El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla llamó al gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez y al alcalde electo de Tijuana, Arturo González Cruz a sumarse a las mesas de seguridad que se llevan a cabo con las autoridades desde hace dos años, en aras de dar seguimiento a los temas trabajados y “en el ánimo de amarrar la transición y darle transparencia”.
Al señalar que los retenes sólo dieron resultados de corto plazo con la llegada de más efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, ya que como se observó al principio bajó la incidencia delictiva pero volvió a incrementarse, el líder empresarial manifestó que falta una estrategia de seguridad en los tres órdenes de gobierno.
“Mientras no exista una estrategia adecuada por parte de las dos fiscalías (la General de la República y la del Estado), difícilmente la presencia policial va a mejorar la situación”, puesto que, si bien la presencia policial es disuasiva, al final el delincuente profesional seguirá delinquiendo ante los altos niveles de impunidad.
En su opinión, el hecho de que efectivos de la Guardia Nacional se esté desplegando en el sur del país descobijará algunos puntos donde se pensaba implementar o que están resguardados por integrantes de otras corporaciones policiacas.
En conferencia de prensa, ofrecida en conjunto con los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Gabriel Camarena Salinas y del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Genaro de la Torre; Hernández Niebla detalló que el porcentaje de judicialización es bajo, tan sólo en mayo de 2019 se reportaron 399 casos, de los cuales 246 se judicializaron, y 128 personas obtuvieron prisión preventiva.
En tanto que no hay suficientes salas de audiencia, jueces, ni Ministerios Públicos que investiguen los casos. Tema que es uno de los pendientes en la mesa de Seguridad con el Gobierno del Estado. El otro tema pendiente, dijo, es la falta de un diagnóstico sobre las adicciones en Baja California, pese a que el Consejo Ciudadano de Seguridad lo pidió en la mesa en la que también estaba el entonces secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal.
No obstante, esta problemática no es exclusiva del Gobierno de Baja California, ya que en el ámbito federal también se desconoce la situación en cuanto a las adicciones.
Por otro lado, Hernández Niebla reconoció la labor del actual alcalde, Juan Manuel Gastélum, del exalcalde Eduardo Terreros. Así como del secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor, y del subprocurador, Alfredo Álvarez, porque han sido transparentes en el manejo de recursos y en el tema de la judicialización de casos.
En su oportunidad, Camarena Salinas apuntó que se reactivó el Programa DARE, con una inversión de 332 mil 233 pesos, (procedente del recurso del fideicomiso empresarial de Baja California (Fidem)), para certificar a 18 policías municipales, quienes han capacitado a más de 35 mil alumnos en 227 planteles de preescolar y 67 primarias para evitar el uso de sustancias nocivas para su salud.
Mientras que, De la Torre apuntó que la participación ciudadana y las autoridades tuvieron como resultado el fortalecimiento distrital y sectorial de la policía, así como operativos coordinados con la policía, como en el caso de las máquinas tragamonedas.
Además de la detección de objetivos prioritarios, y la campaña de depuración y contratación de policías, cuya meta fue la contratación de 500 policías, “una labor que ha sido titánica, ya que es difícil tener a los policías que cumplan con todos los lineamientos”.
