Integrantes del Cártel Arellano Félix, del Cártel de Los Zetas y hasta el empresario y ex alcalde Jorge Hank Rhon, se plasmaron como presuntos responsables en las líneas de investigación en la indagatoria por el asesinato del editor de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, perpetrado el 22 de junio de 2004. Pero ninguna se robusteció y, 15 años después, sus homicidas siguen impunes.
El 14 de mayo de 2004, la portada de este Semanario la ocupó un reportaje de Ortiz Franco, reportero y editor general de ZETA. Se tituló “Más de 70 mil dólares costaron las credenciales de sicarios del CAF” y se ilustró con un cártel del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que contenía las fotografías -hasta entonces desconocidas – de 27 narcotraficantes al servicio del Cártel Arellano Félix (CAF), a quienes les habían entregado credenciales que los acreditaban como policías ministeriales en el Estado. Ese trabajo se convirtió en la principal línea de investigación, pero se abrieron otras y al final ninguna se concluyó.
La carpeta por el delito cometido en contra de “Pancho” inició en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, después pasó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y finalmente llegó a Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas, donde solo ha quedado evidenciada la incapacidad e ineptitud.
De los supuestamente investigados por el crimen, José Briceño “El Cholo” está desaparecido desde 2008; Eduardo Ronquillo Medina “El Niño” fue asesinado en octubre de 2005; y Heriberto Lazcano Lazcano, de Los Zetas, fue acribillado en octubre de 2012. Los investigadores primarios también mencionaron la participación de pandilleros del Barrio Logan de San Diego y de policías, pero en esa línea hubo mayores datos.
El único detenido es Arturo Hereda Villarreal “El Nalgón” y nunca fue acusado por el homicidio del periodista, aunque la fiscal que llevó su juicio en Estados Unidos lo mencionó en la primera audiencia. Desde 2006 purga una pena privativa de la libertad que finalizará en 2032, mientras en México, un juez federal en Guadalajara, Jalisco le concedió un amparo contra la orden de aprehensión que existe desde 2006 en su contra, por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico y delincuencia organizada
En 2010, la Sociedad Interamericana de Prensa llevó el expediente de Ortiz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde donde solicitó avances en la investigación, pero tampoco hubo resultados.
El martes 18 de junio de 2019, en la apertura de la Cumbre de la Libertad de Prensa, en este foro nacional e internacional organizado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y con sede en Ciudad de México, la codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello, recordó que el sábado 22 de junio se cumplirán 15 años del asesinato del editor de ZETA y ninguno de sus asesinos materiales está en prisión, tampoco los que ordenaron su muerte.
Navarro también mencionó uno por uno los nombres de los diez reporteros asesinados en este naciente sexenio, y rememoró los 127 casos abiertos por el homicidio de la misma cantidad de periodistas en los últimos 19 años, de los cuáles solo un expediente está completamente cerrado y concluido. En esta impunidad generalizada se encuentra el archivo de Ortiz Franco.
Impunidad que no tiene ninguna oportunidad de superarse mientras el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, permanezca enfrentado a la prensa a la que acusa de amarillista, sensacionalista, “hampona” y “fifi”.
En el mismo acto público el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que “la violencia contra el periodismo un signo característico” del país, que la Ley y los mecanismos de protección para periodistas son insuficientes y no garantizan la libertad de prensa por la incapacidad y corrupción del Estado, por la impunidad que, aseguró, es el 97 por ciento de los casos.
Sin embargo, este mea culpa -que en realidad son señalamientos a la corrupción de gobiernos anteriores-, de poco o nada servirán a los casos de Ortiz Franco y de 126 periodistas asesinados desde el año 2000 en México, si el gobierno lopezobradorista hace muy poco o nada al respecto.
Acabar con la impunidad, combatir frontalmente la situación de violencia en el país y dar peso a la voz de los periodistas es, de acuerdo al funcionario, el compromiso del Gobierno Federal.
Será cuestión de dar seguimiento al trabajo del subsecretario de Derechos Humanos para conocer el valor de su palabra y saber hasta dónde está dispuesta la administración federal a apoyar a los periodistas para combatir la impunidad que los informadores padecen frente al Poder Judicial, en las fiscalías de estados, los gobiernos locales y en la Fiscalía Especializada en el Gobierno Federal, donde se radicó por última vez el expediente de Ortiz Franco. Organismo federal al cual, 15 años después, se le sigue haciendo el mismo y único reclamo: ¡Justicia!
