Durante el primer trimestre del año se registraron 8 mil 493 homicidios dolosos, 9.76% más que lo registrado en el mismo periodo, pero de 2018, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Presidente de México, Andrés López Obrador, estima que en seis meses, cuando opere la Guardia Nacional y se apliquen otros programas disminuirá la violencia. Impune la matanza de 14 personas en una fiesta en Minatitlán, Veracruz, entre ellas un bebé. También asesinaron en días recientes al muralista Héctor Domínguez, a un alcalde michoacano y al comandante policial de Miguel Alemán, Sonora
Mientras la estrategia de seguridad parece sustentarse en el combate al huachicoleo, donde autoridades federales presumen una disminución del 50 por ciento de robo de hidrocarburo, el país tuvo en el primer trimestre de 2019 el más violento desde que lleva la cuenta de los homicidios dolosos.
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Reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen que durante los meses de enero a marzo recientes, ocurrieron 8 mil 493 asesinatos, un 9.76% más que lo manifestado por las fiscalías estatales y secretarías de seguridad en el mismo periodo de 2018, cuando se dio cuenta de poco más de 6 mil 500 crímenes.
Tan solo en marzo se tuvo un registro de 2 mil 410 denuncias por homicidio doloso, 77 diarias y tres por hora, en promedio.
Por su parte, en su análisis, la organización Semáforo Delictivo refiere que la mayoría de los crímenes ocurridos derivan de la guerra entre grupos dedicados al narcotráfico y al narcomenudeo, como ya lo había hecho notar meses antes. Los estados donde se incrementaron los homicidios, son Nuevo León, Ciudad de México, Tabasco Quintana Roo y Jalisco.
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La difusión de estos datos fue acompañada de un escenario sumamente violento del periodo vacacional de Semana Santa, cuando se supo de levantones, ejecuciones, matanzas y fosas clandestinas con cadáveres encontrados en diversos estados del país. Las víctimas, hombres, mujeres y niños, activistas de derechos humanos, políticos y policías.
Foto: Tomada de Internet
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pareciera no inmutarse ante la grave inseguridad, y en su discurso, sereno y minimizador de la situación, el lunes 22 de abril aseguró que a más tardar en seis meses, cuando ya estén los programas sociales y la Guardia Nacional funcionando a toda su capacidad, habrá una reducción de las cifras delictivas y de la violencia.
Ante la insistencia de los medios de comunicación en preguntar sobre el clima de hostilidad criminal en todo el país, el martes 23, declaró que los conservadores son los únicos que exigen paz en el país: “Entiendo la desesperación de los conservadores, que no les gusta, les molesta mucho lo que hacemos, les preocupa, porque ya no pueden saquear, no pueden robar… Señor Presidente, ¿piensa que la exigencia de paz es exclusiva de los conservadores? Básicamente, o sea, sobre todo promovida, auspiciada, o sea, es cosa de ver las columnas, vean, agarren los periódicos y vean un análisis de contenido”.
Según López Obrador, la matanza de Minatitlán, Veracruz, en la que hombres, mujeres y un niño de un año de edad perdieron la vida, es utilizada por sus adversarios para acometer en su contra por no haberse manifestarse de forma rápida a la tragedia, y aseguró, no van a dictarle cómo debe llevar su agenda.
LAS REACCIONES
José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, advirtió que la Guardia Nacional no resolverá las desapariciones ni otras expresiones violentas en el país, por lo que México debe pedir ayuda y cooperación internacional para combatir la impunidad y buscar a más de 40 mil personas desaparecidas.
Martí Batres, presidente del Senado de la República, afirmó que si bien el problema es grande y ha venido en incremento en los últimos doce años, el combate a la violencia no es exclusivo del Gobierno Federal, “cada quien debe hacer su parte, el Gobierno de la República tiene una responsabilidad fundamental, los gobiernos de los estados tienen responsabilidad, los órganos legislativos también; nosotros tenemos una parte de tareas ahí, aunque no nos toque la parte operativa directa, pero sí nos toca la tarea de generar instrumentos actualizados, eficaces, normativos, en los que se tiene que apoyar la lucha contra la inseguridad y contra la delincuencia”.
Batres recuerda que el Poder Legislativo ha aprobado cuatro reformas fundamentales en materia de seguridad, como la de Extinción de Dominio, la de Delitos de Prisión Preventiva Oficiosas, la creación de la Guardia Nacional y la de los delitos por los que puede ser juzgado el Ejecutivo federal. Quedan pendientes la Estrategia Nacional de Seguridad y las Leyes Secundarias de la Guardia Nacional.
Otros legisladores de los partidos del Trabajo, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, sostienen que las políticas sociales y de seguridad del Gobierno Federal no requieren de un plazo específico de seis meses para dar resultados, como plantea AMLO, sino de una verdadera estrategia. La diputada panista Adriana Dávila advirtió que establecer de nuevo la Secretaría de Seguridad y luego quitarle atribuciones en la Guardia Nacional, hacen sospechar que las autoridades no tienen un plan definido para combatir el crimen en el país.
Foto: Tomada de Internet
Sobre este último tema, organizaciones civiles estiman que la creación de la Guardia Nacional aumentará el riesgo de que se recurra a la tortura y a violaciones de derechos humanos. Un diagnóstico elaborado por estas agrupaciones revela que de 204 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tortura y desaparición forzada, en el 68% se identifica a las Fuerzas Armadas como responsables. El informe será presentado ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.
MATANZA EN MINATITLÁN
Aún persiste la conmoción nacional por la ejecución extrajudicial que sufrieron 14 personas, entre ellas un niño de un año de edad, durante las últimas horas del viernes 19 de abril, cuando un comando armado irrumpió en una fiesta que se realizaba en la palapa “La Potra” en el municipio de Minatitlán, en la región sur del estado de Veracruz. Hubo además tres lesionados.
Según datos de las autoridades locales, en el lugar se festejaba el cumpleaños de una mujer, cuando llegaron los criminales con intenciones de privar de la libertad a Julio César Vázquez López “La Becky”, uno de los asistentes, reconocido como propietario de por lo menos dos bares. Al encontrar oposición a su plan, los sicarios accionaron sus armas de fuego en contra de los asistentes.
Durante los primeros minutos del sábado 20, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, emitió un mensaje a través de redes sociales, asegurando que no habrá impunidad tras el ataque en Minatitlán y activando un operativo con la participación de fuerzas federales y estatales para dar con los responsables. Pese al despliegue policial, no hubo detenciones.
Dos de los automotores utilizados por los asesinos fueron abandonados e incendiados muy cerca del puente Coatzacoalcos 2. Para pronto, el alcalde Nicolás Reyes Álvarez solicitó que de ser posible el municipio sea blindado por la Guardia Nacional, al mismo tiempo que lamentó la tragedia que enlutó a su ciudad y exigió a nombre de los minatitlenses el esclarecimiento de los asesinatos.
Luego de una serie de velorios envueltos entre temores, familiares de las víctimas les dieron sepultura el domingo 21, en el panteón municipal de la colonia Hidalgo. Ese día, el Presidente López Obrador emitió sus condolencias por el suceso: “Duele mucho enterarse y tener noticias como estos asesinatos viles de Minatitlán, todo este fruto podrido que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista, que lo único que les preocupaba era saquear, robar”.
Al visitar el puerto de Veracruz, el tabasqueño resaltó el apoyo que las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Policía Federal, otorgarán a través de la Guardia Nacional para resolver el grave problema de inseguridad y violencia que enfrenta el país. Todavía el lunes 22 de abril, el mandatario insistió en que la masacre fue producto de política del pasado.
De las investigaciones del caso, el fiscal Jorge Winckler, reveló que la agresión de Minatitlán posiblemente derivó de una venganza por venta de drogas entre las organizaciones criminales Los Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación.
Hasta el cierre de esta edición se había asegurado una casa en la calle Venustiano Carranza con dos vehículos con reporte de robo y diversas armas de fuego. De los asesinos, se sabe que al parecer eran seis individuos.
MURALISTA, ALCALDE Y POLICÍA
Mientras que en Semana Santa hubo múltiples asesinatos en diversos estados, como en Sinaloa, donde mataron a 46 personas en diferentes hechos, y en Tabasco gatilleros victimaron a dos mujeres cuyos hijos menores resultaron heridos, el sábado 20 de abril, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, sujetos armados irrumpieron en el domicilio del muralista y activista social Héctor Armando Domínguez Rodríguez, a quien asesinaron junto con su padre y su hermano.
Tanto el joven muralista de 27 años como sus familiares, recibieron varios impactos de bala, quedando en la escena del crimen decenas de casquillos de armas calibre 40 y dos cargadores vacíos. De acuerdo con informes de la Fiscalía estatal, la agresión pudo haber sido dirigida hacia el artista, en tanto su hermano Julio Emmanuel y su padre Aureliano Domínguez, fueron eliminados al intentar defender al primero.
Vía redes sociales, el alcalde de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas, informó que el Mando Único se encarga de realizar las investigaciones para ubicar a los responsables de los homicidios, la Fiscalía de San Luis Potosí descartó que un comando armado haya ingresado a la casa de los Domínguez. En el caso del pintor, apenas el 30 de septiembre último, sufrió un ataque a tiros, del que resultó ileso, cuando salía del Colegio de Bachilleres de Ciudad Valle, donde era profesor de Artes.
En las inmediaciones del municipio de Coeneo, Michoacán, durante las primeras horas del martes 23 fue localizado muerto el alcalde de Nahuatzen, David Eduardo Otlica Avilés, privado de la libertad por sujetos armados unas horas antes. Tenía las manos y piernas atadas, estaba amordazado y presentaba huellas de tortura. El día previo, Otlica acudió a una reunión con comuneros de Sevina.
Un día después del hecho, la Fiscalía General de Michoacán informó que, según la necropsia practicada por médicos forenses, la causa de muerte fue una hemorragia derivada de una herida en la cabeza producida por objeto cortocontundente (machete). Además fue torturado. El perredista de Nahuatzen, es el tercer presidente municipal asesinado en lo que va del sexenio.
El martes 23 de abril, otro crimen se sumó a la ola sangrienta. En Miguel Alemán, municipio de Hermosillo, Sonora, un grupo armado asesinó al comandante de la Policía municipal responsable de la comisaría del poblado. Circulaba a bordo de un vehículo particular cuando fue atacado por un comando que le disparó con armas largas. Tres menores de edad que iban en el automotor resultaron heridos y fueron trasladados a una clínica de esa localidad.
