Apenas procesan a Fernando Sánchez Arellano en Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, por la tentativa de homicidio del Capitán Jorge Eduardo Montero, quien fue secretario de Seguridad Pública de ese municipio en 2007. También se encuentra encausado por el homicidio calificado del escolta del funcionario policial. Abogados del sobrino de los hermanos Arellano Félix ya buscan un amparo. En el fuero federal procesan al ex líder del CAF por lavado de dinero y, repetidamente, por delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud
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A Fernando Sánchez Arellano “El ingeniero” o “El Alineador”, quien fuera líder del Cártel Arellano Félix (CAF) y detenido desde 2014, le juzgan por delitos del fuero común presuntamente cometidos en Baja California hace más de once años, como el atentado contra el Capitán Eduardo Montero cuando fue director de Seguridad Pública de Rosarito, perpetrado en diciembre de 2007.
En el ámbito federal, el sobrino de los hermanos Arellano Félix cuenta con procesos penales en los estados de Nayarit y Tamaulipas por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
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De manera sigilosa, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, al familiar de los fundadores del Cártel Arellano Félix (CAF) le fue cumplimentada una orden de captura en reclusión y se le dictó auto de formal prisión en la causa penal 309/2016, por delitos cometidos contra la vida.
Efectivamente se trata del atentado que se registró en 2007 contra Montero Álvarez, entonces director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, hechos en los que murió el agente Guillermo Castro Corona, quien formaba parte de su escolta y fue herido el también policía local Leonel Pizaña Brit.
A Sánchez Arellano se le considera presuntamente responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado y tentativa del mismo delito en agravio de los referidos policías municipales. La resolución del término constitucional del juzgador fue confirmada en segunda instancia por magistrados de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con sede en Mexicali.
La defensa del imputado en el viejo sistema de justicia penal presentó una demanda de garantías ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, donde se radicó el juicio con el expediente 16/2019, el cual podría resolverse durante el mes en curso.
Foto: Archivo
EL ATENTADO CONTRA MONTERO
De acuerdo con la averiguación previa del caso, desde su arribo a la corporación, Montero Álvarez fue amenazado de muerte. Información recaba en su momento por Investigaciones ZETA, daba cuenta que por lo menos había recibido tres amenazas antes del 18 de diciembre de 2007, cuando en las propias instalaciones de la Policía Municipal de Rosarito, los emisores de las afrentas intentaron matarlo.
Las amenazas tenían por objeto que “dejara trabajar sin problema a los huestes del CAF”, pero los sicarios, entre quienes se presumía hubo complicidad y participación de agentes municipales bajo el mando de Montero, a pesar de utilizar 22 armas de fuego distintas, fallaron, y en lugar del Capitán, mataron al agente Guillermo Castro Corona e hirieron a otro guardia de seguridad de la misma corporación, Leonel Pizaña Trip. Ambos estaban asignados como parte de la escolta de Montero.
En su edición 1760, del 21 al 27 de diciembre de 2007, ZETA publicó sobre las indagaciones:
“…investigaciones más profundas de interesados en el quinto municipio, además de oficiales, indican que los desleales elementos que responden a las necesidades y órdenes de los principales integrantes del Cártel Arellano Félix: Teodoro García Simental, Jorge Briseño y Saúl Montes de Oca (…) Una vez dentro de las oficinas de seguridad, los sicarios iniciaron una cruenta balacera. Destrozaron paredes, mobiliario, ventanas y computadoras. Accionaron sus armas en dirección a la oficina del Capitán. Este repelió el ataque con su arma de cargo. Ante la debilidad de las paredes de su despacho hechas con falso plafón, Montero se tiró al suelo. Se arrastró protegiéndose del fuego hasta llegar a su baño privado. Un minúsculo pero seguro cuarto le sirvió de fortaleza para seguir defendiendo su vida (…) Cuando el Capitán Montero encontró una oportunidad para salir al paso, solicitó cobertura de sus agentes de seguridad y salieron del edificio. Ya las camionetas de los sicarios habían abandonado la escena del crimen. Detrás dejaron un muerto y dos heridos, un agente y un civil. Además, unas oficinas destruidas”.
Milagrosamente, Jorge Eduardo Montero la libró.
Una semana después, un agente de la Policía Ministerial le avisó que la cosa no quedaba ahí y tendría que negociar con los criminales sin necesidad de corromperse. Las investigaciones del atentado tuvieron una etapa de rápida recolección de datos y después un enorme letargo, producto del manoseo que se realizó en las procuradurías General de Justicia del Estado (PGJE) y la General de la República (PGR, hoy FGR), que al final ejerció su facultad de atracción.
Según señalamientos de quienes iban cayendo en manos de las autoridades, policías municipales de Playas de Rosarito estaban involucrados. La corporación estaba infiltrada. Algunos de los señalados fueron detenidos y alguno que otro ejecutado. De los detenidos, otros recuperaron su libertad tiempo después.
A los uniformados que resultaron vinculados al hecho violento y a la organización de los hermanos Arellano Félix les acusaron por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, debido al arsenal asegurado. Dichas pistolas y fusiles -acorde con pruebas periciales de balística- estaban relacionadas con otros homicidios de ese tiempo.
Aunque inicialmente no se estableció el nexo de Fernando Sánchez Arellano con el atentado de Montero, pues se creía que había sido iniciativa de alguno de sus pistoleros, con la correspondiente autorización del jefe de célula, el Ministerio Público Federal siguió la línea hasta arriba y determinó ejercitar acción penal en su contra.
LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL SOBRINO
Aunque la fecha para desahogar la audiencia constitucional se difirió para mayo, es probable que la resolución del amparo demore mucho más tiempo, pues algunos de los terceros interesados, en este caso las víctimas o sus deudos, no han sido del todo localizados para emplazarles al juicio constitucional. El más visible, Jorge Eduardo Montero Álvarez, con domicilio en Mexicali, está al tanto del asunto.
Fotos: Archivo.- Fernando Sánchez Arrellano, ‘”El Ingeniero”.
Sin embargo, la señora María Cruz “N”, viuda de Guillermo Castro Corona, no ha sido localizada. El Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, Baja California, informó al Juez de Distrito de Amparo que las primeras notificaciones a la mujer se le realizan a través de listas en los estrados del recinto judicial.
Para evitar violaciones al debido proceso, el juzgador federal requirió a los representantes legales y delegados de diversas dependencias y empresas, para que informen a dicha autoridad si en sus respectivos archivos o bases de datos aparece registrado el domicilio a nombre de María Cruz “N”, apercibidos de que de no contestar serán
multados. Las instituciones requeridas son:
Comisión Federal de Electricidad; Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana; Teléfonos del Noroeste, Sociedad Anónima; Compañía de Gas de Tijuana; Recaudación de Rentas; Registro Público de la Propiedad y de Comercio; subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social; además de Catastro Municipal, todas con sede en esta frontera.
También se solicitó información para localizar a la víctima indirecta al vocal del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California, con sede en Mexicali. Mientras eso sucede, se continúa con la recepción de informes justificados de las autoridades señaladas como responsables.
La orden de aprehensión contra “El Ingeniero” se dictó originalmente en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tijuana, en la causa penal 294/2009.
LOS OTROS CASOS CONTRA “EL INGENIERO”
Actualmente Fernando Sánchez Arellano es procesado en la causa penal 52/2014 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, donde le dictaron auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
También se encuentra formalmente preso en otro expediente desde el 24 de julio de 2014 en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Auto confirmado en apelación por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, de fecha once de junio de 2015.
Los asuntos más antiguos se encuentran en tribunales del Estado de Nayarit. Por ejemplo, el 14 de diciembre de 2008, el entonces Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Tepic, radicó la causa penal 149/2008, con motivo de la consignación realizada por un fiscal federal adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, relativa a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/320/2008, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud.
En la causa penal 461/2009, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tepic, Fernando Sánchez es procesado por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud. La formal prisión se dictó el 10 de junio de 2014 y la resolución se confirmó el 24 de septiembre de ese año por el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito.
Otro caso en el que “El Alineador” consiguió un resultado favorable es el radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, en la causa penal 10/2009. El mismo delito: delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud. El 10 de julio de 2014 le dictaron auto de formal prisión, pero en la apelación consiguió que el Segundo Tribunal Unitario de la misma zona geográfica ordenara la reposición de procedimiento para que al procesado se le revelaran los nombres e identidades de los testigos protegidos que depusieron en su contra.
Una vez repuesto el procedimiento le volvieron a dictar formal prisión, en una nueva apelación, el 29 de junio de 2016, un tribunal de alzada revocó el auto de bien preso y en cambio decretó en su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar en relación con el delito de delincuencia organizada.
La defensa legal de Sánchez Arellano ha alegado en favor de su cliente que todas las acusaciones y procesos penales que tiene por delincuencia organizada son por los mismos hechos, y piden se analice el supuesto de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, aunque a la fecha no existe sentencia definitiva de ninguno de los casos.
En contra de “El Ingeniero”, el Ministerio Público Federal estima que los medios probatorios aportados en los expedientes, resultan aptos y suficientes para establecer, hasta este momento, que el inculpado probablemente es miembro -con funciones de líder- de la organización criminal denominada Cártel de los Hermanos Arellano Félix o Cártel de Tijuana”, que tiene como lugar de operaciones -entre otros- Mexicali, Tijuana y Tecate, Baja California; así como Culiacán, Sinaloa. “Sus operaciones, se advierte, datan por lo menos desde el año 1998, hasta el dos de julio de 2014, en que se detuvo al referido encausado”.
Fernando Sánchez Arellano se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
705 ejecutados en Tijuana en 2019
En los primeros cuatro meses del año, Tijuana registró 695 homicidios dolosos, mientras que en las 30 horas iniciales de mayo, la cifra de crímenes alcanzaba los once. En los últimos días la violencia ha repuntado en la delegación San Antonio de los Buenos, donde los cárteles Tijuana Nueva Generación (CTNG) y De Sinaloa (CDS) disputan la venta de droga al menudeo. El control de las calles lo generan Edgar Morán Zavala “El Turbo” del CDS, contra Cristian Rodríguez y el de apodo “El Búho” del CTNG.
Durante la semana, en la colonia Reacomodo Sánchez Taboada fueron agredidos a tiros agentes de la Policía Estatal Preventiva, mientras realizaban un recorrido de vigilancia. Los uniformados salieron ilesos del ataque. La unidad 1676 registró varios disparos en el parabrisas, en tanto que los delincuentes, quienes huyeron en un vehículo sedán BMW que posteriormente abandonaron en las inmediaciones de la zona, no han sido capturados.
No habían pasado 24 horas cuando agentes de la Policía Municipal también fueron atacados a balazos cuando realizaban la persecución de un vehículo sospechoso en la colonia San Ángel de la delegación San Antonio de los Buenos. De igual forma, resultaron ilesos.
Otro hecho violento que generó alerta en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fue el cometido en Zona Río, una de las franjas más “blindadas” por la corporación. En la Vía Rápida Poniente, a la altura de Plaza Río, un hombre identificado como Juan Pablo González Ferraez, de 35 años de edad y originario de Tijuana, fue asesinado a bordo de una camioneta Ford Explorer 2017. Iba acompañado de su esposa, madre y dos menores 3 y 13 años de edad. El occiso contaba con antecedentes penales en México, orden de aprehensión cancelada por robo equiparado en 2005, denuncias penales por propiedad ajena intencional, fraude, robo de vehículo, robo con violencia y daños en propiedad ajena; y en Estados Unidos al intentar cruzar droga por la frontera. Los presuntos responsables del ataque, quienes circulaban en una camioneta color blanco, no han sido aprehendidos.
Aquí los homicidios de las primeras horas de mayo.
Miércoles 1. En una vivienda abandonada en colonia Pedregal de Santa Julia, un masculino de 30 años fue asesinado al recibir balazos en la cabeza; en la escena del crimen se localizó un casquillo WWCC 12. Envuelto en cobijas fue encontrado el cadáver de una mujer de 25 años en la colonia Alfonso Garzón. Con lesiones por arma de fuego en cabeza, pecho y espalda un joven de 25 años fue ultimado en Urbi Villa del Prado segunda sección. En Ciudad Jardín, José Guadalupe Cruz López, de 66 años, fue ultimado a bordo de su camioneta Toyota Tacoma; en la escena del crimen se hallaron seis casquillos 9 milímetros. Rubén Antonio Ramírez Rivas, de 26 años, fue acribillado en la colonia Xicoténcatl Leyva tras recibir múltiples disparos de arma calibre 223 y 9 mm en extremidades inferiores; 30 casquillos percutidos de ambas armas fueron embalados por agentes periciales.
Jueves 2. En el fraccionamiento Santa Cruz, se reportó el asesinato de Ernesto Castro Herrera, de 59 años. Abraham Ortiz Lizárraga, de 19 años, falleció víctima de arma de fuego en la colonia Tejamen. En Terrazas de San Ángel se localizó el cadáver de un masculino envuelto en una cobija color rojo. El cuerpo sin vida de una mujer, hasta ahora sin identificar, envuelto en una cobija de diversos colores, fue localizado Camino Verde. En un tramo de terracería en la colonia El Realito se reportó el hallazgo de un masculino sin vida.
