Cien días le tomó al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tomar control de lo que fue la PGR e iniciar las investigaciones sobre el que se presume es el sexenio con más señalamientos de corrupción en tiempos modernos, el encabezado por Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018.
El informe que ofreció Gertz Manero confirma la nueva dinámica en la ahora Fiscalía General de la República. Aun cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Fiscal General sí está investigando la corrupción que el mandatario nacional ha diluido de su discurso pero que fue fundamental durante la campaña por la Presidencia de la República: los ya representativos casos de ilícitos que durante la administración priista de Peña Nieto, fueron denunciados desde el periodismo de investigación y la sociedad civil, y pobremente indagados en el ámbito de la procuración de justicia, en efecto, los referidos casos de la Estafa Maestra y Odebrecht.
Definitivamente el iniciar investigaciones de manera correcta sobre esos dos casos, paradigmas de la corrupción en el sexenio pasado, será la principal evidencia de un cambio de rumbo en la procuración de justicia de este país a partir de la FGR. Demostrará el Fiscal que el único interés de la institución que encabeza y en la cual estará por un periodo de nueve años, es la justicia. Así, la justicia sin distingos de partidos, de gobiernos, de personas, de políticos o partidos.
Es innegable que tal acción podría ser la entrada al combate a la impunidad, especialmente a la impunidad política que ha imperado en el país, como lo acierta en su informe Gertz Manero, desde la creación de lo que fue la PGR en el sistema presidencialista mexicano, donde fue la institución utilizada para castigar a detractores, proteger a aliados del Gobierno, y gozar de sus recursos y bienes por parte de quienes ahí laboraron.
De la Estafa Maestra, también una investigación periodística que estimó un daño al erario de arriba los 7 mil millones de pesos a través de once secretarías de Estado, particularmente la ex Secretaría de Desarrollo Social, Universidades y empresas fantasma, el Fiscal General de la República ha dicho que se trata de un posible daño por 5 mil 875 millones de pesos en una colusión de funcionarios con un interés delictivo coordinado, un “saqueo maquinado desde el poder público”. Refirió que en este caso, su equipo ha debido reestructurar toda la investigación existente, “desde la perspectiva de delincuencia organizada… un posible delito de Estado encubierto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” entre otras secretarías, y se ha comprometido a “investigar esta hipótesis criminal”.
De las palabras del Fiscal se entiende que los mexicanos que denunciaron estos actos de corrupción durante la pasada administración no estaban equivocados, que efectivamente se trató de un sexenio en el cual maquinaron un saqueo desde el poder público. Así de contundente, Gertz Manero le puso cifra al desfalco. Más de 5 mil millones de pesos.
Se entiende que para el Fiscal no ha sido fácil pero sí laborioso. A partir que tomó posesión del cargo, los ordenamientos legales le proveen de un año para reorganizar la FGR y hacerla una entidad eficiente, autónoma, que verdaderamente combata la impunidad en todos sus niveles.
Nos hemos enterado también a través del Fiscal, que el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, ha presentado 12 mil 700 denunciar por actos de corrupción, y que las principales instituciones denunciantes son la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Consejería Jurídica de la Presidencia de las República. De esos casos, se han judicializado 400 y ha habido 620 detenidos.
También por el informe del Fiscal confirmamos que lo que fue la PGR solo servía como agencia de colocaciones para funcionarios de alto nivel, que no había sistema de investigación y el rezago era alarmante, que fue utilizado el presupuesto para beneficiar a los amigos y que los funcionarios vivieran con las mayores comodidades posibles, por ejemplo que en 2013 compraron un avión Bombardier Challenger 605, de esas aeronaves que gustan a las personas de negocios, en 19.5 millones de dólares, cuando el precio real en el mercado internacional era (en el año de la adquisición) de 15.5 millones de dólares. Aparte del sobre precio, se desprende que tal avión no era necesario para la que fue la PGR.
De cuatro mil policías en la ahora Fiscalía, 800 estaban comisionados a servir como escoltas de altos empresarios y otros beneficiados, de esos, dice Gertz, han “recuperado” 230. Gastaban en todo en la PGR y comprobaban poco. Se excedían en viáticos, pago de servicios, reparaciones, no había ningún sistema de control de gastos.
En la PGR que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la encabezaron cuatro personas, Jesús Murillo, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Elías Beltrán, en ese orden, no había siquiera un oficialía de partes, por tanto no había un sistema para el tratamiento de las denuncias presentadas, ni la apertura de carpetas, los casos judicializados, los agentes ministeriales encargados de los mismos. Nada. De ahí que en el informe de los cien días del Fiscal, revelara que se encontraron con 300 mil averiguaciones previas sin investigar, 21 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar, 28 mil mandamientos ministeriales incumplidos y 3 mil dictámenes no emitidos, entre otros números de la impunidad institucional que se ponderaba en la PGR.
La impunidad que ha respirado México en los últimos años no era gratuita. La PGR era una institución al servicio del Presidente de la República y para disfrute de sus colaboradores. En el nuevo marco de la FGR, la propuesta de Gertz es elaborar un nuevo código penal, incorporar todos los delitos que se han incluido a través de distintas leyes, promover la imprescriptibilidad de los delitos graves, combatir la reincidencia, compactar los tiempos procesales, ponderar el derecho de las víctimas y la reparación del daño.
A cien días de tomar posesión como Fiscal General de la República, con responsabilidades y obligaciones establecidas, Alejandro Gertz Manero tiene la enorme oportunidad de acabar con lo que más afecta a los mexicanos, la impunidad, la injusticia.
Los casos Odebrecht y Estafa Maestra, entre otros por él seleccionados, son coyunturales en el combate a la corrupción. Ver a ex funcionarios de alto nivel juzgados por ello, encarcelados incluso, no solo abonaría al estado de derecho del que se ha carecido en México, sino dará certidumbre a la sociedad sobre una institución como la Fiscalía, que no termina de transitar a la total independencia.
Empezar por el sexenio de Enrique Peña Nieto, el de la “maquinación delictiva”, aun sin la consulta presidencial sino por el solo hecho de hacer valer la ley y hacer justicia, será un buen inicio para la Fiscalía General de la República… por lo pronto.
