El Código Penal castiga con hasta seis años de prisión que no disuaden a las familias que dicen tener necesidad de un techo para vivir. Los invasores o “paracaidistas” son manipulados para apropiarse de un bien, a cambio de comprometer el voto por cierto partido político. Grupos delictivos estarían detrás de estos actos
En el último mes de campaña política en Ensenada, tres empresarios presentaron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el delito de despojo.
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Datos de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Zona Ensenada refieren que durante 2018 se abrieron 332 carpetas de investigación por tal delito, en tanto, de enero a mayo de 2019, se tienen 99 carpetas más.
La estadística señala que alrededor del 72 por ciento de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público corresponden a invasiones en la zona urbana. Sin embargo, los predios de mayor calado se encuentran en la rural.
Ministerios Públicos de la zona sur como la delegación Maneadero y San Quintín, concentran el 20% de las denuncias, mientras el Valle de Guadalupe (Ruta del Vino) aproxima el 12%.
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En los últimos meses se dio el más significativo de tres casos de invasión denunciados en la periferia de Ensenada. Uno corresponde a los hermanos Valdés en la zona del Cañón El Gallo; otro de la constructora MÁS, de la familia Martínez Santos en el fraccionamiento Nuevo Reforma; y de la familia Ruvalcaba en la zona El Gallo de la colonia Morelos.
“PARACAIDISMO”, PROBLEMA SOCIAL
Los denunciantes de asentamientos irregulares, tienden a ser vecinos que ven con preocupación el hacinamiento de familias en un área sin lo básico para vivir dignamente.
No solo los que se dicen dueños de los terrenos sufren por recurrir a la vía legal para recuperar el bien, sino los colindantes del terreno, quienes buscan evitar la presencia de “paracaidistas” cerca de su colonia.
Bajo el anonimato, algunos señalaron que les han costado mejorar las condiciones de vida del área habitacional y, al tener familias completas residiendo sin servicios públicos, podría convertirse en un problema de salud y de limpieza.
Los predios no cuentan con servicios de drenaje, agua ni alumbrado público. Tampoco recolección de basura ni vialidades, ni hay quien garantice seguridad en la zona.
Lic. Juan Antonio Sánchez Zertuche, presidente de la barra de abogados de Ensenada.
El Artículo 226 del Código Penal de Baja California, marca una penalidad de uno a seis años de prisión y hasta 200 días multa a quien de propia autoridad y haciendo uso de violencia o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca.
Quienes se han metido en estas grandes extensiones de tierra, ubicadas en la zona conurbada, argumentan que son terrenos de la nación, que no tienen donde vivir y los respalda la Constitución.
Sin embargo, hay intermediarios que cobran por la venta de lotes, con precios accesibles de 500 a mil pesos mensuales; inclusive hay grupos delictivos detrás de la causa.
VEN A PARTIDOS POLÍTICOS DETRÁS DE INVASIONES
Marcos Carlón, abogado penalista y representante legal de la empresa Productos Pétreos, propiedad de la familia Valdés, interpuso una demanda ante el Ministerio Público del Fuero Común el 4 de junio.
En la querella con Número Único de Caso 0201-2019-08206, responsabilizan a los supuestos invasores de despojo, daños en propiedad ajena y lo que resulte.
Narró cómo un grupo de 40 familias, algunas que residen en la colonia La Esperanza, contigua al terreno, arribó a las siete de la mañana del domingo 26 de mayo.
Quitaron el cerco, limpiaron e iniciaron la delimitación con listón en los predios de alrededor de 20 metros cuadrados.
Parte de su declaración fue que los invasores o “paracaidistas” son manipulados para que se apropien de un bien a cambio de comprometer el voto por cierto partido político.
“Son personas que se ve, están guiadas con terceras personas, no dudamos se trate de una estrategia de compra de votos por la cercanía de las campañas políticas”, mencionó.
El predio familiar pertenece a un grupo de hermanos de tercera generación dedicada a la explotación de materiales pétreos para la transformación, como arena, grava y cemento.
A Carlón lo citaron un día después por la tarde y, cuando llegó, el tumulto de personas le advirtieron que “tenían derechos que no iban a escriturar”.
Ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, el abogado presentó la escritura, deslinde y certificado de inscripción Ante el Registro Público del bien inmueble.
Sin embargo, estos documentos son insuficientes para una inmediata acción penal, pues es necesario que la Policía investigadora inicie un procedimiento.
AMPAROS, SUSPENSIONES Y APELACIONES PARA INVASORES
Quienes se dedican a la invasión de terrenos estudian el bien antes de entrar y, en principio, le apuestan a que la superficie a violentar no esté regularizada y al tiempo que llevará a la autoridad desalojarlos.
Juan Antonio Sánchez Zertuche López, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, explicó que hay dos maneras de recuperar el bien, ya sea por la vía penal o civil.
Catalogó con un gran problema que el Poder Judicial transfiere la carga de las pruebas a la víctima del delito.
Aunque es un asunto que se persigue por oficio, el interesado debe acreditar que terceras personas ingresaron a su propiedad con uso de violencia y de manera furtiva.
En contexto, el despojo se da en contra de una propiedad, el cual inmueble o de aguas, se da a escondidas.
En una primera instancia, resolver un asunto de este calado tarda de seis meses a un año, pero le siguen otros recursos legales que prolongarían la resolución por años.
Como en todas las profesiones, hay quien le saca provecho a los grupos de personas que están aferrados a quedarse en su terreno y alargar el procedimiento mediante apelaciones, amparos o suspensión de actos.
“El asunto no se acaba cuando consigues una sentencia del fuero común, puede ser muy largo”, agregó el abogado, quien por último, expuso que nadie está exento de una invasión, al requerirse de una vigilancia 24 horas, siete días a la semana, en los terrenos de la periferia.
MÁS CASOS DE “PARACAIDISMO”
Dos casos más se hicieron públicos en mayo en Ensenada, donde intervino la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al generarse conatos de violencia.
Un día antes de la invasión a Petroblock, el 14 de mayo, otro grupo integrado por más de 50 personas arribó a la colonia Morelos, en las inmediaciones del Arroyo El Gallo, en la zona noroeste de Ensenada.
Con palas, listones y varillas, iniciaron un proceso para delimitar “terrenos para los más necesitados”, sin dar mayores detalles de sus intenciones.
Abogados mencionaron que se trata de un terreno de la familia Ruvalcaba, con un polígono general de 350 hectáreas, donde han hecho una serie de ventas a distintos particulares.
El domingo 27 de abril, en un terreno propiedad privada de la compañía MÁS, en el fraccionamiento Nuevo Reforma, una veintena de personas ingresó al predio de 4.1 hectáreas, cerca del Eje Oriente, con el propósito de “fincar”.
Invasión en las inmediaciones del arroyo El Gallo
Si bien hace una década era un área conurbada, ahora es una de las zonas de mayor crecimiento poblacional en el puerto.
El propietario, el constructor Wenceslao Martínez Santos, presentó una denuncia penal por el delito de despojo contra quien resulte responsable, así como por daños provocados en propiedad ajena.
Comentó que ha interpuesto tres denuncias en el Ministerio Público, ya que en cuatro ocasiones han intentado invadir el predio, que antes era público, según consta en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
En 2012 fue adquirido al Gobierno del Estado, a través del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda.
