Juzticia
Cuando Ernesto Zedillo asumió la Presidencia de la República, emitió un posicionamiento en cuanto a la relación con su partido el Revolucionario Institucional en el sentido de que mantendría una “Sana Distancia”, ya con anterioridad el Licenciado Salvador Rosas Magallón se cansó de llamar al PRI y al gobierno el “prigobierno” por el amasiato en que vivían y, con desilusión a la entrada de Ernesto Ruffo Appel tuvo que señalar que en Baja California ya existía el “pangobierno”.
Los partidos políticos tienen una función constitucional e incluso un presupuesto asignado para tal fin que es promover y llevar a los mejores hombres a los puestos de gobierno a fin de garantizar una administración pública democrática, es decir, un gobierno en beneficio del pueblo, entendiéndose en términos generales que debe ser un gobierno en beneficio de los ciudadanos y habitantes del país.
Los partidos políticos deben jugar un papel trascendente en la política del país que implica conocimiento de la problemática nacional, proyectos de su atención y solución y propuesta de hombres capaces, probos y eficientes para el cumplimiento de los proyectos.
Por el contrario, los partidos no deben ser comparsas o cómplices de malos gobiernos y menos agencias de colocación en perjuicio del servicio público y de la ciudadanía en general.
La situación de amasiato entre los gobiernos y los partidos que los llevaron al poder literalmente es una enfermedad que está matando a la administración pública porque materialmente los nombramientos del gobierno van infectados de amiguismo o compadrazgo cuando menos.
Para los chambistas políticos a que me estoy refiriendo no existe el interés de la ciudadanía, el deber del funcionario ni el espíritu de servicio, lo que existe es el interés de tener una “chamba”, una nómina en donde puedan cobrar para sus “gastos” y un punto de apoyo para tener servicios médicos, e incluso ya encarrerados (por qué no) méritos económicos para la jubilación.
El panorama electoral, al menos en Baja California, se vislumbra como una mezcolanza de todos con todos en cualquier parte, ideologías encontradas y fusionadas o inexistentes, intereses patronales con sindicatos, ideas progresistas con conservadores, pocos ideólogos y muchos chambistas e incondicionales.
La respuesta a esa mezcolanza contradictoria se intuye, partidistas por méritos en campaña incrustados en la nómina gubernamental dan como resultado un empleado de gobierno desobediente, desarrollando actividades partidistas ajenas a sus obligaciones como empleado público, lo cual hasta constituye un fraude en virtud de que aparentando ser empleado de gobierno cobra como tal pero desarrolla actividades que no corresponden a lo contratado.
En base a lo anterior materialmente el ejercicio de gobierno no es para beneficio de toda la ciudadanía sino para los partidos del gobierno, y ahondando más, tal vez solo para ciertos grupos.
En esas condiciones y en base a la ambición de poder en todo sentido, los partido-gobierno se convierten en pulpos pretendiendo tener el control de todo, incrustando sus tentáculos en los órganos de justicia, procuraduría y poder judicial, claramente con el objeto de lograr impunidad a sus actos ilegales y en perjuicio de la ciudadanía.
Lo anterior es la realidad y la misma es ilegal pero se practica con hipocresía y cinismo, muchos lo sabemos y ellos lo saben, entonces el camino a seguir es que se quiten las máscaras y que se defina que el estado de derecho es una ficción, que la realidad de la estructura jurídica del Estado es para favorecer y proteger a grupos de poder, que el interés general es mentira, que los derechos humanos o las garantías constitucionales se van a proteger selectivamente, que los ciudadanos comunes no le busquemos más, que cada quien se valga por sí mismo y que se cuide de caer o estar en situaciones de peligro porque él y nadie más será el responsable.
El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana, B.C.
Correo: lic_g_davila@hotmail.com
