“Tumba” defensa video del asesinato, pero “El Parra” seguirá preso

Foto: Cristian Torres "Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP"
 
Edición Impresa lunes, 1 abril, 2019 01:00 PM

Los abogados de Óscar Parra Aispuro, señalado de asesinar a un militar, enfocaron su estrategia en desacreditar la cadena de custodia, errores procesales, inconsistencia de testimonios. Lograron desechar la prueba “más contundente” de la Procuraduría, el video donde se aprecia el momento del crimen

Pese a que la Fiscalía del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso contra Óscar Parra Aispuro, presunto responsable del asesinato del elemento castrense, Emanuel Esau Saldaña Ramos en el puerto de San Felipe, no puede considerarse una victoria completa, porque una de las principales evidencias del caso fue desechada por el juez Héctor Cortés Peña, el cual estableció un plazo de tres meses para culminar la investigación e iniciar el juicio oral.

El hecho se registró el 31 de diciembre del 2017, día en que Saldaña Ramos fue abatido por proyectiles de un arma AK47 que accionó un individuo vestido de negro y con gorra; el asesino ni siquiera tuvo que descender por completo de la unidad en la que se trasladaba, pues sólo abrió la puerta del piloto, sacó el torso, posicionó su arma encima de la cabina de su pick up color blanco modelo reciente, y disparó a sangre fría. Después escapó de la escena del crimen sobre la avenida Mar de Cortés, casi esquina con calle Acapulco, en dicho puerto.

El caso que la Procuraduría de Justicia presumía sólido e inquebrantable, sufrió una grieta en la armadura la tarde del lunes 25 de marzo al término de una maratónica audiencia de 4 días. Y no fue por la abrumadora embestida de testigos –se presentaron 18 de los más de 25 previstos-, o por la sagacidad de sus defensores –quienes extrañamente pidieron reservar sus datos personales durante la audiencia, lo que fue otorgado por el Juez-, sino por lo que el juez consideró un error procesal en la extracción de los videos de grabación.

Esto fue valorado después de escuchar al encargado del bar Rockodile, Misael Gutiérrez Cázares, quien fue ofrecido por la defensa para denunciar que tanto militares como policías ministeriales ingresaron al inmueble sin autorización y extrajeron las imágenes captadas por dos cámaras de vigilancia ubicadas al exterior del antro.

Una de ellas capturó el momento en que –supuestamente- Óscar Parra ultima al militar ante la mirada de dos testigos de nombres Charles William García y Eduardo Ortega Sandoval, ambos integrantes del Ejército Mexicano que ese día relajaron sus actividades profesionales para convivir como amigos en la zona turística del puerto.

Misael aseveró que la madrugada del 31 de diciembre fue informado sobre el ataque e ingreso de militares a su negocio alrededor de las 04:00 horas, por lo que de forma inmediata acudió para explicarse lo ocurrido.

Señaló que se le negó el ingreso a la oficina pues había elementos de seguridad federal y local, quienes le sugirieron retirarse hasta que culminaran las diligencias; pasadas las 08:00 horas acudió nuevamente para firmar la liberación del edificio.

La decisión del juez Cortés fue que la Fiscalía no logró rebatir la declaración del testigo, quien cuestionó si, además de él, alguna persona encargada podría otorgar el permiso de ingreso, a lo que dijo que sólo dos familiares, pero –según narró- que ninguno de ellos se encontraba en el centro nocturno.

Por este argumento, Cortés Peña desestimó una de las pruebas más sólidas del asesinato, por lo que no podrá ser utilizada en ninguna instancia procesal, ya que –según el juez- el proceso de extracción se llevó a cabo de manera ilegal. Por ende, también desechó el dictamen del perito Jorge Alberto Caloca Quiroz, el cual partía de dicha evidencia, en el cual establecía que era imposible determinar características del responsable y del vehículo por la mala calidad del video.

Este fue el único embate de la defensa que enfocó su estrategia en desacreditar la cadena de custodia, los errores procesales, inconsistencia de testimonios y en el llenado de actas por parte de policías municipales y ministeriales, más no la presencia de “El Parra” en el lugar de los hechos.

De los 18 testimonios y varias pruebas documentales, muy pocos fueron relevantes, al grado que la Fiscalía sólo pidió interrogar a 4 testigos ofrecidos por la defensa; dos de ellos incluso fueron liberados por la defensa, ya que abiertamente contradijeron sus dichos, lo que exhibió la falta de coordinación de los representantes de “El Parra”.

Entre los testimonios había 10 agentes de la Policía Ministerial, quienes narraron su trabajo en la escena del crimen, las entrevistas realizadas a los dos testigos principales y del cateo ocurrido el primero de enero del 2018, en la vivienda ubicada sobre la calle 16 de septiembre y Libertadores, en el ejido Plan Nacional Agrario, una comunidad establecida algunos kilómetros antes del puerto de San Felipe.

En la primera parte intentaron desacreditar los tiempos de entrega de documentos y llenado de los mismos, pero las preguntas hicieron  divagar a los testigos y terminaron por no brindar ningún dato de valor.

Otro de los testigos que generó información relevante fue el de nombre Alberto Calderón Aguilera de 34 años, de oficio mecánico y que brindó una versión diferente a la expuesta por la Fiscalía de la tarde del primero de enero.

El acta de cateo realizada por el agente del Ministerio Público, Rafael Orozco Vargas, indica que alrededor de las 22:00 horas se ingresó al inmueble donde se localizó un vehículo tipo pick up GMC Sierra Denali, color blanco, con placas de circulación AP13533 de Baja California, que coincidía con la descripción referida por testigos y obtenida en el video del bar Rockodile. En su interior se localizaron documentos de nacimiento a nombre de Óscar Paúl, hijo de “El Parra”.

Por su parte, el testigo comentó que llevaba a cabo reparaciones  de un vehículo frente a la casa de “El Parra”, cuando alrededor de las 18:00 horas de ese mismo día, un grupo de militares ingresó a la vivienda de forma violenta, derrumbando la puerta con un vehículo tipo Hummer, para posteriormente inspeccionar el domicilio.

No fue hasta 3 o 4 horas después que arribó el equipo de agentes ministeriales a tomar la escena, lo que, a juicio de la defensa, es una evidencia del mal procesamiento del cateo.

Sin embargo, los mismos testimonios ofrecidos por la defensa sobre cómo se llevó a cabo el cateo por parte de agentes de la Policía Ministerial, terminaron beneficiando a la Fiscalía, pues el Juez ponderó la declaración de 5 agentes y auxiliares, sobre la de un testigo.

La audiencia de vinculación a proceso comenzó la mañana del viernes a las 11:00 horas y culminó el lunes a las 16:30 horas. Estuvo plagada de recesos de cinco minutos –que se convertían en media hora- y de regaños por parte del Juez a la defensa, quien cometió atropello tras otro, desde las preguntas sugestivas –prohibidas en los interrogatorios-, por querer ingresar evidencia sin proporcionarla a su contraparte, y hasta porque un miembro del público intentó ayudar con una respuesta a un testigo, lo cual provocó el desalojo del mismo en la sala.

Incluso, uno de los recesos solicitados por la defensa fue para “aclarar las ideas”, en torno a la defensa que llevaba a cabo, lo que fue mal visto por el Juez, quien lo reprendió en varias ocasiones.

Óscar Parra Aispuro, fue detenido en septiembre del 2018 por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante un operativo realizado en el puerto de San Felipe; la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso, pero fue desechado por el Juez federal argumentando una detención ilegal.

Sin embargo, a su liberación fue detenido por policías ministeriales que cumplimentaron la orden de aprehensión por el delito de homicidio, para después.

En el mismo mes de septiembre se le vinculó a proceso, pero tras una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se ordenó reponer las audiencias de formulación de imputación y vinculación.

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