El pasado fin de semana se expuso en redes sociales el caso de la menor Giselle Meza Mendoza que a finales del 2018 perdió la vida en las instalaciones de la Cruz Roja Tijuana, por causas que aún no son claras para su familia por lo que solicitan tener acceso al expediente médico.
La joven Jessica Isela Mendoza, madre de Giselle o “Gigi”, fue quien compartió su historia en una publicación de Facebook, en la cual también señala la negligencia administrativa que sufrió por parte de tres mujeres, Laura Ayala, Beatriz y Xochitl, identificadas como trabajadoras sociales de la institución.
De acuerdo al relato, el 28 de octubre de 2018 la familia ingresó a la menor procedente de un hospital particular que ya no podían costear con recursos propios y donde la estaban tratando de un padecimiento respiratorio.
En entrevista con Semanario ZETA, la joven madre comentó que en ningún momento le practicaron algún tipo de estudio socioeconómico para determinar si podía pagar las cuotas que Cruz Roja le pedía por los servicios, y por su parte desconocía que ésta no era un hospital gubernamental pero aún así procuro cumplir con las cuotas que le solicitaban.
En la primera semana de hospitalización de su hija, señaló que las trabajadoras sociales le
“llamaron” la atención por una colecta digital que amistades estaban realizando para ayudarla con los gastos derivados de la atención médica, que estimó en más de 20 mil pesos diarios en medicamentos, análisis clínicos y la misma hospitalización.
Explicó que la niña fue sometida a distintos análisis clínicos para descartar que tuviera cualquier tipo de enfermedad, hasta que le dijeron que padecía una inmunodeficiencia de nacimiento pese a que en el tamizaje que se le había realizado al nacer salió en buenas condiciones.
Tras el fallecimiento de la menor, la madrugada del 8 de noviembre, la familia quiso acceder a su expediente clínico pero la misma trabajadora social les notificó que para esto debían cubrir una cuenta pendiente de 183 mil pesos.
Ante la exposición del caso en redes sociales, la Cruz Roja Tijuana emitió un comunicado el pasado jueves 18 de abril, en el que aclara la situación respecto a la supuesta negligencia administrativa de la que fue víctima la familia de la bebé “Gigi”.
“Primeramente queremos extender nuestras condolencias a los padres y familiares de la menor Giselle Meza Mendoza, comprendemos el dolor por el que están atravesando, sin embargo, es importante atender las necesidades de información que han surgido alrededor de esta lamentable pérdida”, se lee en el documento.
Posterior se detalla la atención médica que se le brindó a la menor, incluyendo la mención del gasto que se generó en los 14 días que permaneció internada en el área de Cuidados Intensivos Pediátricos que fue de un total de 218 mil 764 pesos, la institución aseguró que de dicha cifra Cruz Roja absorbió el 73% y solo el resto fue cubierto por la familia.
“Es importante reiterar que los médicos en turno y la coordinadora de pediatría brindaban información de la paciente a familiares de manera continua, sin embargo, el expediente clínico al ser un documento médico legal, y que tiene como finalidad la protección a la integridad y seguridad del paciente, solo podrá ser entregado a terceros por solicitud de las autoridades correspondientes: autoridad judicial, órganos de procuración de justicia y autoridades sanitarias”, declararon al respecto del tema del expediente.
Sin embargo, en todo el documento no se mencionó nada al respecto de las trabajadoras sociales, que son señaladas como las responsables de cometer negligencia administrativa contra la familia de la niña.
