Cinco mil bajacalifornianos salimos a las calles de Tijuana y Mexicali el pasado miércoles 27 de marzo para exigir que las autoridades atendieran y resolvieran peticiones elementales, principalmente en materia de servicios, educación y vivienda. Esta fue una manifestación necesaria, obligada para los que conocen sus derechos y están dispuestos a defenderlos, ante la insensibilidad y sordera a los reclamos populares de quienes despachan en las presidencias de los municipios mencionados y al frente del ejecutivo estatal.
En efecto, el gobierno estatal del licenciado Francisco Arturo Vega (Kiko Vega), de Gustavo Sánchez en Mexicali y el de Juan Manuel Gastélum en Tijuana viven ya sus últimos días. A los tres, desde el arranque de sus administraciones, se les hizo saber cuáles eran los asuntos de más urgente solución y cuáles los más añejos y rezagados en diferentes comunidades rurales y colonias populares. En muchos casos obtuvimos promesas, incluso por escrito, de que se atenderían dada la innegable justificación social de todas y cada una de ellas que, de suyo, vale la pena subrayarlo, son de por sí obligación legal de los mandatarios señalados, que juraron trabajar para el desarrollo de nuestros municipios y de la entidad completa en el caso del licenciado Vega.
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En este 2019, ¿a qué político bajacaliforniano le interesan las colonias que no tienen agua o drenaje?, ¿a cuál de ellos le preocupan la inseguridad, el abandono y la miseria en escuelas que deben ser espacios amables que generen la aspiración a una vida más sana, más digna y justa, al mismo tiempo que brinden condiciones para el buen aprovechamiento académico? A no ser en términos de imagen pública, de apariencias engañosas para manipular a los posibles electores, a ninguno de ellos. Todos están enfrascados en la búsqueda de candidaturas, la construcción de “estructuras electorales”, la colocación de “sus gallos”, en resumen, en tratar de asegurarse hasta el límite de lo posible su colocación en alguna oficina pública para seguir viviendo del erario o conseguir integrarse, en el caso de los advenedizos, a esa casta de funcionarios que no funcionan (al menos para el pueblo) pero que sí cobran.
Gastélum y Sánchez sueñan con la reelección, pero no reparan en las demandas populares. Los secretarios y demás burócratas estatales todo lo miden en términos de votos y no quieren mover un dedo cuando creen que no les va a representar sufragios alguna acción que se les demande, aunque ello signifique faltar a compromisos previos o dejar indefensos a ciudadanos que se merecen el apoyo gubernamental. Nada importa, solo el resultado del próximo 2 de junio.
Con elecciones o sin ellas, ante autoridades panistas, priistas, perredistas o de cualquier signo partidista, el antorchismo siempre ha sostenido la necesidad de que el pueblo se agrupe, se organice y politice, para dar la lucha por la dignificación de sus condiciones de vida. Una de las medidas que urge poner en práctica si se quiere combatir seriamente el modelo neoliberal, el capitalismo salvaje que en las últimas décadas ha hecho más amplio y más profundo el abismo que separa a un grupo de privilegiados cada vez más pequeño de la masa depauperada cada vez más numerosa, consiste en la reorientación del gasto público hacia los más pobres para brindarles un mejor entorno para su pleno desarrollo. Tal es uno de los objetivos de la lucha por la solución a las peticiones de vivienda, drenaje, agua, electrificación, pago a maestros, construcción de aulas, laboratorios, sanitarios e instalaciones deportivas y para la práctica de las artes en escuelas de ejidos y colonias suburbanas.
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Ninguno de los trabajadores, amas de casa, estudiantes, campesinos o maestros que marchamos en Tijuana y Mexicali son holgazanes que están pidiendo prebendas vergonzosas: sólo exigimos que estado y municipios cumplan sus obligaciones, no piden nada indebido ni mucho menos ilegal. Como resultado de esta manifestación nos reunimos con Francisco Paredes director de la Junta de Urbanización de Baja California (JUEBC), el pasado martes 2 de abril, donde se revisaron las demandas más urgentes, sin embargo, la repuesta fue la misma, compromisos firmaos por los funcionarios del estado, compromisos que acordamos se cumplieran en un tiempo determinado, de lo contrario, los antorchistas volveremos a salir a las calles a exigir lo que por derecho nos corresponde; la palabra del estado está empeñada y los antorchistas vamos a darles nuevamente un voto de confianza, confianza que se perderá si estos acuerdos no se cumplen, ellos tienen la última palabra.
Atentamente,
Ignacio Acosta Montes
Coordinador del Movimiento Antorchista en el Noroeste del País y dirigente estatal del MA en Baja California
