Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), promovió un amparo para recuperar una propiedad ubicada en la calle Ladera 20, en el Fraccionamiento La Retama, colonia Lomas de Bezares, al poniente de la Ciudad de México, la cual le fue asegurada por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), por un presunto delito de lavado de dinero.
El inmueble, adquirido en 2012, por 38 millones de pesos, fue asegurado como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019 que inició la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la FGR.
La demanda presentada ante Jesús Chávez Hernández, juez Decimotercero de Distrito en Amparo Penal, es para impedir que la FGR declare el abandono del inmueble, en favor de la Federación, ya que el 11 de junio pasado, la Fiscalía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo de aseguramiento y en el mismo se le dio un plazo de 90 días naturales al ex funcionario, para que reclamara la casa al Ministerio Público.
El pasado 28 de mayo, la FGR cateó y aseguró la residencia de Lozoya Austin. El operativo se llevó a cabo con el propósito de localizarlo para ejecutarle la orden de aprehensión que fue librada en su contra por el delito de lavado de dinero.
Ayer, la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, retiró la suspensión definitiva Lozoya Austin, misma que impedía fuera capturado con base en la orden de aprehensión que le fue girada por lavado de dinero, por lo que la FGR podría detenerlo.
Ello debido a que el ex director de Pemex incumplió con las obligaciones procesales que se le impusieron, como presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso. Además, incumplió con el pago de una garantía de 500 mil pesos para que estuviera vigente la suspensión definitiva contra el mandato de captura.
El pasado 25 de mayo, el juez de Control Artemio Zúñiga Mendoza ordenó la aprehensión de Lozoya Austin, junto con su hermana Gilda Susana y el empresario Alonso Ancira Elizondo, accionista mayoritario y presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), por lavado de dinero, derivado de la compra que hizo Pemex de la planta Agro Nitrogenados.
Sin embargo, Lozoya Austin todavía puede presentar un recurso de revisión contra el fallo dictado hoy por la juez Ortega Tlapa, por lo que la suspensión podría continuar vigente hasta que un Tribunal colegiado no se pronuncie al respecto.
El pasado 11 de junio, Lozoya Austin anunció, a través de una carta, que no comparecería ante la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, hasta que no se aclaren diversas irregularidades en su actual proceso judicial.
Aunque se dijo dispuesto a decir “toda la verdad” en torno a las acusaciones en su contra, aclaró que también tiene el derecho de “cuidar su libertad”, además de que acusó a la FGR de incurrir en diversas irregularidades durante el proceso y se dijo víctima de una “persecución mediática y política”.
En la misiva difundida a través de su cuenta de la red social Twitter, Lozoya Austin recordó que la FGR solicitó a un juez federal una orden de aprehensión en su contra, pese a que el delito que le imputa no es considerado “grave” ni amerita la prisión preventiva oficiosa.
Además, el ex funcionario federal señaló que las órdenes de cateo ejecutadas en la casa de sus padres no tenían razón de ser, ya que su hermana, Gilda Susana, a quien también involucran en un presunto caso de corrupción, se casó hace unos meses y tiene su propio domicilio, por lo que la inspección debió realizarse en dicho recinto.
Lozoya Austin afirmó que el pasado 30 de mayo compareció por escrito ante el juez de control y agente del Ministerio Público instructor de la carpeta de investigación, ante quienes solicitó copia de los registros que obran en la indagatoria, mismos que le fueron negados, lo que consideró un hecho “inaudito” en el proceso.
El ex director de Pemex previó que sí responde a los requerimientos de la autoridad, lo más probable es que sea ingresado de forma inmediata a una prisión, a pesar de que el protocolo en este tipo de casos no establece dicha sanción, según afirmó en su carta.
“Es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia tengo todo el derecho en cuidar mi libertadora que todas estas acciones son en definitiva una persecución política orquestada en mi contra”, escribió Lozoya Austin.
En cuanto al congelamiento de sus cuentas, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el exdirector de Pemex lamentó que la medida haya sido aplicada también a las cuentas de su esposa y de su madre, ya que además de las afectaciones personales, esa acción también impacta en la vida de sus empleados y familias.
Lozoya Austin negó, también, haber adquirido de forma ilegal una propiedad en Ixtapa, Zihuatanejo, y usar una aeronave oficial para trasladarse hasta ese domicilio en Guerrero. Por otra parte advirtió que en cuanto la FGR cumpla con las garantías establecidas en la ley, estará dispuesto a colaborar con la indagatoria y revelar los nombres de todas las personas involucradas en los hechos que se investigan.
“Quiero manifestar que en el momento que la Fiscalía General de la Nación (sic) me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”, escribió el ex funcionario federal.
“Reitero que siempre he estado dispuesto a decir la verdad, con las consecuencias que haya para cualquier persona, pero recojo las expresiones del señor presidente de la República, en que nada por encima de la ley y todo dentro del estado de Derecho”, finalizó el ex director general de la paraestatal petrolera mexicana.
