Juzticia
“Llegar al poder para servir, no para servirse”; la tan anunciada Cuarta Transformación con expectativas máximas implica una alta responsabilidad para los funcionarios electos, responsabilidad que conlleva la obligación de acatar la esperanza del elector en cuanto a una administración pública llevada a cabo por personas idóneas, capaces y con espíritu de servicio.
Los ojos de la ciudadanía están puestos en la designación de los funcionarios y auxiliares en la gubernatura y en las presidencias municipales pendientes de que no se repita lo que a lo largo de las últimas administraciones se ha hecho, acomodar como agencia de colocación a todos aquellos que participaron en las campañas, estén capacitados o no.
Independientemente de los programas y restructuración que hayan preparado los gobiernos electos, resulta fundamental que las personas que se designen en los puestos relevantes tengan espíritu de servicio, experiencia, probidad y buena fama pública, no se puede arriesgar o esperar que alguien que tenga mala fama pública va a cambiar y se va a portar bien.
Las consejas en la Administración de Justicia de que: “Juez bueno y Ley mala hace buena justicia”, “Juez malo y Ley buena hacen mala justicia” y “Juez bueno y Ley buena hacen buena justicia” es aplicable en todos los ámbitos de la Administración Pública, es la persona la que hace el puesto y no al revés.
Se tiene que prever o visualizar una buena administración porque de lo contrario, quien materialmente paga los errores es el ciudadano y no los funcionarios, ya que, del mal servicio público, del retraso del servicio, de la negativa de atención y de la mala justicia administrativa en general, los gobiernos no se hacen ni se quieren hacer responsables, aunque debieran.
La administración pública es de interés general de la ciudadanía Bajacaliforniana y en consecuencia las designaciones deben hacerse en base a tal interés, no en base a compadrazgos, amiguismos, de grupos de poder, de intereses económicos, de intereses políticos de partido, familiares, etc.
Los partidos y los gobiernos como agencias de colocaciones deben quedar desterrados de la administración pública, si se quiere ayudar a un amigo, a un compadre, a un familiar, etc., hay que ayudarlo con el patrimonio propio no con los impuestos que paga la ciudadanía.
El aceptar un cargo sin conocer la función y solo por tener una “chamba” y un sueldo, independientemente de que es una forma de corrupción, también es un fraude que comete tanto el que ofrece el puesto como el que lo acepta en perjuicio de la ciudadanía en general que votó por una administración pública eficiente y honesta y que recibe un servicio público contrario a lo que pactó con su voto.
La ciudadanía al emitir su voto le apostó a un cambio sustancial y no “a un cambio para seguir iguales” porque de ser así se le generaría una frustración de pronósticos reservados por sentirse defraudada y engañada aprovechándose del deterioro anímico y económico causado por la crisis gubernamental de los últimos tiempos.
El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana, B.C.
Correo: lic_g_davila@hotmail.com
