De acuerdo al Artículo 17 de la Constitución de Baja California, para ser diputado únicamente se requiere, textualmente, ser mexicano, tener 18 años cumplidos y vecindad en el Estado de por lo menos cinco años.
Los requisitos constitucionales no incluyen nada que garantice que harán un buen trabajo, eso de tener honorabilidad probada, reconocido prestigio profesional, experiencia técnica o haber destacado por su contribución a los temas de orden legislativo.
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Sin embargo, la máxima Ley en el Estado también es muy clara al ordenar que “No pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación” o fracción parlamentaria, porque no se trata de complacer al gobernador o su partido. Y recordar que “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este”, y no para beneficio de su gobernador, su partido o sus amigos.
Pero las necesidades del pueblo han sido ignoradas por los integrantes de la XXII Legislatura, particularmente por la mayoría panista, quienes en más de una ocasión, decidieron aprobar el endeudamiento del Estado por los siguientes 20 o 30 años, a través de diversos proyectos. Por ejemplo, una costosa y enorme desaladora en Rosarito, cuando lo que se requiere es una de menor precio; o un Periférico-Aeropuerto-Zapata-Doble Piso a Playas de Tijuana que no es autofinanciable.
Señalados de recibir beneficios económicos por sus votos a favor de estos onerosos contratos contra el erario, los diputados no han tenido problema en seguir sumando abusos, el más reciente, expuesto en medios nacionales.
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El caso del diputado con licencia por Movimiento Regeneración Nacional y secretario técnico de la Mesa de Coordinación de Seguridad Pública Federal, Víctor Manuel Morán Hernández, quien hizo que el Congreso local pagara alrededor de 3 millones de pesos por sus gastos, presentando facturas por servicios dentales, cirugía cosmética, compra de medicamentos y comidas, entre otras cosas.
Aunque el diputado asegura que el documento usado para acreditar esos gastos es falso, los abusos al erario han tenido un costo en la mermada credibilidad de los integrantes de un Congreso, no ha detenido a los legisladores, quienes también han optado por ignorar las necesidades del pueblo al momento de elegir a los funcionarios públicos, cuya designación está bajo su responsabilidad.
Los procesos electivos del Poder Legislativo han sido pervertidos, al promover la participación de comités ciudadanos, realizan exámenes y al final, de acuerdo a los intereses y negociaciones de los partidos, desechan a los mejores candidatos, ignoran a los más calificados, los que tienen la capacidad para dar mayores resultados, y se inclinan por las personas con los puntajes bajos, los apadrinados por el gobernador, los que tienen amigos en los partidos. La selección de los menos aptos, de personas que deben favores, tiene un costo que tarde o temprano los bajacalifornianos terminarán pagando.
Así, frente a un Poder Legislativo que no provoca respeto, la mala fama continúa alimentándose de la serie de solicitudes de amparo, suspensiones provisionales, suspensiones definitivas, juicios políticos y denuncias que han promovido los concursantes o las organizaciones sociales, incluso los diputados de oposición que se han sentido afectados en sus derechos.
Los legisladores han sido acusados de falta de transparencia, errores de procedimiento, no dar derecho de audiencia, no notificar en tiempo y forma, no entregar los dictámenes a tiempo a todos los diputados, no respetar la participación de todas las comisiones y de citar a sesiones repentinas para instrumentar “madruguetes”. En resumen, de no respetar el debido proceso.
Desprestigiados, nada parece salirles bien: recientemente ordenaron la reinstalación de un magistrado en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y los ignoraron; finalmente eligieron al primer magistrado Anticorrupción, Omar José Curiel Villaseñor, amigo cercano de dos diputados priistas -el peor calificado por el comité ciudadano- y los impugnaron; mientras un Juzgado federal otorgaba una suspensión provisional relacionada con la recién aprobada convocatoria para elegir al fiscal general del Estado.
Desprovistos de autoridad moral y con una serie de nombramientos pendientes, como el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el fiscal general y el auditor superior del Estado, bien harían los diputados de la XXII Legislatura en apegarse a la Ley, alejarse de interpretaciones, trucos y negociaciones.
Si de verdad quieren concretar alguno de los nombramientos, entonces deben dejar de abrir la puerta a los amparos con acciones ineficientes o irregulares, están obligados a ser transparentes, no abusar del poder, sobre todo a elegir a los mejores hombres y mujeres, los más calificados, los que mayor beneficio garanticen para el pueblo de Baja California. Dejar de jugar con el futuro del Estado, dejar de manipular estas designaciones, dejar de tratar a los futuros funcionarios que administraran la justicia en el ansiado botín político de los panistas y morenistas bajacalifornianos.
