Luego de las pruebas testimoniales y periciales que presentó la Fiscalía en contra del pseudocomunicador M. Rafael S. Cortes en audiencia llevada a cabo esta tarde en los tribunales del Estado, el juez Francisco Alberto Molina Hernández concluyó vincular a proceso al imputado y continuar con la medida cautelar de prisión preventiva, por el señalamiento de coautoría en el delito de extorsión agravada hacia un empresario de la ciudad.
Como pruebas, la Fiscalía presentó la denuncia y declaración de la víctima, el empresario Arturo Pérez Behr, así como de su secretaria y un testigo; aunado a ello presentaron conversaciones obtenidas de tres números de teléfono propiedad del pseudocomunicador y datos fiscales bancarios que acreditan los depósitos de dinero que recibió S. Cortes por la presunta extorsión.
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Durante la audiencia se detalló que el día 10 de noviembre de 2017 se publicó una nota en el portal de Internet que maneja el supuesto comunicador, en el que se realizaba una “difamación” en el contra del agraviado, quien le informó a un amigo suyo –testigo- sobre la situación, éste le presentó a José Santiago Collazo, quien le dijo “yo tengo el control de Mariano Soto” y le propuso un plan para resarcir la situación.
Collazo le pidió al empresario la cantidad de 100 mil dólares para él y 8 mil pesos para S. Cortes sin embargo el empresario dijo no contar con tal cantidad y acordaron bajarle a 20 mil dólares, los cuales entregó en dos partes de 10 mil dólares cada una.
El 16 de noviembre la nota se bajó del portal en donde se había publicado, y contrario a ello se publicó una nota en la que S. Cortes pedía disculpas por haber publicado información falsa.
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A cambio de ello, la extorsión siguió cuando le pidieron a Pérez Behr que continuara dando la cantidad de 8 mil pesos mensuales a cambio de que en el futuro no se volviera a compartir alguna información difamatoria, actividad que continuó hasta noviembre de 2018, cuando el agraviado decidió poner una denuncia penal en contra de estas personas.
Previo al desarrollo de todos los hechos el imputado pidió su derecho a declarar y solamente mencionó que él no conocía al señor Pérez Behr, sin embargo sí aceptó que estuvo recibiendo dinero de su parte a sus cuentas pero por conceptos de “donación”, razón que el juez no encontró como válida ni justificada y, junto con las demás pruebas, determinó que eran motivos suficientes para la vinculación a proceso.
Finalmente el juez acordó con la Fiscalía y la defensa un plazo de dos meses para llevar a cabo todo el proceso de investigación posterior, concluyendo el día 15 de julio del presente año, aunque también dejó abierta la opción a prórroga si así lo manifestaba o requería la propia Fiscalía.
