El pasado 28 de mayo un Tribunal Colegiado admitió la queja que interpuso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California contra del Acuerdo que rechazó el recurso de amparo promovido por el organismo empresarial. El cual pretende suspender el Decreto 335, que finca obligaciones por más de 70 mil millones de pesos a las arcas del Estado durante 40 años.
La queja del CCE se promovió el 27 de mayo ante el Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en Mexicali, y podría ser resuelta en dos meses, detalló el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
Explicó que dicho recurso denuncia que el juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, Alexis Manríquez Castro, desconoció el interés legítimo de los quejosos para defender el decreto con el que pueden desviarse 10 mil 134 millones de pesos.
Recordó que en el acuerdo del expediente 440/2019, del 23 de mayo, Manríquez Castro rechazó el juicio de amparo promovido por el CCE al señalar que éste es el medio con el que los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos fundamentales, “empero no erige la vía judicial para que los ciudadanos controlen la dirección de la política presupuestaria al margen de lo que decidan las mayorías legislativas”.
El juez determinó, con base en los artículos 39, 40, y 41 de la Constitución Política, que la soberanía nacional, que reside en el pueblo, se ejerce por medio de los Poderes de la Unión o de los Estados; por lo que corresponde a tales órganos el ejercicio y representación popular en defensa de sus intereses sociales e inconformidades generales, encontrándose así legitimados para ejercer medios de control sobre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.
Es decir, el juez se excusó o negó conocer la demanda de amparo bajo el argumento de que quienes promovieron el juicio de amparo (CCE) son ciudadanos que no pueden defender a la población, y consideró “la existencia de interés simple y no interés legítimo” de los ciudadanos para defender este asunto.
Lo que fue considerado por Solís Farías como “absurdo e ilógico”, pues no se puede creer que aquel que puede desviar fondos es el que va a defender a los cuidados de ese desvío.
