“Cuando menos poderoso se es en el mundo, mas faltas pueden cometerse impunemente y mayor el mérito que puede poseerse inútilmente”. Luc de Clapiers.
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Sub Procuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía Federal de la República (FGR), desde el 2016 ha sido señalado de cometer torturas y tocamientos sexuales cuando era Procurador General de Justicia en el Estado de Aguas Calientes; y de favorecer al prófugo de la justicia Gastón Azcárraga Andrade tras la quiebra de Mexicana de Aviación y Aleatica (antes OHL MEXICO).
Asimismo, el fiscal de la República Alejandro Gertz aseguró que han sido retirados todos los servidores públicos de alto nivel que no tenían que estar en la Fiscalía General y que el resto de los servidores públicos que se quedaron deben de demostrar que sí pueden quedarse.
El académico Maximiliano García Guzmán aseguró que el cambio dentro de la Fiscalía General ha sido más de rediseño jurídico, por lo que falta “un examen muy cuidadoso de qué perfiles están integrados a la Fiscalía General, pues hay heredados del sexenio anterior, y vigilar los nombres que no son tan visibles para ver quién puede y debe desempeñar esos puestos”.
Cabe anotar que en el mes de febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que Muñoz Vázquez cometió el delito de tortura y violencia sexual cuando fue Procurador General de Justicia en el Estado de Aguas Calientes en el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre (2010-2016). No obstante, el Sub Procurador argumentó que hay una serie de irregularidades en esa recomendación, ya que no se tomaron en cuenta muchos documentos clave durante la investigación.
Asimismo, el Procurador Muñoz reiteró que el 12 de diciembre del 2018 la petición del ex encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, de cancelar las dos órdenes de aprehensión vigentes contra el empresario Gastón Azcárraga Andrade, tras la quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación. Gastón Azcárraga, dueño del Grupo Hotelero Posadas, compró la Compañía Mexicana de Aviación en el año 2005 durante el gobierno del entonces Presidente Vicente Fox Quesada por 165 millones de dólares, pero en 2010 entró en concurso mercantil y quebró el 2014.
La Asociación de Pilotos Aviadores de México (ASPA) lo denunció por haber cometido dos delitos de la Ley del Mercado de Valores, ya que difundió información falsa al público inversionista y omitió informar un evento relevante como lo fue la suspensión de actividades de una de las líneas aéreas líder en el sector.
El Sub Procurador también solicitó la vinculación a proceso del abogado Paulo Díez Gargari quien ha denunciado desde el 2013 la corrupción en las concesiones otorgadas a la constructora Aleatica en el Estado de México durante las administraciones de Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Erubiel Ávila.
Respecto a gastos innecesarios, el Fiscal de la República enunció que 800 elementos policiales que protegían a los ex funcionarios o políticos, por lo que ya se reubicaron a 320 en áreas necesarias; se detectó despilfarro en gastos no justificados o inútiles, incluyendo viáticos, talleres, y la renta de edificios a precios exorbitantes pese a contar con inmuebles propios; no había control sobre el empleo de más de 4000 carros, entre ellos, unidades blindadas, ni en el uso de la flota aérea para actividades que no aportaban absolutamente nada a la procuración de justicia. Por ejemplo, entre 2013 y 2015 se invirtieron más de 1000 millones de pesos en adquisición, mantenimiento y capacitación mediante adjudicación directa sin contar con estudio de necesidades, resultados y costos competitivos.
En octubre del 2013 la entonces PGR adquirió un avión por 19.5 millones de dólares mientras el precio de comercialización era por 15.5 millones de dólares.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
