César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua y actualmente prófugo de la justicia, fue expulsado de forma definitiva del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dos años y ocho meses después de que dejara el Gobierno de dicha entidad –el 3 de octubre de 2016–, con múltiples señalamientos corrupción en diversas modalidades
La Comisión de Justicia Partidaria priista resolvió fundado el procedimiento sancionador en contra de Duarte Jáquez, por lo que determinó que no sólo pierde sus derechos como militante, sino que “por ningún motivo” podrá volver a afiliarse a dicho partido.
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El ex mandatario estatal fue expulsado de dicho instituto político a finales del año pasado, pero la decisión fue impugnada por el propio Duarte Jáquez -desde una ubicación desconocida- ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), que reviró la determinación del partido y ordenó que se ampliara el plazo del proceso, a fin de que el ex gobernador pudiera presentar pruebas a su favor.
“Se expulsa como militante del Partido Revolucionario Institucional al ciudadano César Horacio Duarte Jáquez, en términos de lo dispuesto por el considerando décimo primero de la presente resolución”, indica la determinación de dicho organismo partidario dada a conocer este jueves.
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“Los efectos de la expulsión del ciudadano César Horacio Duarte Jáquez consisten en dejar de formar parte del Partido Revolucionario Institucional y, por tanto, sin los derechos partidarios enunciados en los artículos 59 y 60 de los Estatutos de este instituto político, además de que por ningún motivo podrá reafiliarse a este partido”, agrega la Comisión priista.
Según dicho organismo partidario, la resolución deberá notificarse personalmente al denunciante, Armando Barajas Ruiz, al ex gobernador y al Comité Directivo Estatal de Chihuahua, a fin de que proceda la baja de Duarte Jáquez del padrón de militantes.
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Duarte Jáquez tiene actualmente 21 órdenes de aprehensión con fines de extradición –diversas fuentes citadas por medios nacionales y estadounidenses afirman que radica en El Paso, Texas– por su posible relación con desvíos de recursos públicos.
El ex mandatario estatal señalado por el Gobierno actual de Chihuahua, que encabeza Javier Corral Jurado, de encabezar una “red de corrupción política” que se tejió entre la complicidad de ex funcionarios estatales y particulares para el enriquecimiento personal.
La primera solicitud de detención del ex gobernador Duarte data del 28 de marzo de 2017, a la par que la ficha roja emitida por la Organización de Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés), el 31 de marzo de ese mismo año.
El 20 de octubre del año pasado, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con el gobernador Corral Jurado, como parte de su gira de agradecimiento por todo el territorio nacional, y en esta aseguró que se extraditará a Duarte Jáquez.
“El trámite de extradición está en la Secretaria de Relaciones Exteriores [SRE]. Hicimos el compromiso de que una vez que lleguemos a la Presidencia, se va a instruir al Secretario de Relaciones Exteriores [Marcelo Ebrard Casaubón] para que se proceda conforme a la ley”, aseguró el tabasqueño al respecto.
Duarte Jáquez podría encontrarse en Estados Unidos, donde se presume solicitó la ciudadanía, ya que sus hijas nacieron en el vecino país, aunque Corral Jurado presume que su antecesor pudo solicitar asilo por considerarse un perseguido político.
