Tiene razón el diputado Andrés de la Rosa Anaya, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, cuando argumenta que el organismo legislativo no debe detener sus actividades por el inconveniente político que representa el hecho que once de los veinticinco diputados hayan salido a buscar la reelección y la Junta de Coordinación Política haya tardado más de 22 días para sesionar y sustituirlos debidamente.
Sin embargo, tampoco se puede obviar el oportunismo del legislador De la Rosa y de su bancada para aprovechar el momento de su mayoría panista en la Comisión para avanzar o mover, sin oposición, temas delicados de interés para el gobierno local que, previo a los cambios, se habían mantenido casi congelados.
Tal como hicieron el 12 de abril, dos días después que nueve diputados solicitaran licencia temporal y uno licencia definitiva, cuando los panistas De la Rosa, Ignacio García y Raúl Castañeda -solos- aprobaran en sesión de la Comisión de Gobernación, la convocatoria para seleccionar al fiscal general, puesto en el que la oposición ha denunciado, los del partido azul pretenden dejar a un hombre que cubra las espaldas del todavía gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Nota: en la sesión de pleno del 2 de mayo, por unanimidad se regresó a comisiones para su análisis.
Pero en términos reales, también es necesario aclarar que la llegada y distribución oficial y formal de los diputados suplentes en las comisiones, tampoco garantiza procesos democráticos serios, oposición de equilibrios o que los representantes de los partidos con menos poder vayan a sostener una postura crítica.
El ejemplo en contrario lo puso el recién estrenado legislador permanente José Antonio Casas del Real, quien por el partido Transformemos -antes Encuentro Social- suplió al ex diputado Luis Moreno, férreo crítico de los abusos financieros de los gobiernos locales, de la confabulación de los panistas en los poderes Ejecutivo y Legislativo y del “mayoriteo”.
Sin embargo, su suplente Casas del Real mostró una ideología y postura diferente en la sesión del 28 de marzo de 2019, cuando apoyó el “madruguete” que anticipó la ex legisladora de la fracción panista Victoria Bentley- hoy de Movimiento Regeneración Nacional-. Ese día, el de Transformemos votó con los del blanquiazul y los priistas para reestructurar, ampliar y extender la deuda al gobierno de Francisco Vega, denunciado en repetidas ocasiones por el desorden y el desaseo de las finanzas. Propuesta que se integró de última hora al Orden del Día, y que los legisladores evidentemente no se tomaron el tiempo, ni cumplieron con su obligación de analizar.
Héctor Mares ya suplía a Víctor Morán (Morena), lo mismo que Antonio Casas del Real a Luis Moreno. En la oposición, los nuevos son Nibardo Flores en lugar de Catalino Zavala (Morena), José Bibriesca por Eugenio Núñez (PBC) y Patricia Valeriana por Claudia Agatón (PT).
Los suplentes que llegan a reforzar y suplir las huestes del Partido Acción Nacional son Félix René Moctezuma, Lourdes Bueno González, Silvia Álvarez Hernández, Yessica Elizalde Villalobos, Saúl Osnaya López, Alma Saldaña Rivera y Marcia Barrientos Lizárraga.
Poco se sabe de ellos, de hecho al 2 de junio, 22 días después de haberles tomado protesta, el Congreso del Estado continuaba sin publicar sus currículums, mientras los funcionarios del PAN en el Estado también eran incapaces de proporcionar la información de vida y obra de sus suplentes.
Más allá de su vida pública, estos hombres y mujeres tendrán la oportunidad que pocos bajacalifornianos poseen: incidir directamente en la toma de decisiones que marcará el desarrollo del Estado, particularmente en temas que -ahora sí- los panistas están apurados en sacar la elección del magistrado Anticorrupción, del fiscal general, del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de los tres consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) y por lo menos un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pendiente de nombrar.
De acuerdo a los tiempos oficiales, que podrían cambiar si los legisladores propietarios piden licencias definitivas, estos nuevos diputados tendrán apenas 53 días -hasta el 3 de junio- para decidir si hacen el mejor papel de sus vidas, si aprovechan sus 15 minutos para dejar la mejor de las impresiones o si se comprometen con el juramento que hicieron, de guardar y hacer guardar las leyes.
La oportunidad de favorecer a un verdadero sistema de pesos y contrapesos, de vigilar el correcto manejo de las finanzas públicas, de votar por los criterios que les permitan elegir para las instituciones responsables de combatir la impunidad a los mejores hombres y mujeres que contribuyan al desarrollo del Estado y no los que pretendan pagar cuotas, ampliar el poder de los partidos o solapar corruptelas.
En principio tienen de frente la elección del suplente del magistrado Emilio Castellanos, las entrevistas con los aspirantes a consejeros del ITAIPBC, donde solo cinco de los 24 aspirantes son ciudadanos sin ligas o pasado en alguna entidad de gobierno, así que pronto sabremos de qué están hechos los suplentes: si continuarán con la nada loable costumbre del actual Congreso de politizar y partidizar las decisiones de Estado, o decidirán poner el ejemplo a los diputados propietarios y votarán por el bien y la mejora de la sociedad a la que están representando.
