Tan solo en lo que automóviles se refiere, la alcaldesa cabeña destinó más de 100 mdp para la renta de 172 unidades por 30 meses, entre ellas están cinco camionetas Chevrolet Suburban V8 LS TELA, una camioneta 8 cilindros GMC Sierra, así como la camioneta blindada GMC Yukon
En un intento desesperado por llevar una gestión con lujos, lejos de la “Austeridad Republicana” que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, Jesús Armida Castro Guzmán ha echado mano de recursos públicos para gastos excesivos en Los Cabos.
De acuerdo a la Licitación Pública Nacional LA 803008998 E01 2019 en el portal COMPRANET de la Secretaría de la Función Pública relativa a la “Contratación del servicio de arrendamiento puro de unidades vehiculares” por el periodo de 30 meses en el Ejercicio Presupuestal 2019 – 2021, fue descubierta una operación que pretende arrendar un total de 172 unidades automotores.
Entre las unidades destaca la Partida 7, tratándose de un SUV 7 de 8 cilindros blindada, consistente en una camioneta GMC Yukon Blindada Nivel III.
Que según expertos consultados por ZETA “un blindaje de este calibre es el indicado para quienes quieren prevenir delitos como asaltos o secuestros exprés, perpetrados por delincuentes, no delincuencia organizada con armas de bajo calibre. El blindaje resiste impactos de proyectiles calibre .22 hasta la Beretta, la Magnum 44 y otras, incluyendo sub-ametralladoras como la UZI calibre 9 mm”, expresó.
La solicitud del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, y en particular de Armida Castro ha sido catalogada de “excesos”, debido a que es excesiva la medida de solicitar una camioneta blindada en una ciudad “segura” como lo ha pregonado.
El discurso de austeridad ha quedado en el olvido, mientras el Presidente de México se transporta en vuelos comerciales, en un automóvil Jetta, camioneta en las que se le ve con la ventana abajo saludando a ciudadanos, en Los Cabos la alcaldesa busca un transporte blindado.
Incluso en el municipio de La Paz, el propio alcalde Rubén Muñoz Álvarez ha sido visto conduciendo su propio automóvil a diversos eventos, rara vez con chofer; contrario a lo que se ve en la Presidente de Los Cabos con un nutrido equipo de seguridad.
La solicitud de Armida Guzmán es de 172 unidades automotores, resaltan 5 camionetas Chevrolet Suburban V8 LS TELA; una camioneta 8 cilindros GMC Sierra; así como la camioneta blindada GMC Yukon.
Las unidades de Armida, así lo ha condicionado, deberán contar con características especiales; como seguro con la compañía aseguradora de elección del prestador de servicios, administración y monitoreo con GPS que reporte cada 30 segundos su posición en movimiento o cada 100 metros, centro de atención telefónica (call center), además de que debe contar con la interfaz obd-ii con habilitación de corte de corriente, bloqueo de motor, vista de calle, conexión GSM, entre muchas otras. Las unidades serán nuevos, modelos 2019 o superior, el plazo para la prestación del servicio será del 1 de abril del 2019 al 28 de septiembre del 2021, ni un día más.
Al cierre de esta edición serían dos empresas las que se disputan la Licitación Pública Nacional, las empresas son CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.; y LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
Los presupuestos oscilan entre los 117 millones, 815 mil 400 pesos y 128 millones, 462 mil, 329 pesos y 80 centavos, respectivamente.
A la par de dicha licitación pública, salió a relucir a través de las redes sociales que el esposo de la Alcaldesa de Los Cabos, el ex maestro de informática del Plantel 02 de San José del Cabo del Colegio de Bachilleres (COBACH) de Baja California Sur, David Dimas Domínguez, y que no se encuentra laborando debido a un laudo laboral, recién adquirió una lujosa camioneta Dodge Ram, color rojo y cuatro puertas modelo 2019, cuyo valor en el mercado es de más de los 674 mil pesos y podría superar el millón de pesos.
En respuesta al escándalo que han provocado los excesos, la edil cabeña dejó entrever que “su esposo no colabora en el Ayuntamiento, y ha sido el único apoyo con que ha contado”.
El complot
El 26 de marzo, el Cabildo del XIII Ayuntamiento de Los Cabos y su presidente Jesús Armida Castro Guzmán determinaron otorgar el nombramiento como Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) Los Cabos, al Licenciado en Comercio Internacional, Daniel Hernando Ayala Beltrán, en sustitución del Doctor en Derecho Ambiental, Ramón Antonio Ojeda Mestre.
“Daniel Ayala Beltrán, entregó un proyecto al cual enriquecimos desde la comisión, del trabajo de una servidora y la necesidad de los ciudadanos que están en la mesa de la Junta de Gobierno, se vale opinar, se vale construir y proponer con conocimiento, pero sobre todo darle solución a la población”, dio a conocer Jesús Armida Castro Guzmán al tomar protesta al nuevo director.
Pero esto se veía venir, pues según el propio personal del Ayuntamiento de Los Cabos, del OOMSAPAS y Administración y Finanzas, no había acuerdos suficientes, mucho menos una actitud manejable en Ojeda Mestre para lograr operaciones con recursos multimillonarios que se mueven en el Organismo Operador.
Un ejemplo son los más de mil millones de pesos dispuestos por el Gobierno Federal para la construcción de una planta desaladora para el municipio, y que había la presunción de la disposición de recursos de los operadores políticos de Jesús Armida, el Alcalde de Los Cabos, Antonio Agúndez Montaño y su hermano el ex gobernador Narciso Agúndez.
“Yo creo que vienen apetitos cráticos, apetitos burocráticos, apetitos lucroteísticos, es decir, apetitos crematísticos, solamente así puede entender que haya habido ensañamientos de toda una serie de personas dentro y fuera del organismo que han ido evidenciándose”, denunció Ramón Antonio Ojeda Mestre.
Desde el 12 de marzo, la alcaldesa Castro Guzmán presentó ante la Junta de Gobierno la renuncia firmada en el mes de septiembre de 2018 del Director General del Organismo, dicha sesión a la que el propio servidor público intentó ingresar, pero le fue impedido por agentes de la Policía Municipal Cabeña que la misma edil mandó colocar para detener a todo el que quisiera entrar.
Acto seguido que obligó a Ojeda Mestre a interponer la demanda de Amparo 298/2019 en contra de la Alcaldesa y la Junta Directiva del Organismo; como acto reclamado la Destitución o Remoción del encargo.
Dice el afectado que fue víctima de abusos por la alcaldesa, sólo por contravenir sus intereses.
“Para nombrar al Director del Organismo de Agua Potable, la atribución que tiene la Junta de Gobierno, es el pronunciarse a favor o en contra, la Junta de Gobierno del Organismo descentralizado, no una sola persona que sea integrante de la junta, sino el colegiado. En mi caso ellos sacaron una disque renuncian antigua que tenía una renuncia a un cargo en el ayuntamiento, y la quisieron hacer válida para la renuncia del organismo y, quien hizo esa maniobra, fue la propia presidenta municipal”, expuso el afectado.
El abuso fue claro y así su figura, denigrando su labor y sin mediar una sola palabra tomó la determinación, arbitraria por cierto.
“Dijo ella, yo doy por buena la renuncia y nombro a un encargado de despacho, ella no tiene atribuciones para nombrar a un encargado de despacho, Quien tiene atribuciones de acuerdo con el artículo 31 fracción XIII de la Ley de Aguas del Estado Baja California Sur es proponer al Cabildo para su aprobación, el nombramiento y remoción del Director General del organismo. Yo fungía como secretario de la Junta de Gobierno, como Director General y por tanto, debía haber sido convocado y a mí no me permitieron el acceso; por lo tanto, es ilegal el acuerdo tomado, fue impedido por la fuerza pública”, agregó Ramón Antonio.
El problema podría escalar, pues al violentar el debido proceso, ejerció el uso indebido de funciones, muchas otras violaciones que son sancionables para todo servidor público. Abusó de su poder, sin siquiera tenerlo, el proceso fue violatorio y quedó claro cuando mintió al publicar en un comunicado oficial que dicha “renuncia” había sido de “común acuerdo” con la parte involucrada.
“Cometió el grave error jurídico y administrativo de designar a un encargado de despacho, eso equivale a un ejercicio de funciones que no tiene, a una actuación ilegal, porque, la Ley de Aguas no la faculta para nombrar un Director del organismo, no siquiera provisional, ni sustituto, ni encargado de despacho, ella no puede interpretar la Ley, no tiene facultades”, señaló.
El capricho de la alcaldesa, no sólo transgrede los intereses de un afectado, el poner a alguien a su conveniencia, obedecer a sus operadores políticos y hasta colocar a una pieza clave de fácil acción financiera, deja en total indefensión a los ciudadanos, en riesgo de que el servicio se vea vulnerado.
“También deja afectados a todos aquellos inversionistas, proveedores y comerciantes o prestadores de servicios, que realizaron actos o hechos jurídicos de vinculación económica, comercial o administrativa, ¿con el organismo, por qué, porque son anulables todos los hechos y actos que haya realizado el usurpador, el espurio encargado del despacho designado por la abusiva de la autoridad, que resultó la presidenta de la junta de gobierno y presidenta municipal, Jesús Armida Castro Guzmán”, apuntó.
Pese a que el Doctor en Derecho Ambiental no reconoció su renuncia, y que además, interpuso un Amparo Indirecto para que “las cosas se hagan bien”, la Alcaldesa brincó todo procedimiento y designó Daniel Hernando, pese a los cuestionamientos, Guzmán Castro sostuvo.
“Él ya no es parte de la Junta de Gobierno, desde el 12 de marzo se le aceptó su renuncia, y dejó de formar parte”, finalizó.
El perfil del director
“Ante esta Junta de Gobierno del Sistema Operador Municipal del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, la suscrita en mi carácter de Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, respetuosamente me dirijo ante ustedes con la finalidad de presentarles para su análisis, revisión, discusión y en su caso aprobación la propuesta del director general del Oomsapas, en atención a lo dispuesto en la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur”, ese fue el anuncio que hiciera Armida Castro Guzmán el 22 de marzo.
Un desconocido para los ciudadanos, fue presentado como propuesta para ocupar la Dirección General, desconocido porque su currículum fue colocado en un sitio en donde casi nadie pudiera encontrarlo.
Al analizar la propuesta enviada al mismo H. Cabildo de Los Cabos, algunos de los Regidores y Regidoras estuvieron en desacuerdo pues, de entrada, el perfil entregado no cubría lo necesario.
“Ellos alzaron la voz en el momento procesal oportuno, para decir no validamos este hecho de que nos traigan ex post-facto un nombramiento amañado de un individuo que no reúne los requisitos que marca el Artículo 36 de la Ley de Agua del estado de Baja California Sur”.
Cita la mencionada Ley:
“El Director General del Organismo Operador deberá ser ciudadano mexicano con experiencia técnica y administrativa profesional comprobada en materia de aguas”.
Fue criticado por la supuesta falta de capacitación en ocupar el puesto de la Dirección General, sin embargo, tapando bocas a cada uno que criticó al anterior Director, es que ahora la Alcaldesa de Los Cabos nombró a quien verdaderamente no tiene ni la capacitación, y mucho menos el perfil.
“Si analizan su currículo, verán que el individuo no cuenta con esa experiencia técnica o administrativa profesional comprobada en materia de aguas. El nombramiento de su servidor reunía esos requisitos, hice proyectos de agua, realicé acciones de agua, participé en leyes del agua, en foros del agua, innumerable participaciones en acciones del agua en el Estado y en Los Cabos”, reviró Ramón Ojeda Mestre.
De acuerdo al currículo del nuevo Director General “espurio”, el originario de Ahome, Sinaloa con 39 años de edad, es Licenciado en Comercio Internacional y cuenta con las siguientes especialidades:
Asociaciones estratégicas o “joint venture”, que refiere a acuerdos comerciales de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas.
Fusiones y adquisiciones.
Capitalizaciones.
Refinanciamiento de pasivos.
Préstamos estructurados para gobiernos municipales, estatales y organismos no gubernamentales.
Bursatilización,
Banca de inversión.
En pocas palabras, Armida Castro Guzmán colocó a una pieza fundamental en manejo financiero para tener un manejo estratégico a modo de los vastos recursos que llega a acceder el Organismo, al día de hoy siguen las inconsistencias y los reclamos al respecto, pues la arbitrariedad con que ha actuado ha dejado al descubierto sus verdaderos intereses.
Los descalabros
Renuncias voluntarias u obligadas es como se ha caracterizado la administración de la Morenista, Armida Castro Guzmán, exactamente a 6 meses de haber iniciado su gestión, los problemas no han cesado, una serie de renuncias o bajas en su equipo de colaboradores han puesto en duda si quizá hizo buenas decisiones al seleccionarlos.
A mediados del mes de febrero, la situación empezó a tornarse densa, el primero de los descalabros fue la repentina salida del ex Director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) de Los Cabos, el también ex director de la Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas, Héctor Montaño Cota.
Esto ocurrió luego de que se difundiera una supuesta autorización del servidor público de extraer “10 dompes de área de playa de El Tule, con destino para la Unidad Deportiva Leonardo Gastélum”, el caso fue turnado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por tratarse de un tema federal y de impacto ambiental.
En un comunicado oficial, Armida Castro Guzmán informó “que recibió la renuncia voluntaria por motivos personales de quien fungiera como coordinador de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Los Cabos Héctor Montaño Cota”, refiere el XIII Ayuntamiento de Los Cabos, además de dar el nombramiento como encargado a Miguel Dolores Flores Valenzuela.
Sin embargo, la situación de nuevo se tornó crítica para la administración Morenista, bastó un mes para que otro descalabro se diera, por razones inciertas la determinación de Castro Guzmán fue criticada tras la solicita la renuncia del Director del OOMSAPAS Los Cabos, Ramón Antonio Ojeda Mestre.
A mitad del mes de marzo, fue determinante y arbitraria su decisión, pidió su cabeza tras la negativa de “operar” en el Organismo, a su vez colocó a un experto en “financiamiento de capital” y “préstamos estructurados para gobiernos”.
Apenas en trayecto el Amparo de Ojeda Mestre por su destitución o remoción arbitraria e ilegal, y ahora fue la Justicia la que obligó a cambiar de planes a la administración municipal.
Al mediodía del miércoles 27 de marzo, fue detenido Elmo Quintero Medel, director de Participación Ciudadana del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, esto tras verse involucrado en una riña.
Tras verificar su identidad, los oficiales de la Policía Municipal corroboraron que se trataba de Elmo Quintero miembro de los “Ciudadanos Haciendo Historia” como presume la alcaldesa de Los Cabos, iniciaron las averiguaciones, sin embargo, al solicitar mayores informes comprobaron el hecho.
Al Director de Participación Ciudadana de Los Cabos le reclamó un padre de familia por acosar sexualmente a su hija, a la cual “le ofreció una beca de estudiante, trabajo o dinero a cambio de favores sexuales”, al verse acorralado por los fuertes reclamos, el servidor público se abalanzó a los golpes, es por ello que la Municipal lo retuvo en los separos.
Se sabe que miembros del municipio cabeño intentaron evitar que familiares interpongan la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Además, cuando el Ministerio Público acudió a los separos para detener al agresor, fue protegido por municipales.
Pero ahí no termina, en otro caso el Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Manuel de Jesús Higuera Montoya presuntamente figura dentro de una queja en su contra con folio de queja o petición 001/2016 la cual detalla:
“Se emite el informe concluyente respecto de la queja o petición formulada por la Arq. Ana María Salazar Castro, en el sentido de e este caso, se ha demostrado la existencia de actos atribuidos por el C. Lic. Manuel de Jesús Higuera Montoya, a través de los cuales, ha causado hostigamiento y acoso sexual, pues en el caso existe una relación de subordinación de la víctima”.
Los hechos fueron denunciados cuando Higuera Montoya se desempeñaba en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITES) de Los Cabos, instituto del cual fue despedido tras haber hecho tal señalamiento.