Existen 25 mil veredictos que no están disponibles para consulta, porque los jueces consideran que no es información de interés público. Un estudio al respecto demuestra que la opacidad se refleja en un bajo nivel de denuncia, que obedece a la poca eficiencia institucional para investigar delitos y administrar justicia
Los estados mexicanos tienen el primer lugar en impunidad de América Latina, y enfrentan una crisis de acceso a la justicia federal. La organización Equis: justicia para las mujeres, presentó en el Senado los resultados del “Informe: (In) Justicia Abierta, Ranking de la Opacidad Judicial en México”.
Baja California ocupa el lugar número 23 en el “ranking de la justicia abierta”.
El informe plantea, ¿Quién juzga a quienes nos juzgan? Y resuelve que la manera más eficaz de saber cómo están trabajando los juzgadores, es a través de sus sentencias. Sin embargo la información no está del todo disponible para su análisis. Por ley, sólo se publican los veredictos que ellos consideran de interés público.
Los resultados evidencian que ninguno de los 32 poderes judiciales federales en los Estados, alcanzó los 50 puntos que se miden a partir de la Transparencia, Rendición de cuentas y Participación Ciudadana.
En ese contexto, el senador Clemente Castañeda Hoeflich junto con otros senadores presentó una iniciativa que modifica el artículo 73 de la Ley General de Transparencia, para que todas las sentencias sean de interés público, y públicas.
La opacidad en el poder judicial provoca que las personas no denuncien. La cifra negra indica que solo uno de cada diez personas denuncia.
Refiere el estudio que de las mujeres mexicanas, 43 de cada 100 son víctimas de algún tipo de violencia pero sólo 8 denuncian, y de esos casos pocos llegan a una sentencia. El bajo nivel de denuncia obedece a distintas razones, como la poca eficiencia institucional para investigar delitos y administrar justicia, pero también a la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración e impartición de justicia, debido a la discriminación que reproducen los sistemas de justicia.
El estudio define que sólo 14 estados cuentan con el número de sentencias, incluyendo Baja California, sin embargo ninguna está publicada de manera abierta. Durango es la única entidad judicial que consideró que todas las sentencias deben ser públicas.
Sobre cómo puede afectar a un mexicano la opacidad, explicaron que la transparencia permite el monitoreo como una condición indispensable para generar confianza y eficiencia en el sistema de justicia.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Art 18) establece que los Poderes Judiciales están “obligados a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”. A pesar de la ley, Baja California junto con los juzgadores de la Ciudad de México y Tabasco, respondieron que “no es su obligación tener esta información”.
6 de cada 10 mexicanos tienen acceso a internet, por lo que éste no es un medio que garantiza el acceso a la información. Y el poder judicial de Baja California respondió que no tiene ningún plan de acción para poder difundir en un futuro las sentencias.
Caso particular es Ensenada. En noviembre del 2018 el Consejo de la Judicatura Federal inició funciones en el Centro de Justicia Penal Federal. La seguridad es estricta en el edificio ubicado en el Ex Ejido Chapultepec. Sobre la posibilidad de asistir a las audiencias, dicen que nadie puede ingresar, ni siquiera conocer físicamente las salas por órdenes de los jueces.
Todo ciudadano que quiera conocer el avance de un caso, únicamente tiene la posibilidad de consultar la agenda de audiencias programadas en la página web del Consejo de la Judicatura.
