La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha vuelto un hecho común el intervenir llamadas telefónicas e incluso solicitar ubicación en tiempo real por un prolongado tiempo a personas que buscan –aparentemente- por algún hecho delictivo.
Una solicitud de transparencia con folio 243719, respondida por la propia dependencia estatal, indicó que requirieron de la intervención de llamadas telefónicas un total de 95 veces durante el 2018, mientras que en 2019 ha solicitado ya en 19 ocasiones este tipo de actos en busca de obtener información.
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No conforme con ello, la Fiscalía Estatal tiene facultades para solicitar a cualquier empresa telefónica la ubicación en tiempo real de un equipo móvil durante un tiempo prolongado e indefinido. La Red de Defensas de Derechos Digitales (R3D) ha documentado casos en los que se ha vigilado un equipo hasta por cuatro meses, según indicó en su último informe.
En todo el 2018, la dependencia llevó a cabo dos solicitudes para la localización satelital de individuos buscados por autoridades ministeriales, con lo que pudieron seguir su rastro durante tiempo indefinido. En 2019 no se ha llevado a cabo este acto.
El documento firmado por el coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) David Lozano Blancas, señala que todas estas acciones son solicitadas a un juez especializado en intervención de comunicaciones.
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A ver si este tipo de herramientas no son usadas con fines político electorales, de cara a los próximos comicios, tal y como ha sido utilizada a lo largo de la historia.
Movimientos
Tal parece que Andrés Manuel López Obrador no sólo vino a Baja California de visita amistosa, sino para reparar el desastre que se ha generado dentro del partido con las encuestas para selección de candidatos que han sido puestas en duda.
Es por ello que algunos aspirantes y quejumbrosos del partido oficial, acudieron al evento del Presidente en San Luis Río Colorado, Sonora, pero se acomodaron entre el público para no ser reconocidos o identificados con lo que podría interpretarse como acto anticipado de campaña.
Foto: Cristian Torres/Marina del Pilar Ávila
Entre ellos se encuentra Marina del Pilar Ávila, quien fue invitada a subir al presídium en el evento -que pareció más bien un mitin de la gobernadora Claudia Pavlovich por el descarado acarreo que realizó-, pero lo rechazó para evitar una denuncia electoral. Sin embargo, se dice que tenía la intención de charlar con AMLO para definir algunos temas de campaña, pues en Morena BC no pueden ponerse de acuerdo y los candidatos de Mexicali están quedándose solos.
Sindicato
Como si los conflictos sindicales no fueran suficientes, en próximos meses se estaría presentando una nueva solicitud para conformar un nuevo gremio de burócratas en Baja California, el cual vendría a desligarse del actual dirigido por Lázaro Mosqueda.
Luego del desastroso proceso de selección que sufrió el Sindicato de Burócratas, que resolvió retirando la toma de nota de Genaro Díaz, y otorgándosela a Mosqueda –con afinidades al partido Morena- se busca crear un contrapeso en toda la entidad.
La agrupación ya tendría un total de 63 miembros, pero pretende arrancar a todo burócrata que sea posible.
Aún no se sabe quién será el dirigente de dicho organismo gremial, lo que sí es seguro es que está siendo diseñado e impulsado, nada menos que por la diputada Victoria Bentley Duarte, la cual resultó expulsada del actual sindicato hegemónico.
Habrá que ver cómo subsisten y conviven las dos organizaciones en un solo gobierno.
Refilón
El edificio del Centro de Justicia de Río Nuevo en Mexicali, se encuentra en pésimas condiciones. Denuncias de empleados refieren que los baños no sirven, se caen los plafones, las conexiones eléctricas fallan, las refrigeraciones no pueden ser reguladas por daños en las mismas, e incluso en dos ocasiones han tenido que suspender las audiencias porque el sistema de video se descompone.
Además señalaron que el Poder Judicial tuvo que retirar el agua de garrafón para consumo del público debido a que se les acabó el presupuesto para ese tipo de “lujos”.
Cabe señalar que este es el primer edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en Baja California, el cual fue construido durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán.
