El martes 28 de mayo, un Tribunal Colegiado admitió la queja que un día antes había interpuesto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California contra el acuerdo del 23 de mayo del juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, Alexis Manríquez Castro, quien rechazó el recurso de amparo promovido por el organismo empresarial que pretende suspender el Decreto 335, que finca obligaciones por más de 70 mil millones de pesos a las arcas del Estado durante 40 años.
El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías detalló que la queja presentada ante el Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en Mexicali, denuncia que Manríquez Castro desconoció el interés legítimo de los quejosos para defender el decreto con el que pueden desviarse 10 mil 134 millones de pesos.
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En entrevista con NEGOCIOZ, el especialista afirmó que el recurso de queja también denuncia que el juez “de forma inconstitucional, basado en presiones sociales y en preocupaciones de que pueda ser movido de su cargo o ser sujeto de presiones, prefirió ceder la competencia a un tribunal superior”.
El documento presentado por el CCE argumenta por qué fue incorrecto partir de que solamente los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrían interponer el juicio de amparo contra el Decreto 335, puesto que el Congreso local avaló dicho decreto y fincó las bases para un posible desvío de fondos.
“Es absurdo e ilógico creer que aquel que puede desviar fondos, es el que va a defender a los cuidados de ese desvío”, manifestó Solís Farías.
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La semana pasada -el 24 de mayo- se dio a conocer que Manríquez Castro había emitido el acuerdo del expediente 440/2019, en el que había rechazado el juicio de amparo promovido por el CCE. En ese documento, el juez señala que el juicio de amparo es el medio con el que los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos fundamentales, “empero no erige la vía judicial para que los ciudadanos controlen la dirección de la política presupuestaria al margen de lo que decidan las mayorías legislativas”.
Expone que conforme a los artículos 39, 40, y 41 de la Constitución Política, la soberanía nacional, que reside en el pueblo, se ejerce por medio de los Poderes de la Unión o de los estados, por lo que corresponde a tales órganos el ejercicio y representación popular en defensa de sus intereses sociales e inconformidades generales, encontrándose así legitimados para ejercer medios de control sobre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.
Es decir, el juez se excusó o negó conocer la demanda de amparo bajo el argumento de que quienes promovieron el juicio de amparo (CCE), son ciudadanos que no pueden defender a la población. Por tanto, consideró “la existencia de interés simple y no interés legítimo” de los ciudadanos para defender este asunto.
Por otro lado, en el Acuerdo emitido el 23 de mayo de 2019, Manríquez Castro señala que el contenido del Decreto 335 es un acto materialmente administrativo -aunque formalmente legislativo-, de modo que la promoción del juicio se encuentra sujeta al término genérico de quince días. Argumento que también fue refutado en la queja del CCE.
Solís Farías agregó que el CCE está en espera de que el Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito emita su resolución.
El Decreto 335 fue aprobado el 28 de marzo de 2019 por doce diputados del Congreso local, y publicado en el Periódico Oficial el 12 de abril. En él se autoriza a la Secretaría de Planeación y Finanzas, reestructurar la deuda directa del Gobierno del Estado de Baja California, de $12,526,980,742.81, pese a que las arcas públicas no obtendrían beneficio.
También establece que el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid contrate una deuda de 2 mil 600 millones de pesos con Hacienda, por la que el Estado recibirá menos recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas por los próximos veinte años.
Además, autoriza a la dependencia que encabeza Bladimiro Hernández a establecer contratos de financiamiento para Asociaciones Público Privadas como la desalinizadora de Rosarito -aun cuando Aguas de Rosarito, SA de CV es una “empresa de papel”- y el Periférico Zapata-Aeropuerto.
Gobierno de “Kiko” Vega recula en un punto del decreto
De acuerdo con un documento al que NEGOCIOZ tuvo acceso, la administración de Francisco Vega de Lamadrid “no buscará la contratación” de una nueva deuda por 2 mil 600 millones de pesos con Hacienda, la cual sería utilizada para jubilaciones, pensiones y educación.
En tanto que, en un documento emitido el 24 de mayo dirigido al gobernador, el CCE determinó que solo 10 de los 24 créditos de largo plazo se pueden reestructurar, cuyo monto asciende a 8 mil 229 millones de pesos.
