A un año y cinco meses del asesinato de Silvestre de la Toba y tras un largo proceso de elección, candidatos a ocupar el puesto lamentan que no exista un consenso en el Congreso del Estado que les permita tener un representante de Derechos Humanos en el BCS
“Ni modo que no, son vacaciones, por algo se empieza, por algo se empieza”, fueron las palabras de Milena Paola Quiroga Romera, representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al llegar a una votación unánime para que los diputados pudieran tomarse unas vacaciones por el periodo de Semana Santa.
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Desde el 20 de noviembre de 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur quedó sin representante tras el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho y su hijo; incidente en el que su esposa e hija resultaran lesionadas.
Sin embargo, en lo que respecta a la votación prioritaria para elegir nuevo presidente de la CEDH, el acuerdo no ha llegado.
El jueves 4 de abril, la CEDH tendría un nuevo representante, pero luego de tres votaciones, los diputados del Congreso no llegaron a un acuerdo y la decisión se pospuso para el martes 9 de abril, fecha en que tampoco se obtuvo resultado alguno.
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Tras una nueva votación, los legisladores siguen sin designar al nuevo titular de la CEDH.
“Hubo mucho tiempo de la sesión anterior a esta que hoy reanudamos, y se llegó a lo mismo. Hay que pasar a otra cosa y pedirle a las partes que se pongan de acuerdo. Viendo que no se generaron las condiciones entre todos en el Congreso, pues vamos a poner otra fecha, para ver si de aquí a entonces hay nuevos consensos”, indicó Homero González Medrano, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso.
Rebeca Buenrostro Gutiérrez aspira a la Presidencia de la CEDH, dijo que cuenta con solvencia moral y profesional para ocupar el puesto, pese a lo que se ha dicho de dos despidos por pérdida de confianza en la CEDH, ganar un laudo de cientos de miles de pesos
De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de los Derechos Humanos “para ser electo, se requiere de la votación a favor de las dos terceras partes de los diputados presentes”, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido por la falta de fildeo y consenso; en la última votación, Elías Camargo obtuvo once votos a favor, y Rebeca Buenrostro obtuvo nueve sufragios.
Diputados de oposición han asegurado que, pese a que los legisladores de Morena tienen un favorito, no han convocado a los demás a ponerse de acuerdo para la elección, pues aseguran es un tema que no les interesa. Y es que se sabe que para el grupo de Milena Quiroga, el “favorito” es Elías Camargo, quien se sumó a la campaña política de Morena el 16 de junio de 2018, en pleno proceso electoral.
Mientras que para el grupo de Ramiro Ruiz Flores, el encargo es para Rebeca Buenrostro, que hasta la última información recabada, ocupaba un encargo en el Gobierno del Estado, específicamente en la Dirección de Recursos Materiales de la Subsecretaría de Administración y Finanzas Estatales.
“Hubiera sido lo ideal, estuvieron fuera en un foro y no le dieron la importancia de vida, así que nos quedamos aquí y seguimos en espera de que podamos sentarnos a analizarlo y llegar a algún acuerdo por el bien de la ciudadanía”, refirió José Luis Perpuli Drew, diputado por el Partido de renovación Sudcaliforniana (PRS).
Pero la división del Congreso quedó demostrada en la falta de decisiones, dejando en claro la falta de oficio político de la diputada María Petra Juárez Maceda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas.
“No nos toman en cuenta, no nos han convocado. Si realmente les interesa, para qué llegar a tanto el candidato de ellos, hay un favorito de ellos y es evidente, pues nos hubieran citado a reuniones y afuera saliendo de aquí el jueves, viernes, sábado o domingo o el día de ayer, y no fuimos convocados a ninguna reunión para hacer un consenso”, lamentó Daniela Viviana Rubio Avilés.
No obstante, haciendo pleno uso de sus facultades como legisladores, tuvieron consenso para la votación de unas “merecidas” vacaciones de Semana Santa, acuerdo tomado en la sesión pública ordinaria del jueves 11 de abril.
AMPARO CONTRA ELECCIÓN DE PRESIDENTE
El amparo promovido por Luis Daria Yarto Chávez ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur -bajo el expediente 363/2019 otorgado el martes 9 de abril y publicado al día siguiente-, niega la suspensión, pero cita a audiencia el próximo lunes 22 de abril.
Y aunque con total desconocimiento, la diputada Milena Quiroga Romero argumenta que la “solicitud de amparo” fue negada y el proceso sigue, lo cierto es que la elección de presidente de la CEDH se paralizó por el amparo.
Expresamente, estas fueron las palabras de la legisladora:
“El licenciado Yarto presentó una solicitud de amparo al juez, pero lo que él quería, era que se suspendiera el trámite de elección de titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero el juez no le concedió la suspensión, por lo tanto, todo continúa. No procedió. Será después de Semana Santa que se reanude la votación, con acuerdos, va a haber cevichito como debe ser, todos relajados para que las cosas sucedan”.
En tanto que el acto reclamado por Yarto Chávez, es precisamente el “PROCESO DE ELECCIÓN EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA XV LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, LLEVADA A CABO EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE”.
El afectado formuló parte de su inconformidad señalando que no se ha brindado la información completa de los candidatos, de los cuales, según el expediente, cinco no son aptos para ocupar el encargo de la presidencia de la CEDH; afirma que el propio Congreso del Estado está siendo omiso.
La síntesis del expediente marca lo siguiente:
“Vista la demanda de amparo; se admite; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 363/2019. Tramítese por duplicado y cuerda separada, el incidente de suspensión por haberse solicitado. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a las autoridades responsables”.
Por lo tanto, la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá esperar, dado que ya existe un amparo ante dicha elección.
Han pasado un año y cinco meses desde entonces y, tras un largo proceso de elección, candidatos a ocupar el puesto lamentan que no haya un consenso en el Congreso del Estado que les permita tener un representante.
“Sinceramente es muy lamentable que no exista un consenso, que no haya acuerdos dentro del Congreso, donde, independientemente de las cuestiones de carácter político, tiene que haber una madurez política y darle a los sudcalifornianos su representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, declaró Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez, una de las candidatas a ocupar ese puesto y una de las dos personas mejores votadas por los diputados.
En su opinión, no se debió cerrar la sesión como se ha hecho por dos ocasiones, pues va en contra de la propia convocatoria.
En 4 ocasiones Diputados y Diputadas de la XV Legislatura han votado para Presidente de la CEDH y no han logrado un acuerdo, además que hay un Amparo contra la elección lo que complica aún más las cosas
“A final de cuentas el hecho de que no se haya nombrado y no se esté nombrando un presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues obviamente genera la posibilidad de un amparo, máxime si cerraron una sesión de elección porque la Ley y la convocatoria refieren que en la misma sesión ordinaria en pleno se hacen las comparecencias, se hace la designación y se toma la protesta”, manifestó Buenrostro Gutiérrez.
Y para que no se pierda la costumbre, aseguró que cabe la posibilidad de interponer un amparo para que se efectúe la designación, los candidatos analizarán el procedimiento a tomar para no afectar más la situación y que los sudcalifornianos puedan tener ombudsperson.
“No queremos afectar más el proceso, un amparo no es una situación que se resuelve en un día, tampoco queremos afectar más los tiempos ni a la gente. Puede extenderse todo lo que los diputados la decisión, la solución está en ellos nada más”, finalizó.
CONFLICTO DE INTERESES
“Representó para nosotros un gran reto la resolución y cumplimiento de tres laudos, derivados de los juicios laborales iniciados en su momento por las ex trabajadoras de esta institución: licenciadas Alicia Núñez Escobar, Rebeca Lizzette Buenrostro Gutiérrez y Gabriela Teresa Carrillo Ulloa, cuyos fallos fueron desfavorables. El primer problema al que nos enfrentamos fue que se trataba de asuntos ya concluidos en los que jurídicamente poco quedaba por hacer, y por otra parte, el hecho de no contar con el recurso económico para dar cumplimiento al pago correspondiente a que se fue condenado en dichos laudos.
“Durante el año 2014, autorizó una parte del dinero, con lo cual se logró suscribir convenios con dos de las ex trabajadoras y finiquitar dichos asuntos, y en cuanto al laudo del juicio laboral promovido por Alicia Núñez Escobar, se logró autorización del recurso para finiquitar este compromiso”, expuso en su Informe de Labores 2014, el entonces presidente de la CEDH, Ramón Meza Verdugo.
El mismo documento contiene la cantidad solventada en los laudos mencionados, “de este presupuesto asignado durante el periodo correspondiente a noviembre del presente año (2014) se nos realizó una ampliación presupuestal por el importe de Un Millón Trescientos Mil Pesos para realizar el pago de dos laudos laborales, los cuales se cubrieron ambos integrado un por 700 mil y el otro por 600 mil pesos”.
Con esa premisa se da cuenta de una situación desfavorable para los ciudadanos: la falta de transparencia en un proceso de elección de presidente de la CEDH y que la propia diputada Maricela Pineda García, quien encabeza la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, no advirtió del posible conflicto de intereses.
Rebeca Lizzette Buenrostro Gutiérrez trabajó en la Comisión como secretaria técnica y ejecutiva en el periodo de Eréndira Real Castro (2001-2003), el Consejo Consultivo la destituyó, motivado por la pérdida de confianza.
Acto similar ocurrió años después, cuando en diciembre de 2005 regresó al encargo Jordán Arzola Falcón, quien ordenó su destitución en febrero de 2006, tras interponer una denuncia por robo y/o extravío de documentación. Entonces, en la CEDH despachaban, como consejera, la ahora diputada Maricela Pineda García, que además cobraba un recurso de 10 mil pesos. Presumiblemente quien se encargaba de dichos pagos es la ahora también aspirante Alicia Núñez Escobar, triángulo que de nuevo se repite.
Fue hasta 2014 que se supo de nuevo de Buenrostro Gutiérrez y Núñez Escobar tras haber ganado un laudo ante la CEDH, donde el entonces presidente de la Comisión afirmó que se perdieron laudos por un millón 300 mil pesos.
En otro acto considerado como conflicto de intereses, se encuentra Elías Manuel Camargo Cárdenas, quien en el juicio de amparo 489/2018, llevado a cabo ante el Juzgado Primero de Distrito, señaló como su apoderado legal o representante jurídico a Roberto Duarte Gómez, asesor parlamentario, en lo cual hay un claro conflicto de intereses, pues además de ser un servidor público, intervino directamente en el dictamen del Decreto 2575 para la selección de presidente de la CEDH.
Elías Manuel Camargo Cárdenas, postulante a la silla presidencial de la CEDH y favorito del grupo parlamentario de MORENA encabezado por Milena Quiroga Romero, además su representante jurídico es Asesor Parlamentario en el Congreso de BCS, un claro conflicto de intereses
Entre los requisitos para titular la CEDH, se subraya que no sean servidores públicos, lo cual ha sido marcado en el amparo indirecto, mencionando que tanto Silvia Zulema Cota Gabilondo y Lizeth Collins Collins, eran servidoras públicas; la primera elegida el 8 de julio de 2016 como coordinadora municipal de Derechos Humanos de La Paz, de entre Elías Manuel Camargo Cárdenas y Rito Osuna Fuerte.
Según la Ley, en su Artículo 17, para ocupar la presidencia de la CEDH, es necesario:
“Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; Tener veinticinco años cumplidos al día de su elección; Residir ininterrumpidamente en el estado por lo menos cinco años antes del día de su elección; Contar con título profesional y acreditar conocimientos teóricos y prácticos suficientes en la defensa y promoción de los derechos humanos; Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público; No desempeñar y ni haber desempeñado cargos de dirección nacional o estatal en algún partido político o haber sido candidato a un cargo de elección popular durante los dos años anteriores a su designación; No haber sido condenado por delito intencional o doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión; No haber sido condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito similar que lesione el concepto de probidad cualquiera que haya sido la pena impuesta; No haber desempeñado cargos en la administración y procuración de justicia o áreas y dependencias de seguridad pública federal, estatal o municipal en los dos años anteriores al día de su designación; No desempeñar cargo o empleo público en ninguno de los ámbitos de gobierno federal, estatal o municipal al momento de su designación; No haber sido inhabilitado para desempeñarse dentro de la administración pública federal, estatal o municipal”.
Queda claro que entre los aspirantes que comparecieron ante el pleno de la XV Legislatura, Rebeca Buenrostro Gutiérrez, Luis Darío Yarto Chávez, Alicia Núñez Escobar, Lizeth Collins Collins, Silvia Zulema Cota Gabilondo y Elías Manuel Camargo Cárdenas, hay un serio conflicto de intereses. Cinco de ellos cuentan con antecedentes que no fueron expuestos por los diputados, aparte, la encargada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción no hizo su labor de referir o dar conocimiento de manera pública al pleno, de que tiene antecedentes con dos de las aspirantes.
CIUDADANOS EXPUESTOS A VIOLACIONES
Para las autoridades ha sido sencillo mantener acéfala la presidencia de la CEDH, que sin urgencia ha permanecido sin una cabeza visible desde el 20 de noviembre de 2017, 15 meses sin un encargado, y quien se hace llamar -Bautista Moyrón- ha sido “tumbado” por la justicia federal, pero se ha sujetado a la silla con fuerza.
Tal es la violación de los Derechos Humanos, que ZETA ha sido violentado, esto después de realizar la solicitud de transparencia a través de Infomex Baja California Sur, la Plataforma Nacional de Transparencia mediante la solicitud con folio 000111319, en la que se solicita información administrativa correspondiente al ejercicio en que ha estado acéfala la presidencia de la CEDH; así como gastos personales, viáticos, gasolina, adeudos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el estado de las cuentas, vehículos, entre otros datos.
En respuesta, Óscar Francisco Higuera Contreras, coordinador de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la CEDH contestó únicamente “quejas por tortura que se han impuesto en esta Comisión de Derechos Humanos del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018”, información de entrada no solicitada y negando lo realmente requerido, por lo que se ha emitido una queja a la institución.
Dada la importancia de los hechos, se ha solicitado a la Secretaría General de Gobierno, por conducto de su representante Álvaro de la Peña Angulo, por qué sigue sin cabeza la institución.
En respuesta, informó que actualmente se encuentra en una esfera en la que el Legislativo debe atender y lograr una elección convincente.
“Nosotros, respetando siempre el otro poder, que es Legislativo, deseamos que la Comisión pronto tenga presidente estatal, pues estamos deseando que esto se dé pronto, en lo de los amparos, pues no depende de nosotros, son temas totalmente jurídicos, ahí le tocará al Poder Judicial determinar lo conducente, pero lo que sí nos gustaría mucho ya, es tener un presidente estatal, que esto no quiere decir que no estemos trabajando con ellos”, declaró el funcionario a ZETA.
Precisamente sobre el estado de indefensión que existe al no haber encargado en la CEDH, sobre las quejas, señaló que ninguna autoridad puede hacer uso de las insignias para violentar sus derechos, por ello serán vigilantes de que los ciudadanos estén protegidos.
“Toda queja o denuncia que hay en contra de cualquier elemento de cualquier corporación de los tres niveles de gobierno, se tiene que interponer la denuncia o en este caso la queja ante la instancia correspondiente, en todo momento se va a actuar y se ha actuado cuando es así necesario, no hay para nadie, ni es un privilegio, y no vamos a solapar a ningún elemento que esté afectando a la ciudadanía”, puntualizó.
En referencia a la información no solicitada por ZETA y que fue abierta por la CEDH, se informa que los abusos de poder, principalmente la tortura, sigue vigente hasta 2018; de 2014 a esa fecha, hubo registro de 43 incidentes de tortura cometidos por agentes de seguridad pública: 37 cometidos por agentes de la Policía Ministerial de Baja California Sur, tres fueron abusados por la Policía Estatal Preventiva y tres más de la Policía Municipal, lo que pone en claro que la tortura -pese a ser una técnica de antaño y violatoria a los derechos humanos y causa para incurrir en caso penal-, sigue estando en las prácticas de agentes de seguridad.
Pero actualmente no hay quien proteja a los sudcalifornianos, y la situación parece agravarse por el desinterés del Congreso del Estado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
