Alberto Pérez Dayán, ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso declarar inconstitucional, e invalidar en su totalidad la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, vigente desde noviembre de 2018, e impulsada por Andrés Manuel López Obrador.
Con dicha ley, la primera aprobada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión, se pretendió regular la prohibición de que cualquier funcionario gane más que el Presidente de la República, prevista en la Constitución desde 2010.
“Se declara la invalidez del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de noviembre de 2018”, indica el proyecto.
Según el diario El Universal, Pérez Dayán envió a los otros ministros algunas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas la 105 y 108/2018, promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición, argumentando que violaciones y omisiones en el proceso legislativo, entre otros.
Pérez Dayán hizo dos propuestas de invalidez de esta ley, una total, y otra parcial. En ambos casos, se requerirá el voto de al menos ocho de los 11 ministros de la SCJN para invalidar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, asunto que podría ser discutido a mediados de mayo en el Pleno de la Corte.
La propuesta de invalidez total del ministro determina que existieron violaciones al procedimiento legislativo, ya que dicha Ley fue aprobada por el Senado en noviembre de 2011. Sin embargo, la minuta respectiva estuvo congelada casi siete años en la Cámara de Diputados.
Después, tras la llegada de Morena, que tiene mayoría legislativa, se aprobó sin cambio alguno el 13 de septiembre de 2018, lo que generó varios errores y desfases, ya que la redacción de la ley dejó de coincidir con muchas otras normas reformadas desde 2011, señaló Pérez Dayán.
A pesar de que el Congreso de la Unión corrigió los errores mediante una reforma publicada el 12 de abril pasado, eso no impediría que la ley sea anulada, indica el proyecto del ministro, que incluye las nueve controversias constitucionales y dos acciones de inconstitucionalidad tramitadas contra dicha norma.
Si no hay ocho Ministros que apoyen este argumento, la Corte revisara si el Congreso incurrió en omisión legislativa parcial, pues no desarrolló en la ley parámetros para calcular el salario del Presidente, sino que se limitó a repetir lo que dice el artículo 127 de la Constitución.
Pérez Dayán consideró que las violaciones al procedimiento legislativo y la omisión en la que incurrió el Congreso de la Unión son de tal magnitud que pueden impactar en el ordenamiento y, principalmente, afectan negativamente a todo el servicio público.
Si el proyecto del ministro es aprobado, se prevé que la SCJN ordene al Congreso que legisle en 90 días a contar dentro de los periodos ordinarios para crear de nuevo la Ley Federal de Remuneraciones, en la que los legisladores observen el impacto que tiene la misma en el servicio público.
– Con información de El Universal.
