisión de diversos hechos ilícitos y delictuosos, muchos gravísimos como el homicidio, la violación y el robo con violencia.
El instituto cuya creación se propone, tendrá como misión el diseño de políticas públicas encaminadas a abatir esta terrible enfermedad y llevará a cabo además, actividades de investigación, médica, social y tareas académicas, con miras al combate, disuasión, prevención y tratamiento en el consumo de drogas.
Asimismo, plantean que resulta inaplazable la realización de una serie de acciones encaminadas al mejoramientos y profesionalización de los miembros que integrarán la Fiscalía General de Justicia, tanto de quienes ya están en funciones como Agentes del Ministerio Público, y de aquellos que se vayan a integrar; se deben profesionalizar las áreas de investigación Criminalística; hay que especializar a los fiscales y peritos, unos como expertos en derecho y litigación oral con conocimientos propios de la investigación de un delito como la dactiloscopia, medicina forense, psicología criminal, balística, etcétera; y los peritos especializados en su área de ciencia y conocimientos, que no ponga en lugar de duda la experticia en su trabajo. Un fiscal con conocimientos en criminalística podrá guiar adecuadamente a la policía ministerial en su trabajo, además de que los fiscales deben contar con capacitación, preparación y educación continua en la rama del Derecho penal, porque quien no sabe y domina la teoría del delito no está calificado para investigar y perseguir delitos.
Consideran que el nuevo gobierno también debe llevar a cabo la revisión y en su caso elaboración de un Nuevo Código Penal para el Estado, desde luego con la colaboración de los poderes Judicial y Legislativo y de la sociedad, un Código penal acorde con la realidad social.
En síntesis, podemos decir que la propuesta de los destacados profesionistas, trata respecto a la necesidad de un cambio en el sistema penal cuya finalidad es la paz, tranquilidad y la reconstrucción del tejido social en Baja California.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
