El mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono Muñoz”, presunto responsable de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales para el Cártel de Los Zetas en Europa, fue liberado por las autoridades de Estados Unidos, después de que la semana pasada se declaró culpable y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en informante.
Según informó el diario Milenio, citando fuente cercanas al caso, “El Mono Muñoz” está libre desde hace unos días.
El pasado 20 de mayo, el diario San Antonio Express News publicó que durante una audiencia celebrada ante una Corte Federal de San Antonio, Muñoz Luévano se declaró culpable por el delito de lavado de dinero.
A decir del juez David Ezra, los activos de “El Mono Muñoz” provienen de transacciones ilegales del narcotráfico. Según el mismo rotativo texano, la audiencia en la que se le dictaría sentencia a “El Mono Muñoz” se realizaría el próximo 25 de noviembre. Sin embargo, los abogados del mexicano pedían que su cliente saliera libre bajo fianza.
Muñoz Luévano se declaró culpable únicamente de conspiración de lavado de dinero, de los cuatro delitos que se le imputaban, después de que Russell Leachman, procurador Auxiliar de Estados Unidos, reemplazó la acusación inicial con un documento llamado información criminal, que solo dejaba intacto dicho cargo.
El rotativo texano indicó, además, que “El Mono Muñoz” se convirtió en informante del Gobierno de Estados Unidos, para ayudar a los fiscales estadounidenses a capturar objetivos mexicanos, como Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila de diciembre del 2005 a marzo del 2011, y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para convertirse en informante, Muñoz Luévano alcanzó un acuerdo con los fiscales y el juez federal Ezra en una Corte de San Antonio, para cooperar como testigo, a cambio de beneficios en su condena, misma que pudiera ser una pena menor a 20 años de prisión.
El pasado 5 de marzo, Muñoz Luévano se declaró inocente de seis cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante la jueza Elizabeth Chestney, de la Corte para el Distrito Oeste de Texas, quien ordenó mantener preso a El Mono, y sin derecho a fianza, mientras se determina fecha para el juicio en su contra, proceso que tomará varios meses.
El presunto enlace de los Zetas en Europa presentó su declaración por escrito, mediante un formato por el cual renunció a su derecho de comparecer en audiencia pública ante la Corte federal para escuchar los cargos en su contra, así como a su derecho de oponerse a la petición de la Fiscalía para mantenerlo en prisión.
El 7 de enero de 2015, el Departamento de Justicia estadounidense había presentado una acusación contra Muñoz Luévano, que desde entonces se conservó bajo reserva, hasta que el 21 de marzo de 2016, tras el arresto de El Mono en Madrid, se ordenó su publicación.
El “indictment”, de cuatro cuartillas, fincaba a Muñoz Luévano seis cargos penales: cuatro por posesión, importación y distribución de cocaína, uno por uso de armas para mantener una empresa criminal, y otro por lavado de dinero obtenido de narcotráfico.
Muñoz Luévano, detenido en Madrid el 18 de marzo del 2016, se encontraba en prisión en España acusado de delitos de blanqueo y narcotráfico. Fue a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que el Gobierno español decidió entregarlo a EE.UU. el pasado 1 de marzo, donde se le considera sospechoso de liderar una organización de tráfico de estupefacientes.
Según la justicia de ambos países, dicha organización estaría asociada al cártel mexicano de los Zetas, que se dedicaba a la importación de cocaína desde México hasta los Estados Unidos, desde 1999 hasta el 2015.
Además, la organización dirigida por “El Mono” Muñoz, utilizaba armas de fuego adquiridas al cártel de los Zetas para controlar los pasillos de introducción y distribución de la droga en territorio estadounidense, y blanqueaba el dinero obtenido de sus actividades ilícitas a través de varios negocios de su propiedad utilizados para tal fin.
Alias “El Mono” guardó documentos en casa de su hijo, ubicada en un suburbio de Madrid, España, en donde se desvelan el trasiego de 2 mil 100 kilos de cocaína y 75 millones de dólares, en una operación que duró tan sólo seis días: entre el 11 y el 17 de febrero de 2012.
Muñoz Luévano, según lo aseguró el diario español El País en octubre del 2016, guardó en dos computadoras intervenidos en su domicilio, detalles de 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viaje, maletas, y hasta en cajas de cartón, a los jefes de la organización en distintos hoteles de la zona centro de la Ciudad de México.
Según la contabilidad guardada por “El Mono”, el dinero se había recaudado en solo seis días mediante la venta de 2 mil 100 kilogramos de cocaína en Europa, de los que se repatriaron alrededor de 63 millones de euros a los Zetas, organización criminal de la cual, la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), considera a Muñoz Luévano un miembro importante.
En diciembre del 2016, el mismo rotativo difundió un informe de la Policía española, basado en intervenciones telefónicas hechas por varios meses, en el que se indicó que alías “El Mono” Muñoz, estaba supuestamente relacionado con políticos y funcionarios, entre ellos, los hermanos Moreira Valdés: Rubén y Humberto.
Además, del actual procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria; así como con Adrián Emilio de la Garza Santos, ex alcalde de Monterrey, Nuevo León, y que de 2011 a 2015 fue procurador General de Justicia de dicha entidad.
Además de Jesús Torres Charles, exfiscal de Coahuila y exconsejero jurídico en los gobiernos de los Moreira Valdés, quien dejó su cargo tras las acusaciones de que Los Zetas pagaban millonarios sobornos a funcionarios para recibir protección. Sin embargo, todos los personajes involucrados negaron de forma rotunda los supuestos nexos con Muñoz Luévano.
Las intervenciones telefónicas, de las que dio cuenta El País, dieron cuenta de las órdenes de Muñoz Luévano a sus sicarios: palizas, secuestros, amenazas y hasta asesinatos en México. Incluso un supuesto plan para asesinar a una Fiscal en Coahuila, del que España avisó a las autoridades mexicanas sin recibir respuesta.
En octubre del año pasado, el diario Reforma informó que a pesar de ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) como operador de una red de robo de combustible a la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto otorgó a Muñoz Luévano, permisos y concesiones para transportar y vender gasolina.
El rotativo abundó que el 16 de marzo del 2017, un año después de ser detenido en España acusado de lavar dinero para Los Zetas y ser requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó la autorización para operar una gasolinera en un ejido de Saltillo, Coahuila.
“Este permiso autoriza a Juan Manuel Muñoz Luévano para expender gasolina Magna, Premium y Diésel en la estación de servicio ubicada en Carretera Zacatecas-Saltillo No. 20915, La Encantada, en Saltillo, Coahuila […] De conformidad con la Resolución Núm. RES/406/2017, emitida por la Comisión Reguladora de Energía el 16 de marzo del 2017”, establecía el texto firmado por Ingrid Gallo Montero, actual Secretaria Ejecutiva de la CRE.
En enero del 2016, dos meses antes de su detención en España, ese mismo organismo le otorgó a “El Mono” una concesión a 30 años para transportar combustibles en la región Laguna, mismo que permite a Muñoz Luévano movilizar combustible en la zona de Mapimí, entre Durango y Torreón, así como en los municipios de San Pedro, Matamoros y Viesca, en Coahuila.
“Este permiso definitivo de transporte por autotanque de gasolina y diésel autoriza a Juan Manuel Muñoz Luévano para realizar la actividad transporte de conformidad con la Resolución Núm. RES/010/2016 emitida por esta Comisión Reguladora de Energía el 14 de enero del 2016”, se lee en el documento firmado por Luis Alonso Marcos González de Alba, entonces Secretario Ejecutivo del organismo.
Según el citado rotativo, el área concesionada a “El Mono” está catalogada por la PGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), como de alta incidencia de robo de combustible en ductos de Pemex.
