Según la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el número de migrantes enviados a México sería de hasta 50 mil. El coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Raúl Ramírez Silva, estimó que podrían ser 100 mil migrantes. Estudio estima que actualmente hay cerca de 19 mil solicitantes de asilo a EU en México
A una semana que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, festejó en Tijuana el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos que evitó la imposición el arancel del 5 por ciento a las mercancías mexicanas para el lunes 10 de junio, la sensación de triunfo que el político tabasqueño quiso proyectar se diluyó antes de comenzar el acto oficial.
Lo cierto es que el país se encuentra atrapado entre las amenazas del Presidente norteamericano Donald Trump, y una economía en desaceleración, producto de una política de austeridad que contribuyó a aumentar el desempleo, recortó el gasto en áreas sensibles como educación y salud para destinar recursos a programas sociales, la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto en Santa Lucía y el Tren Maya.
Para Roberto Zepeda Martínez, académico del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nuestro país tuvo que ceder a la imposición del gobierno estadounidense porque no había otra opción, ya que los aranceles ocasionarían la pérdida de un millón 200 mil empleos y la disminución de 1.2 % del Producto Interno Bruto (PIB).
La economía mexicana no podría soportar dicho impacto, porque no está creciendo. “En el primer trimestre de 2019 solo creció 0.2%, y las calificadoras internacionales están colocando a México como un lugar no muy atractivo para la inversión extranjera”, resaltó el catedrático.
Luego está la dependencia de la economía mexicana de la estadounidense, pues 80% de las exportaciones de México van hacia la vecina nación. En contraste, la economía de la Unión Americana es 16 veces más grande que la nuestra y depende mucho menos de México.
El propio López Obrador reconoció que el acuerdo evitó “una crisis económica”, sin embargo, no ha aclarado cuánto costará al Gobierno Federal brindar oportunidades de empleo, salud y educación a los migrantes que serán retornados por Estados Unidos conforme al compromiso con Washington.
AMLO anunció que el recurso que se obtenga de la venta del avión presidencial (por lo menos 150 millones de dólares) será destinado al Plan de Emergencia Migratoria, que pretende generar inversión en Guatemala, Honduras y El Salvador para mejorar las condiciones de vida y reducir la emigración.
Por otra parte, existe incertidumbre de si estas medidas son el preludio para que México se convierta oficialmente en tercer país seguro, pese a que funcionarios nacionales han rechazado esta posibilidad, ya que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón reconoció que de fracasar la estrategia implementada a contrarreloj por la Comisión Especial – conformada por la Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración (INM) y las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Relaciones Exteriores (SRE)-, ambos gobiernos abordarán el tema.
O si al término de los 45 días concedidos para reducir el flujo migratorio, Donald Trump impondrá “medidas más duras” conforme a lo que ha anunciado y a sus intereses político-electorales, toda vez que el acuerdo no establece una meta de reducción del flujo migratorio.
HASTA 100 MIL MIGRANTES CON SOLICITUD DE ASILO PODRÍAN LLEGAR A MÉXICO
Según la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el número de migrantes enviados a México sería de hasta 50 mil. Sin embargo, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Raúl Ramírez Silva, estimó que podría ser 100 mil migrantes.
A estas previsiones se añadiría el número de solicitudes de asilo que capte nuestro país, y que de acuerdo con Ramírez Silva, podrían sumar 80 mil. Tan solo de enero a mayo, la Comar recibió 24 mil 424 solicitudes de asilo, incremento que prácticamente triplicó el registro del mismo lapso del año anterior.
TIJUANA, CON EL MAYOR NÚMERO DE RETORNADOS
Datos del INM indican que, del 1 de enero al 11 de junio de 2019, México recibió a 11 mil migrantes que solicitaron asilo en Estados Unidos; sin embargo, un estudio publicado por la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de California en San Diego y el Centro de Políticas de Migración, estima que en realidad nuestro país recibió 18 mil 700 solicitantes de asilo al 13 de mayo.
Según el documento, desde el verano de 2018, cuando el gobierno estadounidense implementó una medida que limita el número de solicitudes de asilo, autoridades mexicanas y organizaciones civiles proporcionaron asistencia humanitaria e hicieron listas de espera informales. Ante la falta de espacios, muchos migrantes viven en las calles con el riesgo de ser víctimas del crimen.
Además, destaca que de cinco ciudades de la frontera norte que de manera inicial recibieron a estos migrantes, actualmente son 13. Tijuana figura por concentrar la mayor cantidad, con 5 mil 200. Cifra equiparable al número que tuvo en noviembre de 2018 con el arribo de las caravanas migrantes, y un incremento respecto a febrero de 2019, cuando el número era cercano a 2 mil.
En esta ciudad fronteriza, ´la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) procesa de 20 a 80 solicitudes por día con un tiempo estimado promedio de dos meses, mientras que entre 40 y 180 buscan asilo diariamente. En tanto organizaciones civiles reportaron que 17 albergues de esta metrópoli se encuentran al 95% de su capacidad.
Fotos: Tomada de Internet.- AMLO presenta plan para firmar migración, como pide Trump.
La segunda ciudad con más afluencia de solicitantes es Ciudad Juárez, con 4 mil 600, un tiempo promedio de espera es de cuatro meses y CBP procesa entre 20 y 50 solicitudes por día. En este lugar la mayoría de los solicitantes es de origen cubano, y alrededor del 30% de estos no asiste a la garita cuando es llamado, lo que hace suponer que ingresan de forma ilegal.
En tanto, Nuevo Laredo, Tamaulipas concentra 2 mil 500 solicitantes de asilo, y el tiempo de espera oscila entre 1.5 a 2.5 meses, aunque hay datos que apuntan que va de 4 a 10 meses.
En ese punto se han reportado migrantes de diversas partes del mundo (Cuba, Centroamérica, Angola, Camerún, Pakistán, Afganistán, Siria, Rusia, y Nepal), así como 200 albergues llenos, por lo que cientos de migrantes viven en hoteles y en la calle, aunado a la escasez de alimentos.
Respecto al plan de empleo temporal que diseñó la STPS y que sería presentado hoy viernes 14 de junio a los gobernadores fronterizos, Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, dijo que la Federación no está considerando que se quitarán oportunidades a los mexicanos.
Lo anterior, dada la situación económica del país, pues el número de desempleados en México ha crecido y las condiciones precarias de trabajo se han disparado. “El que llegue más gente y se sume a estos demandantes, va a hacer el empleo más precario y poner en condiciones más críticas a quienes están buscando trabajo”, citó.
En Baja California -donde más solicitantes se han enviado– la llegada de más migrantes puede acelerar la expulsión de población hacia otros estados conforme a lo visto en los últimos meses, previó el economista, quien precisó que durante “el primer trimestre del año, salieron del mercado de trabajo más de 30 mil personas debido a las pésimas condiciones imperantes”.
En opinión del especialista, el acuerdo entre México y EU se ha politizado, sin que se dimensione en su totalidad el impacto social que generará en los próximos meses. Apuntó que todos los estados requerirán más recursos, siendo Baja California el que más, lo cual contrasta con el recorte que el Gobierno Federal hizo al Estado, de 0.1% en términos reales en el primer cuatrimestre del año.
Esta tendencia también se ha observado en el gasto aprobado al INM, que pasó de 400.9 a 929.3 millones de pesos, un aumento de 131.8%. Monto que fue destinado a materiales y suministros, servicios generales, así como transferencias y suministros, rubros que en el Presupuesto de Egresos de la Federación carecían de recursos.
Mientras que el gasto destinado a la Secretaría de Gobernación para Servicio de Migración y Política Migratoria tuvo un alza de 119.1% del primer trimestre a abril de 2019.
En cuanto a la oferta de que México proporcione salud y educación, Valero señaló que en la actualidad existen dificultades para atender a mexicanos a quienes en hospitales se les han aplazado cirugías, suspendido tratamientos de quimioterapia y estudios por falta de recursos y personal, además de la escasez de medicamento. Situación similar enfrenta el sector educativo, sobre todo del nivel medio superior, por lo que cuestionó: “¿De dónde se obtendrá el recurso para cumplir con lo acordado?”.
GUARDIA NACIONAL EN LA FRONTERA SUR
Como parte del acuerdo bilateral, esta semana México inició el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en su frontera con Guatemala, así como en estados del sureste, donde las detenciones y redadas han aumentado.
El titular de la SRE detalló que actualmente hay efectivos en Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz; en total serán 13 puntos de revisión que no implicarán un costo adicional para el Gobierno Federal, toda vez que ya estaba previsto su despliegue.
No obstante, esta medida fue calificada como “inmoral” por el presidente del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, quien en el mismo evento del sábado en Tijuana señaló que es “un doble rasero entre la frontera norte y la del sur. Por una parte, exigimos que nos abran las puertas, y por el otro lado, sellamos el paso a los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a Estados Unidos”.
Días después, cuestionó la capacidad de la Guardia Nacional para detener a los migrantes, vocación distinta al objeto que la creó: combatir a la delincuencia en el país.
Por su parte, el gobierno mexicano desmintió que el país se haya comprometido a comprar más productos agrícolas a Estados Unidos, como lo había anunciado Trump.
MÉXICO ASUME RESPONSABILIDAD DE EU
En opinión de Zepeda Martínez, “México se está haciendo responsable de un problema de Estados Unidos”, gracias a que Trump vinculó de manera “abusiva” la migración con el comercio, ya que el aún vigente TLCAN impide que se impongan aranceles, por lo que se trata de un tema político con el que pretende posicionarse por encima de los demócratas en su carrera por la reelección.
Sin embargo, con el acuerdo volvió a allanarse el camino para la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que con una guerra de aranceles hubiera sido imposible, expuso el académico de la UNAM.
El director del Comité de Amigos en San Diego, Pedro Ríos, quien dijo que pese al aumento del número de solicitantes en los últimos meses, la cantidad es inferior al récord reportado en 2000 consideró: “Es un doble discurso que maneja el Presidente Donald Trump para aparentar una crisis, cuando realmente no se compara con otros años del pasado”, aunque reconoció que la migración ha cambiado, pues ahora se trata de más familias y más menores.
Respecto a las razones del incremento de migrantes procedentes del Triángulo del Norte, el canciller mexicano esbozó problemas en la producción cafetalera en Honduras, así como la situación económica y de seguridad que enfrenta esa región.
Para algunos especialistas la creciente migración también se alentó desde el discurso de López Obrador cuando anunció una política de puertas abiertas. En declaraciones a la prensa del 11 de noviembre de 2018, Olga Sánchez Cordero, entonces ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que el gobierno podría dar empleo a un millón de migrantes centroamericanos, además de que obtendrían visas humanitarias.
Más tarde, a finales de marzo, Sánchez Cordero se reunió en Miami con la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen y accedió a proporcionar la ayuda humanitaria a los migrantes retornados de EU, y, contrario a la oferta del inicio del sexenio, aceptó enviar a la Guardia Nacional para impedir la entrada de más migrantes a México. Ante el incumplimiento de ese primer acuerdo, Donald Trump habría amenazado con la imposición de aranceles.
DIFÍCIL PANORAMA PARA MIGRANTES
Pedro Ríos, del Comité de Amigos en San Diego, explicó que en un proceso de solicitud de asilo -que puede llevar año y medio (en algunos casos más tiempo)- el solicitante tiene que demostrarle al gobierno de EU que la situación en su país de origen es tan peligrosa que está en riesgo su vida.
En entrevista con ZETA, indicó que el programa Remain in Mexico (Permanece en México) viola el debido proceso al que estas personas tienen derecho en Estados Unidos, garantizado por la Constitución y los reglamentos de aquel país, ya que los solicitantes retornados a México no pueden acceder a abogados, ni son informados sobre los cambios de las citas a la Corte.
“No hay forma de hacerles llegar esa información, a veces las personas se sienten frustradas y desesperadas, y no ven otra opción que dejar el caso y tratar de cruzar de manera indocumentada”, mientras que quienes se quedan en Estados Unidos sufren problemas para su manutención, porque no cuentan con permiso para trabajar ante la demora de los procesos.
Ríos observó que con la aceptación de México a recibir formalmente a estos migrantes, se podría derrumbar la demanda legal que trataba de detener la implementación dicho programa, “en esta nueva época la experiencia del migrante va a ser de sufrimiento y de escasez por parte del gobierno mexicano para darle prioridad y protección de sus derechos humanos”, anticipó a ZETA.
MÉXICO, ¿TERCER PAÍS SEGURO?
De acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, el concepto de Tercer País Seguro radica en que una persona que sale de su país de origen y pide asilo en otro, puede negarse a recibirlo y enviarlo a una tercera nación que no podrá regresarlo a su país de origen.
El tercer país seguro proporcionará al refugiado los derechos fundamentales: libertad de religión y de movimiento, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, salud, y reunificación familiar. Deberá ser más seguro que de donde provinieron.
En opinión del catedrático Roberto Zepeda Martínez, “México por ningún motivo debería ser el tercer país seguro porque eso minaría su soberanía”, además, no cuenta con los recursos suficientes para ello.
No obstante, el activista Pedro Ríos consideró que con el acuerdo bilateral anunciado el 7 de junio, en la práctica México casi cedió a ese estatus y “está haciéndole el trabajo sucio” a la Unión Americana.
PRIMERO LOS MEXICANOS
Al término del evento masivo del Presidente López Obrador en Tijuana, ZETA requirió a algunos de los asistentes su opinión respecto al acuerdo alcanzado.
Victoria Vela Villanueva opinó que el discurso de AMLO estuvo “en su justa medida y lo que esperábamos. Que nadie nos meta miedo, somos un país soberano y nuestros problemas los resolvemos nosotros”.
Aunque dijo estar de acuerdo a medias, pues no le parece que en México se queden los solicitantes de asilo. O en todo caso, “sea equitativo, porque lo que se necesita son recursos para mantenerlos, porque son seres humanos y hay muchos niños que viajan solos”.
Para Iván Gutiérrez, con las negociaciones ningún país salió afectado, pero sugirió que los migrantes “tienen que venir en orden y no masivamente, está bien que se le dé oportunidad a todos, pero primero a los mexicanos, porque hay muchos en pobreza”, resaltó.
Ante la llegada de más migrantes, Víctor Maya comentó que las organizaciones civiles son las que terminan apoyando a los migrantes, como sucedió con las caravanas de haitianos y hondureños. “Ahora México será la sala de espera oficialmente, entonces quién sabe para dónde vamos, para adelante o para atrás, pero para algún lado vamos”, remató el de oficio organillero.
