Año con año, la cifra de detenciones por narcomenudeo en Baja California se ha incrementado de manera sustancial, al grado que tan solo en 2018 se registraron casi 8 mil aseguramientos por este hecho delictivo –según cifras del SNSP-, la mayoría se benefició con algún criterio de oportunidad que les permitió recuperar su libertad. Para el presidente del CCSP, Juan Manuel Hernández Niebla, el narcomenudeo es un tema que para los gobiernos está en el “limbo”, pues la Federación no asume el control y el Estado no tiene los alcances para realizar investigaciones y asegurar a los objetivos prioritarios
El delito de narcomenudeo en Baja California ha crecido de manera exponencial en los últimos años. De las mil 763 detenciones que se realizaron en 2016, en 2018 creció el número de asegurados a 7 mil 865 personas, y para este año, la cifra podría alcanzar los 12 mil de continuar con esta tendencia, pues en los primeros cuatro meses se abrieron 3 mil 200 carpetas de investigación. Actualmente el Estado procesa el 14.8 por ciento de los casos de todo el país.
Esto trasladó a la entidad del séptimo lugar en incidencia, al primero, lo que para el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPE), Juan Manuel Hernández Niebla, no puede interpretarse de otra manera más que aumentó el número de adictos en las calles, que se refleja en la misma incidencia delictiva.
Aunque no existe un motivo concreto del incremento, el secretario de Seguridad Pública del Estado, José Fernando Sánchez González, considera que la cercanía con Estados Unidos, principal consumidor de enervantes, es uno de los factores más importantes, sobre todo desde la legalización de la marihuana.
Sin embargo, el CCSPE va más allá, pues su presidente en la entidad considera que existe una severa descoordinación y vacío para la atención del combate a este delito, pues la Federación se desentendió del problema desde 2012 y el Estado no cuenta con un marco legal ni capacidades suficientes para combatir este problema desde las esferas más altas.
“Si hay adicción, hay narcomenudeo, si hay narcomenudeo, hay narcotráfico, si hay narcotráfico hay crimen organizado”, señaló el empresario, quien considera que todo este esquema se sustenta en la base de la farmacodependencia, donde asevera que poco se ha hecho, pues todas las acciones realizadas por las autoridades son para contrarrestar la oferta, no así la demanda.
De manera oficial, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señaló que el 90% de los detenidos por este delito, recibe un criterio de oportunidad, y de reincidir, se les otorga una pena de diez meses de prisión, dependiendo de las dosis.
Cabe mencionar que solo en la Capital del Estado, en los primeros cinco meses del año se detuvo a mil 200 personas por narcomenudeo, pero solo entre 10 o 12 son capturados a través de investigaciones que se convierten en cateos. Prácticamente todos adquieren beneficios de libertad y no generan un antecedente hasta la tercera detención.
NARCOMENUDEO EN CIFRAS
En 2016, Baja California ya evidenciaba un incremento generalizado en la incidencia delictiva, sobre todo en Tijuana, donde se reflejaron cifras alarmantes de asesinatos; en los años subsecuentes se contabilizaron por miles y convirtieron a este municipio en el más peligroso del país.
Foto: Cortesía.- Consumo de drogas
Partiendo de la relación entre homicidios y narcomenudeo, existe una constante paralela ascendente. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en 2016 se reportaron mil 180 homicidios y mil 763 expedientes por narcomenudeo; para 2017, ambos ilícitos aumentaron a 2 mil 094 y 5 mil 545, respectivamente. En 2018, los dos rompieron récord en crímenes, con 3 mil 195 asesinatos y 7 mil 855 detenidos por tráfico urbano de enervantes.
En reiteradas ocasiones, la procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva ha dicho ante los medios de comunicación que el 90% de los homicidios en Tijuana, están relacionados con pugnas entre narcomenudistas, la mayoría ocurre en diversas zonas periféricas de la ciudad.
MEXICALI APENAS ALCANZA EL 20%
Según la PGJE, el procedimiento es el siguiente: la mayoría de las detenciones son efectuadas por la Policía Municipal durante recorridos de vigilancia y -habitualmente- con pocas dosis de droga. Luego de asegurarlo, el Ministerio Público le ofrece un criterio de oportunidad, por lo que la persona vuelve a la calle en un plazo máximo de 48 horas.
De ser capturado por segunda ocasión, es turnado ante el Juez de Control, donde se le otorga una suspensión de la pena, a cambio de llevar un tratamiento para desintoxicación y comprometerse a conseguir un trabajo durante cierto tiempo.
Esto quiere decir que hasta la tercera ocasión, la persona queda detenida y con frecuencia se le otorga un abreviado para purgar una pena de diez meses en prisión. Cumplido el plazo, vuelve a las calles.
Alonso Ulises Méndez, director de la Policía Municipal, afirma que existe una alta cifra de reincidencia, aunque no pudo establecerlo en números, gran parte de las personas detenidas en la calle son vendedores de enervantes que han encontrado la mecánica perfecta para evadir la acción de la justicia.
Le llaman “carrusel”, pues el vendedor de esquina carga con cuatro o cinco dosis de drogas, y regresa a la “tiendita” para abastecerse al quedarse sin producto. Cuando un policía lo detiene, las dosis que carga consigo son insuficientes para procesarlo por narcomenudeo, y se califica automáticamente como consumidor, por lo que alcanza los criterios de oportunidad.
Lo mismo ocurre cuando se “revienta” una “tiendita” y los agentes solo encuentran unas cuantas dosis; las personas recobran su libertad en cuestión de horas.
Entre el 70 y 90% de los hechos delictivos que se procesan en la entidad -dependiendo del municipio-, son cometidos por personas adictas a los enervantes, por lo que el enorme flujo de drogas que prevalece es un factor en la tasa delincuencial, sobre todo porque el estupefaciente que más se incauta es la metanfetamina –un 80%, según cifras de la PGJE-, cuyas consecuencias en el organismo provocan mayor agresividad en los consumidores.
NADIE ATIENDE EL NARCOMENUDEO: CCSP
La Secretaría de Salud, la Fiscalía General de la República (FGR) y la PGJE, son las entidades que deberían encargarse del combate al narcomenudeo, los primeros para acabar con la demanda, y los segundos con la oferta.
Desde el CCSP, Juan Manuel Hernández Niebla asegura que existe una descoordinación entre las autoridades para atender el tema del flujo en menor escala de estupefacientes, toda vez que se rige bajo preceptos legales federales, pero es responsabilidad del Estado.
El representante ciudadano aseguró que en la PGJE no existen carpetas de investigación contra los líderes criminales de mediano nivel que operan en la entidad, por lo que solo atienden los casos menores.
José Fernando Sánchez González, secretario de seguridad pública y la Procuradora Perla Ibarra
La forma en que debe combatirse la oferta es a través de aprehender a los objetivos criminales identificados, lo que pocas veces ocurre a través de una investigación ministerial. De igual manera, la Federación no ha brindado grandes aportaciones.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, José Fernando Sánchez González, aseguró que en la entidad se cuenta con poco más de 30 objetivos criminales, los cuales son generadores de la violencia que se padece, sobre todo en Tijuana. Aunque no mencionó nombres, prácticamente todos los objetivos están relacionados con el tráfico o venta al menudeo de enervantes.
Sin embargo, reconoció que su detención es complicada, ya que la mayoría opera desde otra entidad, lo que obliga a las autoridades a solicitar cooperación con otras fiscalías, incluyendo la federal.
Sánchez González complementó que todas las entidades fronterizas padecen el mismo problema. Sin embargo, en Baja California, por colindar con un Estado que está muy avanzado en el tema de legalización, los fenómenos se resienten más, pues mucha droga ya no cruza, sino que permanece para abastecer el consumo local.
Por su parte, Hernández Niebla remató que el consumo de drogas incrementó desde que los traficantes comenzaron a pagar con droga a los delincuentes locales.
14 MDP PARA MILES DE EXPEDIENTES
En Mexicali y Tijuana, que concentran la mayoría de las detenciones y procesos por narcomenudeo, cuentan con tres y once agentes del Ministerio Público, respectivamente, para atender los miles de expedientes que se generan al año.
No conforme con ello, deben llevar a cabo investigaciones para realizar cateos en “tienditas” de droga, las cuales se focalizan principalmente en las zonas periféricas de ambas ciudades, según los reportes recibidos al 089. Esta es la justificación por la que se atrasan las indagatorias en estos delitos, pues las agencias invierten gran parte de su tiempo en llenar documentación y una serie de requisitos a cumplir para acreditar las detenciones, cuando podrían invertirlo en trabajo de campo.
Aunque el CCSP opina que el problema de las adicciones debe tratarse a través de la Secretaría de Salud, al considerarlos enfermos, el jefe de la Policía local refiere que también debe analizarse la sanción por la posesión y venta de drogas en general.
Méndez Manuell-Gómez indicó que el narcomenudeo como tal no amerita prisión preventiva, y lo que es peor, muchos son considerados consumidores y no generan antecedente penal.
“Es muy recurrente, ya que no amerita prisión preventiva, muchos quedan por consumo sin judicializarse y en las que lo logran, es una medida precautoria muy básica”, expresó el funcionario.
En los últimos meses, en Baja California se han realizado detenciones por posesión de “wax”, una sustancia derivada de la marihuana, cuyo componente no puede ser detectable en pruebas habituales de peritos de la PGJE, lo que ha complicado el procesamiento de los mismos.
